El 10 de febrero de 2021, Marcus Silva estaba en su casa construida en el fondo del terreno amplio de sus suegros, en La Capuera. Marcus y su pareja ya planificaban la jornada laboral del día siguiente.
A las 21.00 ambos se subieron a la moto para ir a la casa de la madre de Marcus, que vive a unas cuadras. Arrancaron, como arrancan siempre y como arranca todo el mundo que va a unas cuadras de su casa, en un barrio de calles sin asfalto y donde las lluvias de febrero habían llenado de agua y barrido el balastro, obligando a todo el mundo a sortear los pozos y el barro.
Para evitar esos charcos fueron hasta una de las dos calles asfaltadas de La Capuera, la avenida El Potrero. Apenas la tomaron, vieron a lo lejos el operativo policial: las motos, las camionetas y los funcionarios. Un retén o piquete policial de control.
Como ambos iban sin casco, decidieron doblar para evitar el piquete. El miedo a que te saquen la moto, único medio de transporte, lleva algunas veces a tomar esas acciones. De todas maneras, la casa de la madre estaba bien cerca, tampoco fue un desvío desde el punto final del destino. Cuando llegaron a la casa de la mamá de Marcus, una de las motos del control se les atravesó y el policía le pegó una patada a la rueda de adelante de la moto, lo que provocó la caída de ambos y del funcionario. Otras dos motos policiales acompañaron la acción.
Marcus se incorporó, pero de inmediato lo derribaron, a cachiporra y llaves. Lo dejaron boca abajo contra el piso, le pusieron la rodilla en la cabeza, lo esposaron y lo detuvieron.
Su compañera gritó para llamar la atención de la mamá de Marcus. La familia entera salió de la casa, contempló aquella situación y recibió algunos golpes como respuesta a los pedidos de suavizar la violencia.
Marcus fue conducido hasta el destacamento policial de La Capuera y desde allí pasó a revisión médica en la policlínica de Piriápolis. Luego volvió al destacamento y, ya entrada la madrugada, lo trasladaron a la Jefatura de Maldonado, donde esperaría el pase a fiscal hasta las 10.00.
En la Fiscalía, y con el nuevo Código del Proceso muy aceitado, la fiscal Dayana Núñez tenía certeza de cómo se habían desarrollado los hechos y el testimonio de Marcus no aportaría ninguna novedad. Alimentada por la versión policial, la fiscal resolvió “una condena como autor penalmente responsable de un delito [de] atentado agravado en concurrencia […] con un delito de lesión agravadas, a la pena de cinco meses de prisión domiciliaria nocturna de 22 a 06 horas y comunitaria de dos horas semanales en la policlínica de La Capuera”.
El pedido inicial había sido de nueve meses de prisión domiciliaria y la intervención del abogado Pablo Cruzado lo redujo a cinco. Hasta aquí, la crónica basada en una carta redactada por Marcus y los comentarios de sus familiares, amigos y vecinos que presenciaron los eventos.
Marcus tiene 20 años. Es un gurí bueno, con cara de bueno y querido por todos, que nunca tuvo problemas con nadie. De los buenos, buenos, dicen sus conocidos. A partir de esta situación, me surgieron algunas reflexiones que desordenadamente intentaré comentar por aquí.
Respecto de las normas
Hace mucho tiempo que la academia discute qué son las normas. ¿Son las que votan los resortes legislativos, las reglas que imponen las autoridades, las reglas escritas? Para una corriente importante las normas no son otra cosa que un parámetro entre la conducta que se quiere regular y la interpretación que un tercero (digamos, un juez) realiza. Es decir, no importa la norma escrita sino lo que un “juez” hace con ellas.
Para otros, las normas son las referencias cotidianas: o sea, aquellas cosas que habitualmente hacemos con o sin consecuencias. Es decir, si uno va un día “normal” a la salida de la escuela de La Capuera, verá a decenas de padres, madres, tíos y hermanos levantando a los niños en moto. Podrá verse motos con tres pasajeros. Podrá verse todo lo que la cotidianidad admite. ¿Hay una norma distinta allí, a plena luz del día y ante los ojos de todos? Los vecinos de La Capuera han pedido fiscalización del tránsito por años, pero claro, La Capuera está lejos de Piriápolis, lejos de su “jurisdicción” municipal y lejos de Maldonado capital. En realidad, está cerca, pero lejos. Entonces, en términos de norma y siempre hablando en general y atropellando particularidades, el casco y el chaleco se ponen si uno va a salir a la ruta.
Respecto de los barrios
Hay que entender que los barrios de la región (La Capuera, Sauce Portezuelo, Ocean Park, Pejerrey, Club del Lago, entre otros) son hijos de la especulación inmobiliaria. No son hijos de emprendimientos industriales que desparramaron familias fabriles, o de contextos socioculturales de antaño. Cada fraccionamiento tiene su “historia” de compraventa, de exoneraciones históricas conseguidas a pura influencia, del Estado renunciando a renta en favor de proyectos siempre inconclusos. De “amigos” que avisan de deudas para la venta, de ocupaciones guionadas y remates.
Es decir, son barrios que se disputan identidad, “zonas en construcción” con infraestructura ineficiente, donde primero se llena de gente y luego vienen los servicios. Y todos sabemos que esa carrera siempre la pierden los servicios.
La Capuera, como decíamos, tiene sólo dos calles asfaltadas. El ómnibus circula por una calle muy angosta, sin veredas. Allí la tensión define todo el trayecto y circular por estas calles es violento de por sí.
Respecto de los operativos
Lo que le pasó a Marcus se suma a una lista de eventos que se vienen registrando en la zona. No hay nadie en contra de la fiscalización ni de los operativos en sí. Lo que se registra es la sensación del atropello como fórmula. Unos modos distintos de operar en los barrios que no se aplican en la ruta, donde no se ven patrulleros tirarse arriba de los autos de alta gama que pasan a 150 kilómetros por hora en una zona donde están habilitados a circular a 60.
La Policía es una institución que venía recuperando el vínculo con la población, según atestiguan distintas mediciones. La Policía es una institución fundamental en el Estado de derecho, es la institución a la que le otorgamos el monopolio de la fuerza, pero nunca esa fuerza puede infligir un daño mayor que el que se intenta evitar.
En La Capuera no es necesario “recuperar” la autoridad, porque no estaba perdida, ni mucho menos hacer un ejercicio “autoritario” de la autoridad, alentado por gobernantes que nunca van a sufrir las consecuencias de esa “manija”. Los policías, soldados del batallón o de la base, son vecinos de La Capuera; ellos y sus familias andan en esas mismas motos y bajo las mismas “normas”.
Esa sensación de pobre contra pobre comienza a alimentarse.
Respecto del “sistema”
En este caso el sistema funcionó como indican los manuales. La Policía actuó como brazo de la Justicia, aportando pruebas y elementos. Un imputado que goza de la posibilidad de evitar procedimientos extensos entra a las 10.00 a Fiscalía y en la tarde ya está en su casa con sentencia clara. Sin incertidumbre judicial.
Pero esto tiene su contracara: un gurí de 20 años, no acostumbrado a lidiar con policías ni mucho menos con fiscalías y juzgados, temeroso, que escucha que el abogado de oficio es una “rifa”, “que tiene 20 casos antes que el tuyo”, “que ya está todo cocinado y que si no aceptás el arreglo que te ofrecen tenés para comerte vaya a saber cuánto tiempo adentro”. Empiezan los rumores, las tarjetitas de abogados, las llamadas, los precios. ¿Cuánto se está dispuesto a pagar para salir de ahí?
En el glosario de la Fiscalía se habla del “acuerdo” como una “decisión estratégica del fiscal y la defensa frente al caso, donde de acuerdo con el tipo de delito y los antecedentes que se tienen, el imputado acepta los hechos y el contenido de la investigación y en consecuencia, el fiscal puede disminuir hasta en una tercera parte la pena que habría solicitado en un juicio oral”.
¿Cuánta de esta solución ya está preconfigurada para alimentar el “éxito” del procedimiento?
En el caso de Marcus, la “solución” preconfigurada lo deja sin chance de ir al trabajo, porque la decisión implica que deba estar en su domicilio en parte del horario que antes empleaba para generar sus ingresos.
¿Qué son los hechos?
Para el observador distante, tenemos al menos dos hechos. Marcus y su novia iban en la moto sin casco, al ver un control policial toman otro camino para ir a la casa de la mamá de Marcus. Esa maniobra es vista por la Policía como una evasión. Un policía los persigue y, sin mediar voz de “alto”, le pega una patada a la rueda de la moto, los hace caer y los detiene frente a la casa de su madre.
La otra versión es que el oficial de policía Wilson Colombo estaba en el operativo de fiscalización en La Capuera, con pasamontañas y casco, divisó una moto que intentaba eludir el control, salió a perseguirla, dio la voz de alto y cuando los alcanzó recibió un golpe de Marcus que lo hizo caer de su moto.
Para la fiscal, los hechos estaban claros. Para los familiares y amigos, la necesidad de que los hechos no sean los que quedaron en el papel es vital. Porque todos saben que Marcus no pudo pegarle a la moto del policía.
¿Qué reclaman los vecinos?
Las distintas organizaciones que desempeñan actividades en la zona refuerzan el pedido de control amigable. Resaltan que de un barrio al que no mandan “ni inspectores para la salida de la escuela” no se puede pasar como presencia del Estado a piquetes con policías con pasamontaña y armas largas.
Los vecinos piden planes de fiscalización con instrucción; piden programas de “regularización” de vehículos, piden calles transitables y veredas en arterias principales. Piden ser tratados “bien”.
El invierno será eterno
Quienes vivimos en Maldonado sabemos que son cientos de miles los jornales que se han perdido. Mucamas, sombrilleros, cuidacoches, niñeras, porteros, acomodadores, mozos, animadores, salones. Cientos de miles de jornales que desaparecieron. Las hormigas Maldonautas, las de acopio en el verano para tirar el invierno, están viendo cómo las reservas (si es que había) se van achicando. Ya no es que este año no se crecerá, tampoco que se mantendrá la cosa. Este año será para abajo, de caída y, dependiendo del punto de partida, el ahogo será más o menos rápido.
En ese contexto, en que la pandemia se encargó del achique, las tensiones crecen. Y crecen de manera desordenada. Y las broncas se mastican pero no se tragan, y sigue siendo pobre contra pobre.
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Martín Costa Bacigalupe es vecino de Maldonado y docente en la Facultad de Derecho