La Junta Departamental de Maldonado reglamentó el uso de sus tarjetas oficiales en julio de 2017, un mes después de que se supiera que el entonces vicepresidente de la República, Raúl Sendic, había utilizado de forma ilegal la tarjeta corporativa que manejaba mientras presidía Ancap.
A raíz del escándalo, en mayo de 2018, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) aprobó una normativa nacional, conocida como la Ordenanza 90, para transparentar la utilización de este medio de pago en los entes y organismos de la administración central y en los gobiernos departamentales, y controlar esos gastos. Básicamente, el protocolo establece que quien usa una tarjeta corporativa rinda cuentas de sus gastos con la correspondiente factura.
En octubre de 2022, tras “tomar conocimiento” y “analizar” el reglamento aprobado en 2017 por los ediles de Maldonado, el TCR encontró que su contenido no se adecuaba a las disposiciones de la Ordenanza 90 y que esto le impedía controlar el uso de fondos públicos por este medio de pago.
Por ese motivo, el tribunal pidió información al presidente del legislativo departamental, el edil Darwin Correa, sobre “quiénes son los destinatarios de las tarjetas” y le solicitó ajustar la normativa. “Especialmente”, solicitó incorporar “lo establecido en el 1.3, 1.4 y 1.5 de la Ordenanza 90”, sobre las condiciones para usar las tarjetas. Por último, planteó que le remitiera el reglamento modificado para “poder ejercer el control que constitucionalmente le compete”.
De acuerdo al expediente del caso, al que accedió la diaria, el 24 de marzo pasado el departamento financiero contable de la Junta Departamental se expidió sobre la observación del TCR, en un informe dirigido al presidente Darwin Correa.
El documento firmado por la contadora Gabriela Quintero señala que “los destinatarios de las tarjetas son el presidente de la corporación y la subdirectora del citado departamento financiero contable”. También “sugiere” modificar el procedimiento establecido en la reglamentación de 2017, tal como pidió el TCR.
Sin embargo, esta sugerencia nunca fue atendida. El edil nacionalista Francisco Olivera, vicepresidente de la Comisión de Legislación, aseguró este miércoles a la diaria que mientras él estuvo en las sesiones el tema nunca se abordó, y que tampoco le consta que haya sido “mencionado” en la bancada de su partido. Luego, la secretaria general de la Junta Departamental, Susana Hualde, confirmó que el reglamento de 2017 sigue vigente tal cual se aprobó.
Gastos “excesivos”
En vista de que la reglamentación no se modificó, para el TCR no hay forma de controlar el uso de las tarjetas corporativas de la Junta Departamental. El dato es importante si se considera que, en diciembre de 2021, la bancada del Frente Amplio pidió la creación de una comisión investigadora sobre gastos excesivos del legislativo bajo la presidencia de José Luis Sánchez, que ejerció entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021.
Los ediles de la oposición denunciaron entonces “los gastos de la tarjeta de crédito corporativa Visa del Banco República (en poder de la presidencia)”, entre otros vinculados con publicidad oficial y donaciones de la Junta. Sin embargo, la comisión investigadora nunca se votó “por falta de méritos”.
El uso de las tarjetas corporativas quedó en cuestión tras el caso Sendic, y varios senadores propusieron eliminar este mecanismo en la pasada administración. Aunque las iniciativas no prosperaron, algunos organismos estatales resolvieron transparentar gastos y publicar los estados de cuenta de sus tarjetas en su web oficial, mientras que otros crearon o adecuaron su normativa en función de la Ordenanza 90.