El expresidente nacionalista de la Junta Departamental de Maldonado, José Luis Sánchez, pidió a la presidenta del legislativo, Verónica Robaina, la conformación de una “Comisión Investigadora para esclarecer los hechos” que lo involucran en una presunta maniobra de desvío de fondos públicos en su beneficio.
El viernes 7, mediante el canal de Youtube La verdad de la milanesa, el director del semanario El Bocón, Jorge Bonica, denunció que Sánchez “trianguló” fondos del legislativo a través de la cuenta bancaria de su hijo, Facundo Sánchez, mientras fue presidente de la Junta Departamental.
Los pagos correspondían a los servicios prestados por Ramón Sosa, quien realizó obras de mantenimiento edilicio y no figura en el registro de proveedores del Legislativo. El dinero llegó a la cuenta de Facundo y este lo redirigió a la de su padre, afirmó Bonica mientras blandía los documentos que dijo haber recibido de dos personas.
Aunque se enfocó en Sánchez, electo por la lista 88 del diputado Diego Echeverría, el director de El Bocón deslizó que los anteriores presidentes blancos de esta legislatura (Darwin Correa y Alexandro Infante) también incurrieron en maniobras con “facturas truchas” para beneficiarse con fondos de la Junta Departamental.
“Acá hubo una verdadera mafia de distintos presidentes de la junta, una verdadera asociación para delinquir con Ramón Sosa como proveedor y vínculo de esta maniobra”, afirmó Bonica. Agregó que hubo “dos facturas mensuales, cada una por 123.000 pesos, durante años”.
Dada “la gravedad” del asunto, informó y presentó los documentos vinculados con Sánchez ante la presidenta del legislativo, la nacionalista Verónica Robaina. Según el denunciante, la edila “se sorprendió” y reconoció que los registros de las transferencias “son verdaderos”.
Sánchez: denuncia “infundada” y “datos distorsionados”
Ni la presidenta Robaina ni el edil Sánchez respondieron a las solicitudes de entrevistas de la diaria. No obstante, este medio accedió al expediente por el cual Sánchez reclamó que el plenario votara “una comisión investigadora para esclarecer las falsas acusaciones”.
En el documento, fechado este lunes 10, Sánchez argumentó que las afirmaciones de marras son “infundadas” y atentan contra su honor y contra el funcionamiento de la Junta Departamental de Maldonado.
Luego sostuvo, a modo de “aclaración”, que se han presentado “datos distorsionados y carentes de prueba” sobre su accionar, y que “se han insinuado irregularidades” en su conducta pública “sin respaldo documental ni testigos válidos”.
Por otra parte, indicó que se hicieron “afirmaciones engañosas”, que la información fue manipulada para “generar sospechas infundadas” y que “no existe ninguna denuncia formal ni prueba que sustente tales acusaciones”.
“Considero imprescindible que esta junta tome cartas en el asunto y esclarezca los hechos, permitiéndome limpiar mi nombre y continuar con mi labor con la transparencia y responsabilidad que siempre me ha caracterizado”, concluyó el edil en su nota a Robaina. Luego pidió licencia por 60 días, por lo que no regresará al plenario ni actuará en comisiones hasta pasadas las elecciones de mayo.
Hay ambiente para investigadora
Mientras el Frente Amplio (FA) comenzó a evaluar el domingo qué pasos dar con respecto al asunto, el PN se le adelantó. En esta misma jornada la presidenta accedió al pedido de Sánchez. Siguiendo el reglamento de la corporación, Robaina dispuso la instalación de una comisión preinvestigadora para “esclarecer las afirmaciones del periodista” y pidió a las bancadas que designen a los ediles que la integrarán.
Los representantes tendrán tiempo hasta el próximo miércoles 12 para presentar su informe a la presidencia. Su cometido es evaluar la “entidad, oportunidad y seriedad” de la acusación y determinar si hay mérito para crear una Comisión Investigadora.
Fuentes de la bancada nacionalista señalaron a la diaria que, probablemente, se llegue a esa instancia porque el propio edil no sólo solicitó “limpiar su nombre”, sino también el de la Junta Departamental. En tal caso, la comisión será aprobada en la sesión plenaria de la próxima semana y deberá expedirse en 30 días, con posibilidad de prórroga por 30 días más.
No es la primera vez que Sánchez queda en el ojo de la tormenta. En 2023, la edila frenteamplista Ana Antúnez denunció que la IDM otorgó 23 becas estudiantiles de forma irregular. En la lista de beneficiarios estaba la hija del edil Sánchez, entre otros familiares de funcionarios de la administración de Antía.
Aunque el FA pidió investigar la adjudicación irregular, el oficialismo se opuso en dos oportunidades.