La asociación civil de vecinos La Rinconada y Portezuelo se encuentra en conflicto con la Intendencia de Maldonado (IDM) a raíz de dos situaciones planteadas hace semanas y que siguen sin respuesta, pese a que urge una solución ante la inminencia de la temporada estival.
En principio, los vecinos no están de acuerdo con la habilitación de deportes náuticos en esa playa. En especial, rechazan la circulación de motos de agua, dado que se trata de una playa familiar frecuentada por niños y personas adultas mayores.
El presidente de la asociación, Raúl Ferreira, dijo a la diaria que estos vehículos no sólo implican un peligro para los bañistas, sino que “el sonido es fuerte, no permite relajarse y afecta a las casas”.
Por este motivo, la Mesa Territorial de Punta Ballena –integrada por la citada asociación más otras organizaciones de la zona– había solicitado a los jerarcas del Departamento de Gestión Ambiental de la IDM que “reubicaran” la actividad.
Sin embargo, ni el director general, Jorge Píriz, ni el coordinador Carlos Medina atendieron el planteo, lamentó Ferreira. Por el contrario, la IDM adjudicó una licitación para continuar con este servicio.
A pesar de que el proceso ya se concretó, Ferreira confía en que se genere “una mesa de diálogo entre la Prefectura y la Intendencia para evaluar una solución”. Este miércoles 17 tuvieron una comunicación con el prefecto de Maldonado, Sebastián Sorribas, para analizar esa posibilidad.
Paralelamente, la Mesa Territorial de Punta Ballena recolectará firmas con el fin de inhabilitar deportes acuáticos en la playa Portezuelo. El dirigente vecinal dijo que la intención es presentar esas planillas junto con un pedido escrito al Municipio de Maldonado y a la IDM.
Ampliación de una rampa sin autorización ministerial
Otra situación que enfrenta a los vecinos con la IDM es la ampliación de una rampa de botadura instalada en la playa que, según la asociación, se realizó sin autorización de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea). La denuncia fue planteada al Ministerio de Ambiente (MA) hace ya varias semanas, pero la obra continuó.
Según Ferreira, la rampa ampliada “ocupa mucho espacio de la playa” y se utilizó concreto, en lugar de tierra y adoquines. Aunque la asociación no se opone a que exista, porque es de utilidad para el ingreso de ambulancias y actividades, cuestiona “la invasión que genera en la playa”.
A su vez, el vecino explicó que cuando hay viento fuerte y tormenta, “la marea alta sube, avanza sobre la rampa, la va destruyendo y arrastra materiales al mar”, por lo que “toda construcción que se haga dentro de ese espacio afectará con piedras la playa y el agua”.
Ferreira señaló que la IDM solicitó una autorización al MA para “reparar” la rampa pero no aclaró que en los hechos se trataba de una ampliación. Agregó que la cartera autorizó una obra de “mantenimiento” por única vez y estableció que esto “no deberá modificar las dimensiones de la rampa existente”.
El MA también advirtió que “toda modificación significativa deberá ser notificada a la Dinacea previo a su ejecución, para su evaluación y eventual autorización”. Por último, indicó que “el incumplimiento a lo dispuesto producirá la revocación automática” de la autorización. A pesar de todo, la extensión de la rampa se concretó.
Ahora reclaman que “la rampa retroceda hacia la calle para no afectar al medioambiente”. Fundamentan la petición en la Ley de Ordenamiento Territorial (18.308), que impide nuevas construcciones en una faja costera de 150 metros desde la línea superior de la ribera, salvo autorización expresa del MA.