La Justicia imputó a cuatro hombres por explotación sexual de adolescentes que se encontraban bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), tras diversas investigaciones a cargo de las fiscalías de Delitos Sexuales de 4º, 5º y 6º turno y las unidades especializadas en Delitos Especiales y Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.
El operativo incluyó allanamientos y detenciones, que permitieron identificar “situaciones en las que adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, institucionalizadas bajo la órbita del INAU estaban siendo explotadas sexualmente por personas de nacionalidad extranjera”, tres de ellos dominicanos y otro venezolano, informó la Fiscalía en un comunicado.
La primera investigación estuvo a cargo del fiscal de Delitos Sexuales de 4º turno, Maximiliano Sosa, quien logró la imputación de un hombre por delitos de abuso sexual, retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales, contribución a la explotación sexual y un delito de violencia doméstica especialmente agravado por tratarse de una menor de edad.
La segunda investigación fue realizada por la fiscal de Delitos Sexuales de 5º turno, Verónica Bujarín, quien solicitó la formalización de la investigación contra dos hombres por explotación sexual de adolescentes. En uno de los casos, se lo imputó por abuso sexual especial y específicamente agravado en grado de tentativa, delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier forma, delitos de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad, en reiteración real con un delito de corrupción, y reiterados delitos de suministro de estupefacientes a personas menores de edad.
En el otro, se lo imputó por un delito de abuso sexual especial y específicamente agravado, un delito de abuso sexual sin contacto corporal y reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo. Además, se formalizó el proceso en su contra por delitos de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad, en reiteración real con un delito de corrupción y otro de violencia privada agravada.
En tanto, la tercera investigación fue realizada por la fiscal de Delitos Sexuales de 6º turno, María Sigona, y se logró la imputación de un hombre por abuso sexual y por el delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales.
En todos los casos se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva efectiva hasta marzo de 2027, mientras continúa la investigación.
