Este lunes, la Red Unión de la Costa, la Comisión de Vecinos de Balneario Buenos Aires, el Centro de Estudiantes de la Licenciatura de Gestión Ambiental (Celga) y la bancada de ediles del Frente Amplio Maldonado, convocaron a una conferencia de prensa para manifestarse en contra del Programa de Actuación Integrada (PAI) Marina Beach y pedir que los representantes no lo aprueben este miércoles 15, cuando el asunto será tratado en la cámara baja.
El proyecto inmobiliario Marina Beach fue aprobado en agosto de 2022 en la Junta Departamental de Maldonado (JDM). La obra incluye 26 casas residenciales y un hotel, que se pretenden construir en un terreno que abarca 22 hectáreas sobre la faja costera, entre Balneario Buenos Aires y San Vicente.
“Las oficinas del Ministerio de Ambiente que analizaron el expediente así como académicos de Universidad de la República han dejado claro que el proyecto no debe aprobarse, en caso contrario se configurarán disfunciones ambientales severas presentes y futuras”, expresaron en un comunicado que leyeron durante la conferencia.
Según plantearon, los informes indican que, de concretarse, el proyecto inmobiliario aumentará el endurecimiento de la costa, así como “las presiones sobre el espacio litoral, que, sumadas a los impactos acumulativos existentes de otras construcciones sobre el sector, generarán mayores efectos negativos sobre el equilibrio en la dinámica costera y una pérdida irreversible de sus servicios ecosistémicos”, un problema que se suma al aumento del nivel del mar asociado al cambio climático. En ese sentido, señalaron que la propia construcción del Marina Beach se verá afectada.
Los colectivos indicaron, además, que los informes apuntan a “detener el proceso urbano sobre nuestra franja costera”, al igual que la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y la Directriz Nacional Costera”.
“La aprobación de este PAI apuesta una vez más a la continuidad del modelo de desarrollo turístico basado en la construcción sobre espacios naturales, convirtiéndolos en sitios cada vez más exclusivos. Su consecuencia inmediata es la eliminación continua de paisajes costeros y sectores de playa pública, para favorecer usos elitistas de corta estadía”, señalaron.
Y agregaron: “La fórmula de ciudad cerrada que se promueve en proyectos como Marina Beach propone conjuntos desconectados social y económicamente de los residentes de zonas circundantes, a quienes finalmente perjudica”. Para los técnicos que elaboraron el informe, la construcción de Marina Beach implicará la reducción de la accesibilidad pública a la playa. “La pérdida de visuales amplias hacia y desde la playa favorece el disfrute exclusivo de usuarios privados en desmedro de la principal actividad turística de la zona y del patrimonio costero del país”, consideraron.
“Por lo antedicho, y por la extensa información científica y normativa que avala este comunicado, los 6.366 firmantes esperamos que los representantes nacionales que deben resolver esta contienda en la sesión plenaria de Diputados no aprueben el PAI Marina Beach. El desarrollo sustentable es algo que construimos todos, día a día, y con cada una de nuestras acciones y decisiones”, concluyeron.
En la conferencia de prensa participaron Isabel Gadino, arquitecta y docente del Centro Universitario Regional del Este; José Luis Sciandro, abogado especialista en legislación medioambiental; Nicolás Chacón, vocero de Red Unión de la Costa; Diego Lorenzo, vicepresidente del FA por los sectores; Mateo Peña y Eugenia Cabot por el Celga; y Susana Paredes y Gladys Rodríguez en representación de la Comisión de Vecinos de Balneario Buenos Aires.
Luego de aprobarse en la JDM, en setiembre de 2022, el FA junto a distintas organizaciones sociales, llevaron adelante la recolección de firmas para impugnar la resolución departamental en el Parlamento, un mecanismo habilitado por el artículo 303 de la Constitución, que establece un mínimo de 1.000 firmas. En menos de 15 días se alcanzaron 6.366 adhesiones para detener la obra, pero la Comisión de Constitución de Diputados desestimó el recurso.
“En comisión la mayoría entendió que no daba lugar el recurso porque se entendió que no había violación a la normativa y que se había hecho todo de forma legal”, dijo a la diaria en ese momento el diputado nacionalista de Maldonado y presidente de la comisión, Diego Echeverría.