Tras denunciar que la aprobación por parte de la bancada del Partido Nacional del proyecto Marina Beach, que incluye la construcción de 26 residencias y un hotel entre Balneario Buenos Aires y San Vicente, implica más de 15 incumplimientos a las normativas departamentales y nacionales de ordenamiento territorial, el Frente Amplio (FA) anunció que presentaría una acción de amparo en la Justicia y que reuniría 1.000 firmas para impugnar la disposición en el Parlamento, un mecanismo habilitado por el artículo 303 de la Constitución.
Este miércoles el FA comunicó que con la campaña de recolección de firmas, que se aplicó en varias localidades del departamento, reunieron 6.366 rúbricas, que serán presentadas el viernes 16 a las 11.30 en la sala de prensa del anexo del Palacio Legislativo.
“En menos de 15 días se juntaron 6.366 firmas de vecinas y vecinos de Maldonado para impugnar ante la Cámara de Representantes el Decreto 4056 de la Junta Departamental que autorizó a fraccionar y eventualmente urbanizar parte de la playa en el kilómetro 170 de la Ruta 10”, expresó la fuerza política.
Los egresados de la Licenciatura en Diseño de Paisaje del Centro Universitario Regional Este expresaron su preocupación, el martes, a través de un comunicado, por “el proceder de la Intendencia de Maldonado respecto al cuidado de la faja costera” así como por ignorar “a la academia y a vecinos del departamento”, en la aprobación de Marina Beach. Los profesionales se refieren a la sanción del decreto departamental N°4056, con fecha 16 de agosto, que sancionó el “Programa de Actuación Integrada (PAI) Marina Beach”. El decreto fue promulgado por el intendente, Enrique Antia, el 31 de agosto de 2022, por medio de la resolución N° 8435/022.
“El acceso libre a la costa como la percepción del paisaje costero es un derecho de los habitantes y turistas de nuestro país. A su vez, la preservación del cordón de dunas es fundamental para prevenir la erosión continental”, manifestó el licenciado en Diseño de Paisaje y maestrando en Manejo Costero Integrado Leonardo Moreira, en diálogo con la diaria.
“Este accionar se contrapone a varios de los objetivos de desarrollo sostenible, implicando esto el no cumplir con las metas delineadas en la Agenda 2030 y pautadas en los Objetivos de Desarrollo Sustentable respectivos”, agregó.
“Como país cuyo mayor PBI proviene de la actividad turística y que internacionalmente se promociona como Uruguay Natural por su riqueza en biodiversidad y valores paisajísticos, es menester que las acciones que tiendan a intervenir el territorio lo hagan orientadas en favor de alcanzar las metas de sostenibilidad”, sentenció Moreira.
La Red Unión de la Costa, conformada por 45 colectivos, también se opuso a la concreción del proyecto a principios de setiembre. “Denunciamos la muy notoria falta de apego a la Constitución de la República desde la Intendencia de Maldonado y el Ministerio de Ambiente, así como la falta de criterio técnico y desestimación de la opinión de sus propios técnicos, encargados de evaluar la viabilidad y el impacto ambiental del proyecto Marina Beach”, plantearon.
Marina Beach fue presentado en 2010 y, en esa oportunidad, fue rechazado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), que en ese momento dependía del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En 2019, el proyecto volvió a ser presentado ante la administración departamental del intendente, Enrique Antía, pese a contar con informes negativos de “todas las oficinas técnicas”, contó con el visto bueno del ministro de Ambiente, Adrián Peña, y la Intendencia de Maldonado.