El exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) Nicolás Cendoya recibió a la diaria para conversar sobre la causa judicial iniciada por la expresidenta del organismo Mercedes Aramendia. Cendoya cuestionó la investigación que realiza el fiscal de Flagrancia de 5º turno Diego Pérez y señaló que no se respetó ni la presunción de inocencia, ni el derecho a un proceso de duración razonable, además de que entiende que fue afectado en su derecho al trabajo, el honor y la libertad. Al negarse a aceptar su responsabilidad por defender su inocencia, Cendoya lleva seis años de proceso, en una causa por abuso de funciones en la que la pena solicitada por la fiscalía es de 22 meses prisión. El exdirector dijo que Uruguay “se debe una discusión seria sobre el tema del lawfare”.
¿Cómo se inició la denuncia en tu contra?
Estábamos en el año 2020, la denuncia no se presentó contra mí, se presentó contra una persona que había sido funcionario de Ursec en comisión y que en un momento fue a buscar sus cosas personales y utilizó la trituradora de papeles, algo que no podía hacer porque ya no era funcionario. La presidenta de entonces, Mercedes Aramendía, hizo una investigación a espaldas mías y realizó la denuncia penal de ese hecho. Lo que hice después, cuando tuvimos el directorio, fue convalidar esa denuncia, que había sido hecha de manera irregular porque no había pasado por el directorio y voté también una investigación administrativa para aclarar qué había pasado.
¿Cuáles son los hechos que denunciaron?
Sobre ese hecho que acabo de mencionar yo no tengo nada que ver, no hablé con la persona que hizo la destrucción de sus papeles, no tuve ningún contacto, no había tampoco nada que me preocupara porque en Ursec, desde 2015, toda la documentación es digital, entonces no había nada original para destruir, podrías destruir una copia que fue lo que pasó. Se había construido una historia truculenta de un ingreso clandestino a Ursec. Está filmado, el hombre llega, se registra con el policía en la puerta, en el cuaderno de visitantes, no hubo nada irregular en su ingreso, yo no estaba en Ursec en ese momento, llegó mucho después, está todo filmado.
¿Por qué destruyó ese documento?
Hasta hoy no está claro porque la investigación de Fiscalía no fue bien llevada, él había cesado un mes y medio antes, hizo algo que está mal. La fiscalía no lo imputa a él, no lo acusa, se instaló la idea de que es una causa por destrucción de documento y no es así. Lo que a mí me imputa el fiscal es haberme reunido, después de que Aramendia hizo la denuncia, con el secretario general, con quien yo me reunía todos los días porque era mi compañero de trabajo directo, y con la persona que efectuó la destrucción de sus documentos. En Uruguay el derecho a reunión está garantizado desde 1830. Me reuní con la persona protagonista de los hechos para ver qué había pasado, para informarme, era lo que mi responsabilidad me obligaba a hacer. Hasta ese momento era una persona que había hecho un uso indebido de una máquina trituradora que es propiedad de Ursec.
¿Cuál fue el documento destruido?
Lo que se pudo identificar fue un código de barras de un certificado de antecedentes judiciales utilizado en un expediente de Ursec, era la impresión del expediente, que lo tenemos todos, referente a la transferencia de un canal de cable de Aiguá, ese trámite no tuvo ningún problema, no tuvo objeciones, fue aprobado por el Poder Ejecutivo.
¿Cuáles son los otros hechos denunciados?
Otra cosa que el fiscal maneja como una cuestión lateral es que después de hacer la denuncia penal, Aramendía convocó a un directorio de urgencia. Eso fue la tarde del miércoles 3 de junio y nosotros respondimos diciendo que había directorio ordinario fijado al otro día, que no tenía sentido hacer un directorio un día antes y además el reglamento exige que se convoque con 48 horas de antelación. Eso, que es hacer cumplir el reglamento, en la opinión del fiscal también es un delito de abuso innominado de funciones. Cuando el fiscal ve que esto no tiene relevancia penal, incorpora otros dos hechos vinculados a dos radios comunitarias, que fueron actuaciones totalmente ajustadas a derecho. Una fue la devolución de unos equipos en Palmitas que habían sido incautados de manera ilegítima por parte de los inspectores de Ursec y los mandamos devolver y el otro está vinculado al funcionamiento con una potencia mayor de la autorizada de una radio comunitaria de Salto. Yo nunca estuve en Palmitas, no conozco a nadie de Palmitas, o sea, nunca hablé con nadie de la radio de Palmitas, era una radio que pasaba cumbia y transmitía los partidos de fútbol de la liga local.
Salto sí conozco porque estuve en Las Termas. Auditaron siete años de gestión y las irregularidades que trajeron a colación son esas dos que no son irregularidades y mucho menos delitos.
¿La devolución de los equipos fue documentada?
Sí, está documentada. En aquel momento los inspectores exigieron una orden escrita, y el presidente (Gabriel) Lombide, dijo que por resolución del directorio se tenía que devolver, yo estuve de acuerdo y también Gustavo Delgado, que era el director por el Partido Nacional.
¿Por qué la otra radio estaba funcionando con una potencia mayor a la permitida?
Esto es en frontera, frente a Concordia, y nosotros ya habíamos tenido conversaciones con Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), que es el organismo par de Argentina, porque teníamos problemas de interferencias en las fronteras por el uso que hacían ellos de frecuencias que estaban coordinadas a favor de Uruguay. No logramos una solución a ese diferendo, era muy difícil porque eran emisiones ilegales en Argentina. Ellos subieron la potencia, que no se puede hacer porque el Poder Ejecutivo te adjudica una potencia determinada. Hay un formulario digital para que vos por un motivo válido si sos titular de una radio comercial o un grupo que es titular de una radio comunitaria, puedan tramitar el aumento de potencia.
El jefe de inspectores me plantea el problema, me dice: “Mirá, esta gente no nos entiende”, entonces le digo “bueno, andá y averiguá si realmente la gente que está ahí son los asignatarios”, que los eran, y “asegurame técnicamente que el aumento de potencia no genera ningún problema a Argentina o a otras emisoras” y ahí terminó la cuestión, yo me olvidé del tema, era algo absolutamente menor. Dos años después aparece una duda sobre ese tema, el fiscal dice que yo di la orden de que no fueran a inspeccionar. Yo no di ninguna orden, ahí lo razonable era llamar a las personas y decirles: “Hagan este trámite” y ayudarlos”, porque es gente a la que le cuesta mucho hacer un trámite en línea.
Uno de los problemas que tuvimos es que el fiscal nunca le da corte a lo que dice la ley, la Ley de Radiodifusión Comunitaria dice que nosotros tenemos que promover la radiodifusión comunitaria, que implica diversidad, pluralismo de visiones, ayuda a organizar a la gente en el territorio. La radio terminó siendo clausurada por orden del fiscal.
¿Pero el fiscal puede dar esa órden?
Por supuesto que no. La democracia muere cuando los órganos empiezan a tomarse competencias que son de otro. Se eliminó una voz en el marco de la libertad de expresión, lo que pasó fue gravísimo, pero todo esto pasa por debajo del radar porque se percute mediáticamente en la historia de que “entró subrepticiamente, a hurtadillas y rompió documentos”, cuando desde el primer día está demostrado que los originales de esos documentos son bits. Es un expediente electrónico que tú podés imprimir. Yo no quiero transmitir la idea de que todos los fiscales son así. Este es un caso particular de alguien que actuó de manera muy ilegítima, muy dañosa, que no tuvo la humildad de decir “me equivoqué” o “entré en la manija de decir, este rompió documentos”.
¿En qué otros aspectos siente que el fiscal no actuó bien?
Me allanan mi casa en democracia, yo estaba lo más tranquilo y entran armados, con una orden judicial ¿a allanarse qué? ¿Por una radio de Palmitas, una de Salto y un tipo que supuestamente entró y rompió un documento? Me allanaron mi casa, se llevaron las cosas del liceo de mis hijas y me allanaron el estudio profesional, que eso es grave porque ahí está la información de otros clientes. Es verdad que ese allanamiento fue hecho con mucha prolijidad a diferencia del de mi casa. Quiero resaltar que esto es una situación particular de un fiscal particular.
Tengo una demanda acusatoria que tiene más de 100 páginas y no se entiende. Seis años después tengo que hacer un esfuerzo para responder la pregunta de por qué estoy siendo perseguido o cuáles son los hechos.
¿El fiscal planteó en algún momento la posibilidad de alcanzar un acuerdo abreviado?
Es que acá el acuerdo se llama sobreseimiento porque soy inocente. Yo no estaba dispuesto en 2020 y sigo sin estar dispuesto hoy a aceptar responsabilidad cuando soy inocente y lo voy a demostrar en el juicio. Me destruyeron la vida durante seis años, ya habrían pasado los 22 meses de condena, los tres años de inhabilitación, pero hay una cosa que la Constitución protege que para mí es fundamental que es el honor de las personas. Yo tengo dos hijas a las que puedo mirar a los ojos porque su papá no es un delincuente. Lo que te llevás a la tumba es tu honor, no te llevás cosas materiales. No se me cruza por la cabeza hacer un acuerdo cuando acá no hay no solo un delito, no hay irregularidad administrativa. Vos podés decir “no estoy de acuerdo”, pero la forma en que en una sociedad civilizada se procesan los desacuerdos no es con la violencia, no es allanándole la casa a la gente.
¿Por qué definieron ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
El 14 de mayo nosotros pedimos a la Corte que ordene al Estado uruguayo clausurar el juicio. Van seis años para aplicar una pena de menos de dos. Ya perdí seis años, ocho años cuando termine esto, que no me los devuelve nadie y estoy convencido de que acá hubo un intento artificial de extender esto. Además, hay una violación de algunas garantías procedimentales. Se violó la garantía de la doble instancia, que está en el artículo 8 de la Convención Americana, la libertad de Trabajo. Acá el Estado ha actuado a través de la Fiscalía, pero también la decisión de la Suprema Corte de Justicia de inhabilitarme sin darme la oportunidad de discutir el fondo de la acusación, es una violación a a la libertad de trabajo, el honor, la libertad... Hay un montón de otros derechos que son tan importantes como el derecho a un proceso de duración razonable.
¿Por qué demoró tanto el proceso?
El fiscal estuvo un año para pedir la formalización. La pidió en un juzgado que no era el que correspondía, la pidió ante Crimen Organizado y para que sea ante Crimen Organizado tiene que ser por un valor de más de 20.000 dólares, y un transmisor vale 12.000 pesos. El Tribunal de Apelaciones nos dio la razón, ahí perdimos casi un año. Después pidió prórroga por un año más, que no había nada más para investigar porque ya está todo investigado, le dieron la prórroga y al final acusó. Ya habían pasado tres años y empezó esta etapa (de control de acusación) que fue interminable y que terminó ahora, que fue un desgaste emocional muy grande, con mucha falta de respeto, elevando el tono de voz de manera inadecuada. El Código dice que a mí se me presume inocente, nunca sentí que el fiscal me presumiera inocente en todo este proceso.
¿Cómo evalúas la reacción de la fuerza política en este caso?
He recibido la solidaridad de los compañeros, que es algo que a mí me emociona muchísimo, expresada de las más diferentes maneras. No tengo nada que decir de la fuerza política. Sí creo que el Frente Amplio se debe una discusión seria sobre el tema del lawfare, de la utilización de los medios masivos hegemónicos de comunicación y el sistema de Justicia para realizar persecuciones políticas. Creo que como sociedad nos debemos esa discusión.