Con los votos de 21 ediles nacionalistas y la oposición del Frente Amplio (FA) y el Partido Colorado, la Junta Departamental de Maldonado autorizó a la Intendencia Departamental la contratación de nuevos créditos con los que pagar su déficit y costear los gastos de funcionamiento en los próximos años.
La comuna podrá así obtener un fideicomiso por 95 millones de dólares y solicitar un crédito por 30 millones a pagar en un corto plazo, lo que le permita pagar a sus proveedores y a sus funcionarios, cuyo número no ha sido hecho público en los últimos años. El cuerpo también aprobó por 21 votos la extensión de “líneas de crédito vigentes”, iniciativa que generó variadas disputas.
La sesión del legislativo comenzó pasadas las 18.00. La lectura de los informes, en mayoría del Partido Nacional (PN) y en minoría del FA, ocupó unos 45 minutos. Acto seguido comenzó una seguidilla de ponencias y se repitió una constante de los últimos años: el pase de facturas por hechos ocurridos en años pretéritos. Prácticamente los 31 ediles hicieron uso de la palabra en algún momento de la larga sesión, que se prolongó hasta las 3.14 de la madrugada del sábado 27.
Durante un par de horas los ediles expusieron sobre temas varios. Luego se suscitó un debate en el que algunos conceptos se repitieron una y otra vez. Las declaraciones más importantes de la bancada colorada se resumieron en dos frases del edil Luciano Fernández: “la intendencia está fundida” y -dirigiéndose a los nacionalistas- “no me manden más lobistas a ofrecerme [cosas para cambiar el voto] que no me van a convencer”.
Los ediles frentistas, en cambio, pusieron énfasis en un puñado de temas: la IDM “no hizo nada en cinco años”, “no dejó ninguna obra de infraestructura”, sólo construyó “rotondas y colocó florcitas”, no invirtió en “políticas sociales”, hizo “derroche de sus recursos”, contrató “a dedo” a una gran cantidad de personas, “aumentó los cargos de confianza” y “es un gobierno clientelista para los amigos y demás deudos”.
También se acusó al Partido Nacional de montar “un relato” lleno “de mentiras”. Una de esas falsedades, según la bancada opositora, fue “hacer creer” que el déficit comunal de 2015, cuando terminó el gobierno del FA, era de “92 millones de dólares cuando era de 48 millones”.
El FA afirma que el gobierno de Antía sumó a esos 48 millones una suma similar que la IDM debía pagar en el año siguiente por varias obras que estaban en ejecución. El FA también aseguró que la intendencia blanca contrató la “auditoría externa” de una empresa que se formó “exclusivamente” para ese trabajo y luego “se disolvió”. De forma “curiosa”, señalaron, esa auditoría coincidió en que el déficit era de la misma cantidad, “92 millones, ni un peso más ni un peso menos”.
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En su momento el FA arguyó que el cepo cambiario argentino de antes de 2015 le impidió vender terrenos valiosos de su propiedad que había puesto a la venta. Con esos ingresos pensaba financiar viviendas sociales y terminar de pagar el Centro de Convenciones de Punta del Este.
La versión nacionalista
Consultada sobre el tema, la edila nacionalista Stephanie Braga señaló que la versión que dio la comuna es la correcta. “La diferencia está en el criterio con que se registraban unos y otros [déficits y deudas], el tema de los residuos pasivos”, señaló. “Unos no consideran lo que queda pendiente para pagar y otros sí. Hasta el año 2007 la IDM tenía una forma de registrar y luego cambió. Ahora, con la administración del Partido Nacional se volvió a registrar en la forma previa, que era considerar estos residuos pasivos. Si bien son cuentas que se pagan en el ejercicio siguiente se consideran porque son cuentas que se tienen que pagar”, indicó.
Cuando se le dijo que el FA sostiene que Antía “miente” sobre el asunto, Braga lo negó. “Los números muestran lo contrario. Hay una auditoría que también fue considerada [por el FA] incluso con intenciones de desprestigiarla a pesar de que fue tercerizada en este caso, que demostró que el déficit era de 93 millones de dólares”, indicó.
También señaló que “hace cinco años” la administración comunal ya había querido obtener créditos a través de un fideicomiso que la Junta no aprobó y por eso la IDM pagó en los últimos cinco años “22 millones de dólares de intereses” por créditos bancarios que había solicitado para seguir funcionando.
“La realidad es que las deudas bancarias eran 60 millones de dólares y había 30 millones de cosas a pagar. Por eso ese número, cinco años después, prácticamente se mantiene”, indicó.
La sesión fue seguida desde el mismo edificio de la Junta Departamental por el intendente, Enrique Antía, y el prosecretario general de la comuna, Álvaro Villegas, entre otros.