Hace casi 20 años que Miggel Schwickerath, ciudadano alemán dedicado a la producción de cine en América Latina, resolvió radicarse en La Barra de Maldonado, encantado con las características de la zona. Desde entonces, es testigo de un crecimiento inmobiliario al amparo de una política de excepciones a la normativa edilicia y de ordenamiento territorial que, “particularmente a partir de la pandemia” por coronavirus, le parece insostenible y nocivo para el futuro del lugar.
“Cada vez se construyen más edificios, cada vez hay más barrios privados, todo con excepciones que nos imponen con el argumento de empleos a corto plazo, sin tener en cuenta nuestra opinión y sin prever que eso no sólo impacta en los recursos naturales, sino también en la vida de quienes elegimos este lugar”, dice Miggel a la diaria, en su calidad de vocero de un grupo de vecinos decididos a organizarse para “hacerse escuchar”.
Expone varios ejemplos. La ampliación del edificio Delamar, junto a los puentes ondulantes de La Barra, que ha convertido un área de disfrute en una especie de muralla que obstruye la vista hacia la desembocadura del arroyo Maldonado. El segundo edificio The Colette en Manantiales, promovido por una empresa vinculada a una de las hijas del intendente de Maldonado, Enrique Antía. La incipiente construcción del complejo de apartamentos de la firma Netzaj SA, propietaria del centro comercial ¡Oh! Obras con excepciones a la normativa edilicia que se suman a otras ya construidas en la zona por el mismo mecanismo.
Un llamado a “terminar con el pensamiento cortoplacista”
“Todo esto [se hace] sin infraestructura de saneamiento que absorba esa cantidad de construcciones, sin estudios serios sobre el impacto en un tráfico muy complicado en la ruta 10, talando bosques para abrir paso a más y más barrios privados”, lamenta Miggel. “Están haciendo mierda todo, con una mirada a corto plazo que va detrás del capital, de los intereses de los desarrollistas, arriesgando el Uruguay Natural que atrajo a tantas personas”, agrega.
Tampoco soslaya que quienes habitan al este del arroyo Maldonado pagan sus tributos al Municipio de San Carlos, un gobierno local que “cobra, pero no vuelca lo recaudado en mejorar los servicios” del balneario y que, de algún modo, observa “alejado” de la jurisdicción costera. No oculta, en este punto, las mismas ansias de emancipación que históricamente han movilizado a otros vecinos tras un municipio propio en aquella zona.
Pero eso es algo para más adelante, opina. Ahora los mueve la preocupación por un desarrollo “desenfrenado y sin proyección”, que comparte con otros vecinos y amigos. Por eso están convocando a la comunidad para una reunión que se realizará este jueves 21, a las 17.00, frente al complejo comercial Oh!
“No nos parece correcto lo que están haciendo y es momento de que nos organicemos para enfrentarlo”, remarca, para aclarar que no pretende transformar el tema en una cuestión político-partidaria. Quiere promover la participación social, como herramienta de “presión” para “que se cumplan las reglas, para frenar las excepciones y defender las características de La Barra pensando en su futuro”.
Miggel entiende que la participación de la comunidad en la convocatoria de este jueves es importante para determinar cómo continuar, qué asesoramiento buscar ―quizás con académicos de la zona, como han hecho otras organizaciones― y a qué puertas golpear. “Queremos que nos escuchen, terminar con el pensamiento cortoplacista que da el mensaje de que cada uno hace lo que quiera mientras tenga plata. Está pasando algo que no nos gusta y tenemos que hacer algo”, arenga el productor alemán.
Entonces destaca la lucha de la comunidad y académicos contra el Complejo Residencial en Punta Ballena, la de los vecinos de La Juanita contra la instalación de un hotel de campo sobre la playa, la conquista de los habitantes de José Ignacio para impedir que nuevos proyectos afecten la fisonomía del pueblo, como experiencias inspiradoras.