En los primeros días del año, vecinos de Piriápolis, Sauce de Portezuelo, Ocean Park y Balneario Buenos Aires advirtieron un elevado aumento en los tributos municipales, especialmente en la contribución inmobiliaria. Los incrementos van desde 50% a 200% con respecto a 2021 y deben ser abonados antes del 31 de enero para conservar la bonificación de entre 6% y 8%.
En un pedido de informe dirigido al intendente de Maldonado, Enrique Antía, el edil del Frente Amplio (FA) Joaquín Garlo solicitó conocer si la suba se debe a la concreción de un reaforo por parte de la comuna y, en caso de ser así, cuál es la cantidad de padrones y zonas en que están ubicados. “De deberse a otras razones, se detallen cuáles y su justificación”, expresó el edil al final del documento.
En diálogo con la diaria, Garlo señaló que el aumento puede estar vinculado a las nuevas disposiciones que introducen los artículos 58 y 80 del presupuesto quinquenal, que se aprobaron únicamente con los votos del Partido Nacional (PN) en la Junta Departamental de Maldonado.
Según el edil, el FA decidió no votar el artículo 58 porque “vaticinaba” que iba a “generar un aumento sustancial para la población en general”. El artículo plantea que la Dirección de Agrimensura y Catastro de la intendencia tiene la “facultad” de fijar el valor imponible de los inmuebles urbanos y suburbanos y definir diferenciales por zonas o por inmuebles “conforme a las fluctuaciones de los valores del mercado inmobiliario”.
También plantea que el ajuste anual se debe hacer “de acuerdo a la variación del Índice General de Precios al Consumo (IPC)”. Sin embargo, desde el FA plantean que el valor de la contribución inmobiliaria, así como los impuestos por alumbrado público, videovigilancia pública y conservación de pavimento, dispuestos en el artículo 80, suponen un incremento de más de 18% con respecto a los valores de 2021, una cifra que supera la variación anual de IPC que registró el Instituto Nacional de Estadística en diciembre: 7,96%.
“Esto es peligroso desde el punto de vista de la seguridad tributaria. Desde julio advertimos que esto iba a suceder”, dijo Garlo. Luego agregó: “En un momento en el que el departamento se encontraba sumido en una importante crisis social y económica como consecuencia de la emergencia sanitaria, el PN decidió aumentar la carga tributaria y extender el cobro del adicional de (video)vigilancia, una tasa disfrazada e inconstitucional, que en el período pasado dijeron que iba a ser por cinco años y que se extendió nuevamente por cinco años más”.
Fuentes de la Dirección de Hacienda de la intendencia señalaron a la diaria que la Dirección de Agrimensura y Catastro elaboró estudios de valor sobre el mercado inmobiliario en los que se sustenta el aumento impositivo. Por otra parte, indicaron que algunos propietarios de padrones cercanos a la costa pagaban “por debajo de lo que se paga en [el barrio] Maldonado Nuevo”.
Por su parte, Carlos Rodríguez, director de Agrimensura y Catastro, aseguró que su cartera elabora ese tipo de informe “permanentemente”, pero que desconoce las razones que llevaron a la suba de contribución en estas zonas puntualmente. Agregó que como director no está autorizado a aportar más información, ya que se trata de un “tema político”.