Activistas feministas y talleristas de la cárcel de Las Rosas de Maldonado (Unidad 13) iniciaron acciones para visibilizar el “hacinamiento” y la detención de mujeres por delitos como el microtráfico o el aborto. En el Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, que coincidía con la jornada de visitas en la cárcel, el colectivo se movilizó afuera del establecimiento para denunciar las condiciones carcelarias y reclamar por los derechos de las privadas de libertad.
La activista y exconcejala del Municipio de Maldonado por el Frente Amplio Irene Pepi Gonçalvez conversó con la diaria sobre las urgencias del sistema penitenciario en Maldonado. En primer lugar, señaló que “preocupa” el aumento de privadas de libertad en el país (de 695 en junio de 2020 a 1.426 en junio de 2025) y que en Las Rosas “hay 76 mujeres, en un lugar donde debería haber 30”.
Atribuyó la situación a la ley de urgente consideración (LUC), que añadió el artículo 74 sobre microtráfico, con penas de cuatro a 15 años de prisión por ingresar drogas a las cárceles, disposición que tiene su origen en 1974, en el artículo 36 del Decreto-ley 14.924 (ley de estupefacientes).
Para Gonçalvez, esto no solo generó un aumento de la población carcelaria femenina, sino también “hacinamiento y pérdida de derechos”, y advirtió que este artículo “no está siendo cuestionado”. Por este motivo, se busca aunar fuerzas entre colectivos feministas de Maldonado y Montevideo, la organización Familias Presentes, el Grupo de Mujeres Rurales y el programa deportivo-social Fundación Fénix de Rugby para “mejorar las condiciones de vida y presionar ante el Parlamento para derogar este artículo y que el peso caiga sobre los grandes traficantes, que algunos actualmente están con prisión domiciliaria”.
Planteó que es necesario “evitar que sigan ingresando de forma masiva mujeres por microtráfico, que suelen ser las más pobres y jefas de familia”, y resaltó que “la vulneración [de derechos] es enorme”. En este sentido, indicó que es vital “buscar medidas alternativas para reducir la cantidad de mujeres que están en prisión” y cuestionó que “hay violadores de niños y de los derechos humanos que cumplen prisión domiciliaria, mientras que las mujeres permanecen en la cárcel”.
Otro delito que es motivo del ingreso de mujeres a la cárcel Las Rosas, “aunque en menor medida”, es la penalización por abortos realizados fuera del plazo legal de 12 semanas que establece la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (18.987), promulgada en 2012. Gonçalvez dijo que se trata de “otra lucha que hay que dar” y, tanto en este caso como en el vinculado al microtráfico, el Estado es “responsable”, y señaló que no se debe permitir que “siga abandonando a la población femenina”.
Principal urgencia: reparar techo del edificio
Una de las principales urgencias, según Gonçalvez, es la reparación del techo del edificio de la antigua cárcel donde están alojadas las mujeres, que también alberga los espacios administrativos y el servicio médico. “La infraestructura del techo del pabellón está agrietada, se chorrea agua por todos lados. Las mujeres viven como si estuvieran dentro de un bañado, con niveles de humedad y de hongos brutales”, afirmó, y añadió que “en todos estos años no se ha resuelto [este problema]”.
Informó que está al tanto de esta problemática porque tuvo la posibilidad de visitar la cárcel durante su gestión como concejala municipal y resaltó que “la situación no ha cambiado” desde entonces. El informe anual 2024 presentado por el excomisionado parlamentario Juan Miguel Petit, en setiembre de 2025, da cuenta de “problemas de mantenimiento, falta de espacio, mala iluminación y ventilación y falta de mobiliario”.
Asimismo, Gonçalvez dijo que se pretende colaborar con artículos de higiene personal, libros y con el Grupo Mujeres Rurales que realiza diversos talleres de forma voluntaria, para que “todas las mujeres, sin importar su sector [sea preventivas, primarias, reincidentes, seguridad, preegreso y diagnóstico] participen en esas instancias”.
Poca posibilidad de respirar aire puro
En la mayoría de los casos, la situación de salud mental de las internas es “muy grave”: “Están todo el día medicadas, porque a veces es la única forma de sobrevivir a esta situación [carcelaria] y al sufrimiento”, advirtió Gonçalvez. También observó el impacto del consumo problemático de drogas y señaló que “se pone muy poco foco en las dificultades que atraviesan las mujeres en situación de encierro”.
Además, indicó que para las mujeres privadas de libertad el único proyecto de salida es “limpiar los hongos del techo”, lo cual calificó como “lamentable”, y señaló que, aunque se intente limpiar, “si todo el tiempo cae agua, no hay higiene”. En este sentido, remarcó que las “actividades vinculadas al aprendizaje o a la proyección de cierta felicidad, alivio o crecimiento espiritual están totalmente vedadas”, y que el espacio físico es “muy relevante” y es “una de las condiciones a resolver”.