El miércoles pasado, la Asamblea General designó al exdiputado del Partido Independiente y director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Daniel Radío, como tercera persona en ocupar el cargo de comisionado parlamentario para el sistema carcelario, aunque aún no asumió.
Entrevistado este martes por La mañana de la diaria, Radío defendió la figura y dijo que a partir de su trabajo se conocieron “con mucha precisión cosas que seguramente no todos los legisladores sabían”. Además, subrayó que “ha tenido una actitud propositiva” y que “muchas de las propuestas contenidas en el Libro blanco de reforma penitenciaria”, que se presentó en diciembre de 2024, estaban “presentes en los informes anuales”.
El diputado y líder de Identidad Soberana, Gustavo Salle, no acompañó la designación y planteó que el cargo es innecesario porque los legisladores se pueden “levantar a las 8.00 e ir a las cárceles”. Radío respondió que “no están inhibidos de ir y hacer”, pero señaló que la importancia del rol radica en la “magnitud” del tema y porque las cárceles, “en lugar de formar parte del circuito de la seguridad, forman parte del circuito de la inseguridad”.
Por otro lado, antes de la sesión, dijo que el “énfasis más fuerte” en su discurso frente a la comisión especial del Parlamento encargada del proceso de selección estuvo en que el comisionado “no es el gran reformador”, sino “los sentidos del Parlamento” y la “interfaz de contacto” entre este y el sistema carcelario para “hacer recomendaciones” y “constituirse en una mesa de diálogo interinstitucional”.
Sobre su plan para el cargo, lo primero que señaló es que espera ser un “digno sucesor” de sus predecesores –Juan Miguel Petit y Álvaro Garcé– y que no tiene “pretensiones refundacionales”.
Una idea es “fortalecer la institucionalidad”. Subrayó que “va a ser muy importante la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación” hacia “una nueva institucionalidad, con una nueva ley orgánica, con un nuevo organigrama, con mayor capacitación, con más personal técnico y con más personal gerencial, con una nueva orientación del trabajo y con posibilidades de orientar el presupuesto y de definirlo de otra manera”, ya que “siempre está pensado en lo básico para la privación y no en lo programático”.
A su vez, enfatizará “mejorar la educación” y el “acceso al trabajo”, ya que solo un 40% de las personas privadas de libertad acceden a un trabajo. A su vez, este último punto tendrá “dos pilares básicos” representados por el hecho de que “ganen plata por trabajar” y que sea formal, por lo que cuente a la hora de jubilarse y permita “construir ciudadanía”.
Radío indicó que las cárceles son “criminógenas” y las personas “no salen de la cárcel rehabilitadas”, siendo que el pilar de la rehabilitación del sistema “es el gran objetivo de todo el aparato del Estado: la inclusión”. Las calificó como “parte del problema” y dijo que, al momento del ingreso, hay “dos de cada diez que tienen muy escasas chances de reincidir en el delito”, pero que una vez insertos en el sistema la cárcel “brinda oportunidades” y “consolida identidades delictivas”.
La política de construcción de cárceles implica “correr el problema de atrás”
Para Radío, “está muy bien” reclasificar a las personas privadas de libertad en función de “muchas cosas”: “La procedencia geográfica, por ejemplo. En función de las edades, en función de la necesidad de protección, en función de la naturaleza del delito, en función de ser primario o reincidente”, listó.
Por otro lado, opinó que la política de construcción de cárceles es “absolutamente insuficiente” porque implica “correr el problema de atrás”, ya que “siempre vamos a estar construyendo cárceles si no hacemos más que institucionalizar el problema”. Así, llamó a “revisar cosas, a lo mejor contrario a lo que indica el termómetro de la opinión pública”.
Señaló que “el paradigma correccional está en cuestión” y circulan opiniones respecto a que no es posible rehabilitar. “Entonces no necesito institutos de rehabilitación, necesito depósitos de personas para privarlas de libertad. Soluciones provisorias de invisibilidad” y eso “no resuelve los problemas”, cuestionó.
Adicciones en la cárcel
Sobre las adicciones, Radío dijo que “el consumo de sustancias es mucho mayor dentro de las cárceles que fuera”. Citó una encuesta que realizó la Intendencia de Canelones en 2025 a personas sin hogar en el departamento y afirmó que el 70% “antes de estar en situación de calle no consumía” y era “una consecuencia de la exclusión social y no la causa”.
En su informe anual de 2024, Petit propuso un “modelo mixto” para ir hacia “una comunidad terapéutica intramuros”. “Puede ser”, respondió Radío ante la consulta sobre si continuará la iniciativa, pero advirtió que “una comunidad terapéutica en realidad tiene un alcance muy limitado”, y llamó a pensar en “todas las posibilidades de tratamiento de tipo ambulatorio”.
Además, hay un proyecto de ley del Partido Colorado que propone crear un programa piloto de justicia terapéutica como alternativa a la prisión en delitos leves. Radío celebró la iniciativa por ser “la excepción” a ideas de “aumentar las penas”: “Estoy muy a favor con algún matiz, y el matiz es: cuidado con lo simbólico. Cuidado con que identifiquemos lo delictivo con el uso de sustancias, que no es lo mismo, y hay otro problema adicional; en vez de ir preso voy a ir a un tratamiento, pero ¿por qué tienen que coincidir los tiempos?”, preguntó.
