El viernes 30 de diciembre de 2022 se llevó a cabo la última sesión de la Junta Departamental de Maldonado, de forma extraordinaria. En la extensa sesión, que culminó en la madrugada del último día del año, se aprobaron al menos 25 expedientes, entre ellos, el 660/2022, con los votos del Partido Nacional (PN). Se trata de una solicitud de la Intendencia de Maldonado para aprobar el plano de un fraccionamiento en Punta Ballena, que implica desafectar del dominio público dos calles para la creación de un barrio privado en Punta Ballena.
Las calles desafectadas son Camino Marítimo y una pequeña calle perpendicular. El proyecto para el barrio privado comprende un terreno que abarca desde la ruta Interbalnearia hasta la costa, por tal motivo, debe ser aprobado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), señaló a la diaria el arquitecto y edil por el Frente Amplio (FA) Jorge Pieri, quien agregó que hay un antecedente de un edificio que se quiso construir en esa zona y la Dinama no lo habilitó.
No obstante, la Intendencia de Maldonado puede desafectar calles de dominio público que no sean concurridas. A su vez, cada vez que un privado adquiere una tierra para fraccionamiento, le debe ceder a la comuna un porcentaje del total de metros cuadrados. En este caso, el privado cumple con ese requisito, indicó Pieri. Sin embargo, la bancada de ediles del FA señaló varios “puntos” irregulares en la aprobación del expediente.
En su intervención, el edil opositor Joaquín Garlo planteó que el decreto N° 3733, de 1999, no permite la construcción de urbanizaciones de este tipo cercanas a la costa. El decreto establece que “todas las obras que se realicen para construir áreas urbanas”, específicamente, urbanizaciones, parques, infraestructuras, edificios, jardines, equipamientos deportivos o cualquier otra construcción, deberán respetar el funcionamiento de los sistemas naturales, especialmente las cuencas y las costas.
La normativa establece que la Intendencia no podrá otorgar permisos de obras en la faja de protección costera que, de acuerdo al Código de Aguas, requieran autorización del gobierno nacional hasta que se agregue dicha solicitud al expediente. En ese sentido, Garlo sostuvo que “no hay permiso agregado” por parte del gobierno.
Por otra parte, Garlo sostuvo que para “toda obra frentista a las costas y las ubicadas entre estas” deben presentarse los antecedentes dominiales que acrediten la salida fiscal de la tierra. El edil advirtió que no se agregó “ningún antecedente dominial que acredite efectivamente la propiedad privada del predio; existe únicamente una certificación notarial”.
Tanto Garlo como Pieri dijeron a la diaria que el decreto 3718 de la ordenanza para la zona Piedras del Chileno dispone que “se deberá prever la continuidad de la trama vial existente y accesos a la franja costera cada 300 metros o menos”. En el plano arquitectónico que se presentó ante el legislativo departamental se incluye una construcción de 360 metros de extensión, en la que “no se respetan los accesos a la costa cada 300 metros o menos”.
Garlo señaló que lo “más grave” es que en la aprobación del expediente se aplicó el decreto 3368, aprobado en 1978 por la Junta de Vecinos, que regulaba los barrios privados, además del decreto 3369, del mismo año, para los fraccionamientos de tierra o construcciones multirresidenciales con destino a ser enajenadas por régimen de propiedad horizontal. “Año 78, Maldonado… unos vanguardistas los miembros de la Junta de Vecinos de la dictadura cívico militar”, ironizó.
En 1994 el exintendente blanco Domingo Burgueño Miguel decretó que se derogaran “todos los artículos del Decreto Nº 3369 que refieran a los countries cerrados” y prohibió su creación. Al respecto, el frenteamplista expresó: “O sea, prohibido los barrios cerrados en zonas urbanas y suburbanas de Maldonado, desde el año 94 hasta la fecha. Y este decreto está vigente, no puede haber barrios cerrados”.
“Es una norma vigente, no podemos aprobar esto. La intendencia no lo puede autorizar y la Junta [Departamental de Maldonado] no lo puede aprobar porque hay un decreto de esta misma Junta”, que lo prohíbe. “Burgueño también, con mucha visión, dijo: 'En zonas urbanas y suburbanas, barrios privados y clubes de campo, no; porque rompen la trama urbana'. Un visionario Domingo Burgueño Miguel, sin duda”, culminó el edil.
El edil por el PN Damián Tort planteó que en esa zona iba a construirse el puerto de Piedras del Chileno, que finalmente no prosperó. También aseguró que en esa extensión de tierra se pueden construir hasta 32 edificios de 15 metros de altura que, “sin duda”, modificarían el paisaje y “todo lo que pueden afectar”.
Por esa razón es que se está proponiendo un fraccionamiento, consideró Tort. Asimismo, admitió que “es verdad” que “no cumple con la bajada reglamentaria a la playa cada 300 metros, pero también hay una razón por la que no cumple con eso y lo explicó la arquitecta Laguarda en comisión: si efectivamente le hicieran la calle -que tiene que hacerse para cumplir con los 300 metros-, el fraccionamiento de al lado ya no quedaría de espaldas, sino que pasaría a ser el frente”, observó.
“También es verdad que esa playa no es muy concurrida para baño, pero sí es muy concurrida para pescar y actualmente tiene la misma bajada por [las calles] Romeo y Julieta o por el Marítimo”, argumentó el nacionalista. Para el edil, la obra “no va a cambiar en nada”, pero sí permitirá que haya un fraccionamiento que “va a traer inversión para Maldonado” y que, desde el punto de vista arquitectónico, es mejor que la construcción de edificios.