El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) trasladó el jueves a 796 mujeres privadas de libertad en la Unidad 5, ubicada en Colón, a una nueva sede en Punta de Rieles. Ana Juanche, directora del instituto, destacó que la nueva sede fue creada con perspectiva de género y diversidad, y que eso es “histórico” porque ningún edificio del sistema penitenciario “ha sido construido con esa mirada”.
En una entrevista con la diaria, Juanche habló de las medidas urgentes que ha implementado el INR para reducir el hacinamiento y el plan para trabajar con varones primarios con penas leves. También se refirió a los desafíos de un sistema penitenciario colapsado y la necesidad de cambiar la política criminal y de invertir persiguiendo el objetivo de la rehabilitación. “Para poder solucionar el fenómeno estructural que tiene el sistema, tenés que, por un lado, achicar la boca de entrada y, por otro lado, acelerar la boca de salida. Es un tema de gestión, porque vamos adaptando y mejorando, pero también hay que verlo en términos presupuestales: ¿cuánto puede el Estado soportar un sistema hipertrofiado de esta magnitud?”, se preguntó.
Definiste el traslado de la totalidad de mujeres de la cárcel ubicada en Colón a una nueva sede en Punta de Rieles como un hito. ¿Por qué?
Por varias razones. La dimensión más sustantiva es que por primera vez las mujeres tienen un edificio que ha sido pensado para alojar a mujeres. Desde que pudimos empezar a intervenir, introdujimos, tanto para las cuestiones estructurales como para la funcionalidad del edificio, la perspectiva de género y diversidad. Es algo histórico porque ningún edificio ha sido construido con esa mirada. Uno podría decir: “¿Qué hay para festejar en construir una cárcel?”. Pero hay razones para celebrar que es un edificio adecuado, en condiciones de habitabilidad sumamente dignas, que involucra algo sustancial desde la perspectiva de derechos humanos y de la gestión moderna de la pena, que es el concepto de áreas programáticas. Las personas tienen que tener un lugar donde dormir bien, que esté climatizado, que tenga iluminación, donde puedan bañarse dignamente, pero también tienen que tener espacios dignos para desarrollar el resto de las dimensiones de la vida: estudiar, trabajar, hacer deporte, tener actividades de ocio, poder acceder a la libertad de culto y también recibir programas de tratamiento para el uso problemático de drogas, para el pensamiento prosocial, para la prevención de la violencia basada en género.
Es histórico porque, por primera vez, las mujeres tienen la oportunidad de acceder al sistema en condiciones de progresividad, cosa que hasta ahora no sucedía, porque desde que entraban hasta que salían estaban en el mismo régimen. Ahora hay un sector especialmente pensado para eso, donde las habitaciones, justamente, tienen la disposición para que ellas puedan circular, porque están en un régimen de semilibertad, próximas a egresar y la vida tiene que ser lo más normalizada posible y lo más semejante a la vida en comunidad.
Además, porque también tiene un sector específico para mujeres trans. El único sector específico que teníamos está en una unidad de varones, que es el complejo carcelario Santiago Vázquez, que es muy innovador y que, cuando uno mira las publicaciones, sobre todo de la región, casi ningún país de América Latina tiene sectores para población trans. En eso la política de ejecución penal en materia de género y diversidad es muy pionera en Uruguay, pero ahora tenemos el sector en una unidad de mujeres.
¿Qué va a pasar con el edificio en Colón?
Ese edificio lo usa el INR en comodato con el Ministerio de Salud Pública, porque es el viejo hospital Musto. Allí todavía está un ala independiente, donde funciona la Unidad 9, con mujeres con hijos. Hay diversos proyectos que se están manejando, pero todavía no se optó por ninguno en concreto.
El año pasado, luego de que cuatro personas fallecieran a causa de un incendio en el módulo 11 del ex Comcar, se anunciaron una serie de medidas de urgencia, que incluyeron la instalación de videovigilancia, la relocalización de personas privadas de libertad y el ingreso de 600 vacantes. ¿Ya culminó ese proceso?
Es un proceso vivo. Por primera vez este año descendimos por debajo de las 5.000 personas en el mega complejo de unidades de Santiago Vázquez, gracias, justamente, a esas distribuciones que estamos haciendo. La distribución de personas es un proceso permanente y debe serlo porque es lo que dicta el sistema progresivo. En cuanto a las reformas de infraestructura que informamos, había un componente de tecnología para la seguridad, que fue recablear todo el complejo para que llegara la señal y poder así instalar cámaras de videovigilancia en todos los espacios colectivos, que es donde legalmente se puede instalar. Además, ya se licitaron las obras para construir las cocinas descentralizadas. También propusimos generar comunidades programáticas en algunas unidades. Hoy tenemos dos grandes comunidades educativas, pero sabemos que hay personas que, por dificultades de convivencia, no pueden circular tan libremente; entonces, si no pueden salir y no pueden llegar, tenemos que llevar las áreas programáticas a los lugares de convivencia, y vamos a construir comunidad educativa dentro de los módulos. También reacondicionamos todos los salones de visita para dignificarlos, junto con el sector de ingreso, que fue en el que ya hemos hecho más modificaciones: mejoramos los baños, la placita pública y estamos trabajando con la intendencia en la readecuación de la circulación del transporte público y en generar zonas techadas.
Actualmente, hay aproximadamente 17.000 personas privadas de libertad y se estima que al finalizar el período se llegue a las 20.000. ¿Cuáles tendrían que ser las medidas para atacar este tema y el del hacinamiento?
El hacinamiento ha cedido en algunos lugares porque en la medida en que reclasificamos mejor, redistribuimos y creamos nuevos sectores, entonces descomprimimos, pero tenemos un problema de hacinamiento estructural y crónico. Si se mira la serie histórica de los últimos cinco años, la variación interanual promedio es de más o menos 1.000 personas cada año. Entonces, no solamente tenemos que paliar las plazas ya faltantes, sino que el Estado tendría que tener la capacidad de construir 1.000 plazas nuevas todos los años. También van creciendo las medidas alternativas, eso es cierto, pero ojalá las medidas alternativas crecieran en detrimento del uso de la cárcel. Eso no sucede, y se conoce en la criminología como el fenómeno del net widening, es decir, la ampliación de la red, porque cada vez hay más personas bajo la órbita del sistema penal. Necesitamos modificaciones de la política criminal. Un tercio de las personas que hoy están privadas de libertad están por penas breves o muy breves. Las penas breves son aquellas cuya duración no va más allá de los dos años, y si no va más allá de los dos años, es porque son por delitos leves. Por ello, tenemos que reflexionar como sociedad sobre cuál es el sentido de encarcelar a estas personas e incluirlas en una red que ya sabemos que tiene efectos criminógenos, porque, aunque trabajamos para clasificar mejor y para llevar más programas, todavía estamos a una distancia importante de poder garantizar oportunidades de rehabilitación a toda la población.
En Uruguay se han quitado prácticamente todos los mecanismos de libertad, ¿hay una solución posible si el sistema político no cambia las leyes?
Las soluciones siempre van a ser paliativas y siempre vamos a estar peleando de atrás. La política de ejecución penal es parte de una política mayor, más abarcadora, más integral, que es la política criminal. Cualquier decisión de política criminal tiene impactos en la política de ejecución penal y en la seguridad pública. Un sistema que encarcela compulsivamente o como herramienta privilegiada no es la ecuación adecuada. Se usa muchísimo la cárcel, y muchas veces mal, porque incluso hay personas que sería mucho mejor que no estuvieran en la cárcel, pero igual lo están. Tendríamos que explorar otras formas, como las medidas alternativas, que se cumplan penas en comunidad; se pueden utilizar mecanismos de incapacitación que no necesariamente sean tan costosos en términos económicos, y también en términos sociales, porque devolvemos a las personas peor.
La primera cárcel de máxima seguridad será en Libertad
El presidente Yamandú Orsi anunció el 2 de marzo la creación de dos cárceles de máxima seguridad. Juanche contó que se está trabajando en el proyecto constructivo de la primera unidad, que va a hacerse a partir de la “ampliación del contrato de participación público-privada del Complejo Libertad”, que se desarrolló en el período pasado. Según dijo, la unidad se hará en el predio de 100 hectáreas que tiene el MI en San José, cerca de donde está el actual Penal de Libertad.
“Los recursos para su construcción son créditos que tiene el Estado, que dispone el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo la unidad de la Contaduría General de la Nación, de participación público-privada, que son para inversión de proyectos de ese tipo”, apuntó Juanche.
También dijo que esta iniciativa, que fue anunciada por el mandatario, no va en detrimento de otras obras que el instituto se había planteado como prioridad, ya que hay unidades que se encuentran en condiciones que un año atrás habían sido catalogadas por Juanche como “inadmisibles”, entre ellas, el celdario 1 del Penal de Libertad, el celdario masculino de la Unidad 20 de Salto, toda la Unidad 16 de Paysandú y toda la unidad de Canelones. “Es una solución complementaria para un fenómeno emergente que tiene el país, que es complejo y que todo indica que llegó virulentamente: el crimen organizado transnacional. Uruguay no tiene establecimientos preparados para alojar a personas de alto riesgo, por eso no digo ‘máxima seguridad’, es otra categoría; así se la identifica internacionalmente en los lineamientos de clasificación de UNODC [Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito]”, explicó.
Has hablado sobre el impacto que puede tener que se restituya la libertad anticipada en el marco de la discusión de la reforma del Código del Proceso Penal, una medida que quedó para ser discutida aparte del tratamiento del proyecto de ley actual. ¿Por qué es importante volver a restituir este instituto?
Los institutos liberatorios, que están disponibles en los mejores sistemas del mundo, deberían también estar en Uruguay. No es solamente un mecanismo de descompresión de los sistemas, es un mecanismo que tiene que ver con los derechos de las personas. En la medida en que la persona muestre voluntad y evidencie que en el proceso tendiente a la reinserción social va dando pasos positivos constatados, se pueda revisar la pena o, por lo menos, que tenga el derecho a que un juez considere si puede salir anticipadamente o no. Hablamos de las dos puntas: para poder solucionar el fenómeno estructural que tiene el sistema, tenés que, por un lado, achicar la boca de entrada y, por otro lado, acelerar la boca de salida. Es un tema de gestión, porque vamos adaptando y mejorando, pero también hay que verlo en términos presupuestales: ¿cuánto puede el Estado soportar un sistema hipertrofiado de esta magnitud? Eso implica construir plazas y proveer de funcionarios públicos para que trabajen y gestionen a las personas en términos de dignidad y bajo los preceptos que no dudo que tiene todo el sistema político uruguayo, que es que las cárceles no están para torturar ni para mortificar, sino que están para cumplir con su fin de rehabilitación.
Para cumplir con su fin de rehabilitación, tenemos que tener infraestructura, programas y personal suficiente y adecuado. Todo eso tiene el límite en las posibilidades presupuestales de un país, que tiene múltiples desafíos y que tiene que repartir sus recursos. Entonces, me parece que una discusión genuina y honesta debe considerar esas cosas. En el sistema político hay consenso sobre que las cárceles que tenemos hoy no son solución, sino que son un problema. Trabajamos un montón para ir mejorando, y no solamente esta administración, porque uno no es refundacional, tenemos que reconocer también lo que hizo la administración anterior, pero necesitamos alinearnos a nivel de política pública de Estado, y para eso el Libro blanco de reforma penitenciaria da muchísimas pistas. En esas pistas a abordar está el nudo de la política criminal. La política criminal implica a quiénes encarcelamos, para qué, durante cuánto tiempo y cómo revisamos esas condiciones periódicamente para, justamente, garantizar los mecanismos liberatorios.
Ana Vigna, asesora en políticas penitenciarias del Ministerio del Interior (MI), informó en una entrevista con Búsqueda que se va a implementar un plan para primarios con penas cortas. ¿Cómo se va a desarrollar?
Hay un porcentaje importante de personas que ingresan por primera vez al sistema penitenciario e ingresan por penas breves. La cárcel tiene un contagio criminógeno muy importante, lo dice toda la evidencia en este sistema y en todos los sistemas del mundo; por eso, lo que buscamos es reducir esos efectos. Con ese fin diseñamos un programa para varones primarios, con penas breves de hasta tres años, que van a ser alojados en una de estas unidades del Complejo Libertad, van a recibir programas de trato y tratamiento con toda la metodología de la gestión de los casos, van a tener planes de intervención individual. Esto nos va a permitir evaluar metodológicamente, en forma rigurosa, qué efecto tienen estas acciones basadas en las mejores experiencias internacionales en el pronóstico de la reincidencia. Veremos con estas personas a las que alejamos del posible contacto criminógeno –pero a las que además les brindamos oportunidades de rehabilitación orientadas a la reinserción social– cómo impacta en su futura reincidencia o no.
¿A cuántas personas va a abarcar?
Se trata de un plan piloto grande, porque son 460 plazas. Las personas primarias en el sistema penitenciario son el 30%, unas 5.500 personas. De esas 5.500 personas, vamos a definir si son de alto riesgo o riesgo moderado. Queremos trabajar con esas personas primarias cuya evaluación de riesgo arroje que tienen un riesgo alto o moderado de volver a reincidir y mostrar que eso va a tener algún resultado.
Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del MI, dijo recientemente en el streaming de El Observador que es necesario invertir en las cárceles porque es la solución para lograr que las personas no vuelvan a delinquir. ¿Opinás lo mismo?
Interpreto que lo que Diego quiere argumentar es sobre la necesidad de invertir en las cárceles porque las cárceles tienen que rehabilitar. No es solamente poner plata para incapacitar o para tener personas en depósitos humanos. Lo que venimos trabajando en el marco del MI es que las cárceles necesitan tener programas basados en evidencia, clasificar mejor a las personas privadas de libertad y generar las condiciones de habitabilidad dignas para que todo ese proceso de rehabilitación pueda ocurrir. En el espanto, en el horror, en la ausencia de oportunidades, durmiendo 14 personas donde tienen que dormir cinco, sin acceso a trabajo, a educación, a programas para el uso problemático de drogas, sin la posibilidad de problematizar el pensamiento, no vamos a obtener cambios. Entonces, para eso necesitamos invertir en las cárceles.
El presupuesto anual del INR sigue siendo de aproximadamente 160 millones de dólares. Un año atrás dijiste en entrevista con la diaria que se necesitaba un presupuesto “sustantivamente mayor” para implementar el plan de gestión para la reforma penitenciaria, que se basa en el Libro blanco. ¿Está siendo posible desarrollar el plan sin estos recursos?
Hay que reconocer que, si bien no es suficiente el incremento presupuestal que recibió el INR en la ley de presupuesto, no es la única fuente presupuestal. Hay otra cantidad de presupuesto que llega al instituto vía la unidad ejecutora 001, que es la Dirección General de Secretaría del MI, que complementa ese presupuesto. La apuesta nuestra fue a la descentralización del INR, porque una vez que el INR se descentralice y tenga autonomía técnica y presupuestal, va a poder reorganizar sus prioridades en torno a esto. No solamente desde la perspectiva técnica y estratégica de lo que es el mandato institucional, sino desde dónde va a poner los recursos para ir tratando de reencauzar esta cantidad de frentes y de desafíos que tenemos para atender.
¿Qué cambios concretos implicará la descentralización?
Tiene muchos cambios concretos. En primer lugar, porque hoy somos una unidad ejecutora de otras tantas, que tiene uno de los incisos más grandes del país. En segundo lugar, es una de las unidades más grandes que tiene el MI, pero que también compite, en el buen sentido, con las otras unidades ejecutoras por un presupuesto acotado. Tendríamos recursos propios y genuinos para una institución que se va a encargar del mandato de especialidad, que es la reinserción de las personas, y que no es de la Policía ese mandato originalmente. Entonces, es comenzar a darle toda una estructura concreta, que se tiene que traducir a mediano plazo en el mejoramiento de la alimentación, de la oferta programática, de la ratio entre personas privadas de libertad y funcionarios, y eso tiene que disputarse genuinamente y no versus más Policía patrullando o más Policía custodiando en el INR. También podemos empezar a reorganizar e incorporar al funcionariado civil, que es lo que la reforma tuvo como norte, que el Libro blanco recomienda, y que todos los sistemas serios y profesionales en el mundo manejan. Son funcionarios civiles, no es la Policía. La Policía está para otras funciones. Podrá complementar la seguridad perimetral de las unidades, la seguridad externa o los traslados, porque tiene el monopolio del uso de la fuerza, pero la gestión de la cotidianeidad tiene que estar a cargo de funcionarios civiles. Hoy la relación es inversa: tenemos dos tercios de funcionarios policiales y un tercio de funcionarios civiles. Progresivamente, hay que ir dando vuelta esa proporción.
En la Rendición de Cuentas se establece la creación de un directorio conformado por una presidencia y dos directores elegidos por el Poder Ejecutivo. La oposición ha dicho que el presidente tendrá “superpoderes” porque será el encargado de designar cargos gerenciales y también al director nacional de Medidas Alternativas. ¿Qué opinás de estas críticas?
Este articulado que ingresó en la Rendición de Cuentas es un resultado de un grupo de trabajo, de un proceso muy profesional y también multiagencial, porque estuvo involucrado el equipo del MI y el INR, pero también la Oficina Nacional del Servicio Civil, la Prosecretaría de la Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas. No es un proyecto improvisado, es un proyecto pensado, articulado y trabajado. ¿Es el proyecto óptimo? No, es un proyecto posible en el concierto presupuestal y en el escenario fiscal nacional. Entonces, optamos por un órgano que estuviera fortalecido, porque por un principio de administración de las instituciones, cuando vos complejizás el órgano de gobernanza, es probable que tenga efectos en las decisiones cotidianas. Optamos por hacer una interpretación de la presidencia como un órgano dentro de un órgano más amplio, que es el directorio, y le conferimos unas determinadas competencias. Pero, por supuesto, esta es una idea que presentamos; sabemos que en el diálogo parlamentario puede sufrir modificaciones, y estamos absolutamente dispuestos a dialogar al respecto, esto no está escrito en piedra. Lo que sí creemos es que la descentralización, si se resuelve, va a ser un cambio sustantivo para el sistema penitenciario y un mojón importantísimo para sentar las bases de una nueva etapa histórica en el sistema.
El caso de Fernández Albín
En cuanto a la situación de Luis Fernando Fernández Albín, que fue condenado a diez años de prisión por delitos de narcotráfico y está privado de libertad bajo una evaluación de alto riesgo, Juanche dijo que se “trata de un régimen extraordinario, sujeto a evaluación periódica, que implica la separación, y está absolutamente fundado en evaluaciones basadas en la evidencia que se hacen desde la perspectiva criminológica, por un lado, y desde la perspectiva de la seguridad pública, por otro lado”.
También explicó que Fernández Albín, que amenazó recientemente a las autoridades del INR de muerte y fue denunciado penalmente, ha presentado “cinco habeas corpus y hasta el día de hoy no ha podido acreditar estar sometido a ninguna vulneración de derechos humanos, porque no lo está. Todas las garantías que tiene que tener, el derecho a la visita, la comunicación con el exterior, el derecho al patio, las tiene aseguradas”.
Juanche precisó que “no es la única persona para la que amerita una situación de esta” y, por tanto, se necesita “tener alojamientos que no sean improvisados y que tengan los requerimientos para que las personas puedan cumplir su pena con los estándares correspondientes, para que el sistema penitenciario pueda gestionar esa privación de libertad de manera garantista, con la tranquilidad de que esa persona no va a vulnerar la seguridad y organizar delitos desde el interior de la prisión y también para que la sociedad sepa que la persona está en las condiciones que tiene que estar”.
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