El expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Ricardo Gil Iribarne participó en Maldonado en una charla organizada por el comité Unidos Venceremos, del Frente Amplio. En la instancia compartió sus experiencias y opiniones sobre la situación actual del lavado de activos y la corrupción en Uruguay y también se expidió sobre asuntos departamentales.
Entre otros temas, remarcó las “prácticas cuestionables” de la Junta Departamental de Maldonado, cuyos ediles cobran, desde 2015, una partida económica mensual “para el mejor cumplimiento de sus fines”. Esas partidas, que votaron todas las bancadas en su beneficio, fueron observadas por el Tribunal de Cuentas (TCR) y la Jutep porque “violan la Constitución al ser consideradas de carácter retributivo para los ediles”, recordó Gil.
A su juicio, la situación es complicada debido a interpretaciones legales divergentes. Mientras que el TCR y la Jutep, en su momento, insistieron en que se trata de partidas retributivas y, por tanto, ilegales, la Junta Departamental defiende su legalidad basándose en la ley de financiamiento de los partidos políticos. Gil Iribarne criticó esta justificación: “La ley no prevé que las Juntas Departamentales financien a los partidos políticos”.
El caso llegó a la Justicia penal de la mano de un ciudadano que radicó una denuncia por eventual abuso de funciones. Sin embargo, la investigación a cargo del fiscal Schubert Velázquez nunca avanzó y los ediles de Maldonado han seguido cobrando y ajustando sus partidas año a año.
“La Constitución dice que no pueden cobrar”, enfatizó el expresidente de la Jutep, quien llamó a los partidos y sus integrantes a que adopten una postura ética más firme. “Si no demostramos que somos distintos, el ciudadano común no va a tener confianza en el sistema”, advirtió.
En cuanto a la corrupción, Gil Iribarne hizo hincapié en la prevalencia de prácticas corruptas en la mayoría de las intendencias del país, excepto Montevideo y Canelones. Mencionó ejemplos de “acomodos” dentro de las instituciones y la necesidad de sancionar a quienes se desvíen de la línea correcta. “El problema es arriba. Si no empezamos desde arriba a dar el ejemplo, no vamos a resolver el problema”, afirmó.
Las políticas del gobierno
El disertante también criticó la gestión del gobierno de coalición con relación al lavado de activos. Afirmó que se enfoca principalmente en el narcomenudeo, es decir, el lavado de activos a pequeña escala, y no en los grandes casos.
“Ataca el lavado de las bocas, pero no a los grandes”, lamentó. Tras enfatizar que el lavado de activos es un delito que afecta tanto a los poderosos como a los más pobres, advirtió “la necesidad de una Policía especializada” en este ámbito.
Por otra parte, expresó su opinión sobre la ley de urgente consideración: considera que el límite de manejo de efectivo de 150.000 dólares es excesivo y sugirió que un rango más razonable sería entre 20.000 y 25.000 dólares. “Si no investigo y ataco, no sirve para nada”, agregó.
Gil Iribarne ha tenido una destacada carrera en la implementación de políticas nacionales contra el lavado de activos. En 2005 fue designado responsable de estas políticas, liderando la Secretaría Nacional Antilavado de Activos hasta abril de 2010. Desde noviembre de 2015 hasta febrero de 2017 fue asesor de la Presidencia de la República y del Poder Judicial en estos temas. Durante el último período de gobierno del FA presidió la Jutep.