Tras 16 horas de debate, este viernes fue aprobado por la Junta Departamental el presupuesto quinquenal para la Intendencia de Maldonado (IDM). El documento de 690 páginas contó con el apoyo de los 21 ediles del Partido Nacional (PN) y el edil del Partido Colorado (PC), Luciano Fernández, mientras que los nueve ediles del Frente Amplio (FA) no lo acompañaron.

La sesión extraordinaria empezó el jueves a las 17.15. El FA y el PC solicitaron que el presupuesto vuelva una semana más a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero el oficialismo no lo aceptó. El PC argumentó en una declaración que su representante no integra dicha comisión; también planteó que si bien tiene diferencias con varios artículos, acompañaría en general el presupuesto.

La línea argumental del PN fue que el presupuesto es “realizable y realista”, e incluye una inversión que supera los 130 millones de dólares en todo el departamento. Resaltó que fue elaborado por técnicos y, debido a la crisis económica y sanitaria, es austero, pero atiende las políticas sociales.

El PN destacó la aprobación del fideicomiso financiero como una forma de saldar el déficit de la IDM. De esta forma, aseguran, habrá soluciones salariales para todo el período de gobierno, lo que mantendrá el poder de compra de los funcionarios municipales, en referencia al convenio celebrado entre la intendencia, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Defendieron medidas como la quita de la tasa de contralor de higiene ambiental y la exoneración de 50% del pago de contribución inmobiliaria y demás tributos a establecimientos destinados a salones de fiestas y eventos o agencias de viajes.

El edil nacionalista por el sector Unión y Cambio Gonzalo Soria dijo que se comprarán tierras para vivienda social en localidades como Los Talas y Las Flores, algo que, según dijo, refuta la noción de que “los blancos no se acuerdan de los pobres”.

Soria declaró también que el presupuesto contiene obras y mejoras para los centros deportivos de San Carlos, Pan de Azúcar, Aiguá y la nueva piscina de entrenamiento prevista para el Campus de Maldonado, junto al centro de alto rendimiento.

Por su parte, el FA reiteró que el presupuesto “nada tiene de austero” y que no contempla las necesidades de los municipios. Los ediles de la oposición argumentaron que el presupuesto quinquenal ignora el papel de los municipios y la intervención ciudadana, entre otras cosas por la eliminación del presupuesto participativo.

Remarcaron que es un proyecto “centralista”, que le otorga mayores facultades al intendente, creando cargos de confianza que, según los ediles, tendrán sueldos de 180.000 pesos.

El coordinador de bancada del FA, Joaquín Garlo, cuestionó el impuesto a las cámaras de videovigilancia que se aplicará hasta el final del quinquenio. “El impuesto a las cámaras que decía el PN que iba a ser temporal, hoy se establece hasta 2025. Más carga tributaria para la población, para compras directas y secretas en esa área”, criticó el representante del Movimiento de Participación Popular.

Respecto del ahorro que prevé hacer la intendencia de cinco o seis millones de dólares anuales, la oposición manifestó que no se va a cumplir. Por otra parte, calificaron a la fundación A Ganar como una “agencia de colocaciones del PN”. En el informe en minoría presentado por el FA estiman que se destinan unos 13 millones de pesos anuales para esta fundación.

La oposición también marcó discrepancias con respecto a la suba de la contribución inmobiliaria a franjas menores y la reducción de inversiones en obras públicas y en fondos concursables pro cultura.

Esta primera instancia general culminó a las siete de la mañana de este viernes y a partir de las ocho comenzó la discusión en particular. El FA acompañó aproximadamente 60% del articulado. La sesión extraordinaria concluyó a las 16.00 de este viernes.