La Casa de la Cultura de Piriápolis fue, este jueves 14, sede de una audiencia pública con vistas a recategorizar el suelo, de rural a urbano, para desarrollar el fraccionamiento Colinas del Mar entre Punta Colorada y Punta Negra. La instancia contó con la participación de numerosas asociaciones civiles y organizaciones vecinales, cuyos delegados lamentaron la ausencia de los desarrollistas para responder a sus consultas.
Sí estuvieron María Antía, hija del intendente de Maldonado, como responsable del informe ambiental del proyecto, y la directora general de Urbanismo de la Intendencia de Maldonado (IDM), Soledad Laguarda, encargada de presentar la propuesta que implica transformar de rural a urbana una extensión de 20 hectáreas con el ánimo de lotearla para construir residencias turísticas.
Las asociaciones civiles Nativos de Punta Colorada y Nativos de Punta Negra aportaron sus informes contrarios a la forma en que se plantea el fraccionamiento, sobre todo teniendo en cuenta que el informe ambiental es “escaso y superficial”. Estos fueron respaldados por la Red Unión de la Costa (RUC) y también por la Red Ambiente Piriápolis y Alrededores (APA).
Esta última adjuntó un detallado análisis desde el punto de vista jurídico y de ordenamiento territorial de la localidad, como insumo para la discusión del caso. En principio, sus delegados recordaron el mandato constitucional de considerar los criterios de “prevención y previsión” como “prioritarios” frente a cualquier otro en la gestión ambiental y que, cuando existe un peligro de daño grave o irreversible, no es posible alegar falta de certeza técnica o científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas.
Para el caso, “el proyecto Colinas del Mar presenta inconsistencia y falacia técnica y científica”, sostuvo la red en un informe al que accedió la diaria. Por ese motivo, planteó que las autoridades públicas realicen “una exhaustiva investigación científica y técnica sobre las situaciones biológicas, ecosistémicas y de funciones naturales, implicadas en el sitio donde el proyecto pretende implantarse”.
En ese sentido, reclamó la intervención de la Academia Nacional y de los organismos locales dedicados a la investigación para la realización de un “paquete de informes técnicos, alejados de intereses directos al proyecto”, que dé una base de estudio “fidedigna, de calidad y suficiente” para analizar, valorar y cuidar los objetos de valor natural.
Por otra parte, sugirió delimitar el área del afluente del arroyo Barra Falsa y su cordón vegetal, delimitar el espacio de “tránsito de especies” según el cordón biológico en el que se encuentra, y con base en esto proponer un fraccionamiento con unidades de mayor superficie, a modo de chacras habitacionales.
De este modo, “será un proyecto de vida agreste y ecológica, donde los servicios están resueltos con técnicas de bajo impacto a la biodiversidad”, indica el informe. En cuanto a la perspectiva paisajística de la zona serrana, la red APA mencionó la posibilidad de “pensar en la altura edificable y la estética arquitectónica” de las futuras residencias.
Ordenamiento territorial “inexistente”
En otro pasaje, la organización remarcó la necesidad de que las autoridades recurran a los instrumentos de ordenamiento territorial y las “políticas de agua y saneamiento” establecidas por ley. “Resulta altamente descuidado, irresponsable y contraproducente para velar por los objetivos de dicho Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible que se autoricen cambios de categorización de uso de suelo en medio de la realización del Plan de Ordenamiento Territorial Local”, sentencia el informe.
Aquí, objetaron que el informe ambiental avalado por María Antía dice acogerse a los términos de ese plan de ordenamiento territorial, pero tal plan “no existe”; apenas hay un esbozo de lo que podría ser. Por eso, entienden que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) debería “exhortar” a la IDM a desarrollar esos instrumentos pendientes para la gestión de las localidades y sus características ecosistémicas.
Consecuentemente, opinaron que el gobierno departamental debe “evitar dar autorizaciones a proyectos que generen cambios circunstanciales sobre los ambientes, y mucho menos a realizar cambios en la categorización de uso de suelos” mientras no se defina esa herramienta de ordenamiento territorial.
Otro de los planteos tuvo que ver con la participación ciudadana. A juicio de las organizaciones, no alcanza con asistir a instancias de audiencia pública para intercambiar opiniones sobre los proyectos. También es necesario que se atienda su “derecho-deber” a ser integradas en las decisiones de orden público y que sus aportes, fundamentados desde el punto de vista técnico, sean considerados por las autoridades.
Error “grave y latente”
En línea con las dos organizaciones Nativos, la red APA afirmó que los estudios del proyecto Colinas del Mar resultan “imprecisos, poco detallados y con un latente error”. De hecho, sostiene que los pone “frente a una falta grave”, al negar la existencia de la naciente del arroyo Barra Falsa “en el interior de tres de los padrones a intervenir”. Entienden que “ese error” es suficiente para negar la autorización de recategorización del suelo.
Tampoco se establecen acciones encuadradas en la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible en cuanto a definición de estrategias, uso y manejo del territorio en función de objetivos sociales, económicos, urbanísticos y ecológicos, a través de la planificación, observaron.
De acuerdo al expediente del Programa de Actuación Integrada (PAI) Colinas del Mar, José Antonio Rodríguez Vázquez es propietario del padrón 31.960 y representa a otros dos titulares: Ignacio de Posadas Montero, dueño del padrón 31.969, y Johanna Cabrera Somma, del padrón 31.970. Los terrenos rurales se encuentran a la altura del kilómetro 3,500 de Caminos Los Arrayanes, en la zona serrana de Punta Colorada.
La intención de los propietarios es fraccionarlos en 40 lotes, de unos 4.000 metros cuadrados, con destino a vivienda turística, para lo cual necesitan que el gobierno departamental apruebe una recategorización de suelos. Como parte del proceso, los desarrollistas contrataron a la consultora Linacqua Ingeniería para hacer la evaluación ambiental del proyecto, a cargo de María Antía.
La red APA destacó que, “dada la complejidad burocrática y la ausencia de instrumentos de fiscalización, de reglamentación, de mecanismos y de protocolos de actuación” para el cumplimiento de las legislaciones ambientales nacionales vigentes y los acuerdos internacionales en materia ambiental, “resulta altamente improbable que las autoridades locales puedan garantizar la protección del ambiente, una vez que los procesos activos estén instalados en el territorio”.