Tras la adquisición del hotel y casino Enjoy Punta del Este por parte del grupo brasileño JHSF, la Asociación de Funcionarios de Baluma SA (AFUB) inició gestiones para asegurar las fuentes laborales y conocer el plan de negocios de los nuevos dueños. Aunque el proceso de compraventa aún no se concretó, el sindicato permanece en “alerta” ante el comienzo de reformas edilicias y eventuales efectos derivados del cambio de firma.
El vocero de Afub, Juan Artega, dijo a la diaria que la operativa del resort seguirá a cargo del gerente general Diego Berná y de los directores actuales, “con una gestión similar a la actual, aunque se prevé una transformación vinculada a la impronta del grupo Fasano, que busca una mixtura en el modelo de gestión”. En ese marco, los trabajadores “continuarán figurando como empleados de Baluma SA, solo que la compraventa está a cargo del grupo brasileño”, amplió.
En principio, “existe una garantía de no enviar trabajadores al seguro de paro y de respetar el convenio colectivo bipartito vigente hasta 2028”, informó a este medio, tras una reunión bipartita mantenida el jueves 14 con los gerentes de recursos humanos de Baluma SA, Alejandro Hitcher y Jimena Romanelli. Si fuera necesario recurrir al seguro de paro, la empresa se comprometió a “dialogar con el sindicato para evaluar posibilidades y modalidad de aplicación”, agregó.
Además, al comparecer el 7 de mayo para exponer el caso ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores, AFUB sugirió que, de ser necesario, se apruebe una flexibilización similar a la aplicada durante la pandemia por covid 19, cuando el requisito para acceder al seguro de paro se redujo de 175 a 75 jornales trabajados.
También preocupa que quienes ingresen al seguro de paro este año “no alcancen los jornales necesarios para acceder a ese derecho el año próximo, porque van a tener menos días de trabajo”.
Por otra parte, Baluma aseguró que “no habrá despidos como consecuencia del cambio de firma”. Con esto se ratifica el convenio vigente en cuanto a la obligación de “respetar la cláusula de paz de los consejos de salarios, que implica mantener instancias de negociación con el sindicato en caso de afectación de puestos de trabajo”, destacó el dirigente.
El convenio bipartito establece que, ante un despido individual, la empresa “deberá convocar al sindicato para informar la situación y presentar pruebas de los motivos o el aval en casos de notoria mala conducta, por ejemplo”. Tampoco pueden efectuarse “desvinculaciones de un día para otro por bajo rendimiento o evaluaciones, sino que deben aplicarse previamente observaciones y días de suspensión”, recordó Artega.
En “alerta” por el futuro de 1600 trabajadores
Por el momento, está en marcha la remodelación de un ala del edificio que incluye 150 habitaciones, el restorán Las Brisas y algunos salones que “se están desmantelando”, aunque “aún no está definido si serán destinados a la construcción de un shopping”.
El dirigente informó que los trabajadores del sector de oficinas “se encuentran en teletrabajo, manteniendo sus salarios” y que el personal de las otras áreas “no fue enviado al seguro de paro”; estos trabajan en Provence Wine & Spirits Bar, en el caso gastronómico, o colaboran con otros servicios.
Sin embargo, AFUB planteó en la comisión de Senadores que cambios estructurales —como la reducción de habitaciones, la “desaparición de los espacios para el centro de convenciones, los torneos de casino y de póker”, la tercerización de restaurantes y la instalación de un shopping— podrían afectar tanto a trabajadores eventuales como permanentes, algo que también manifestó semanas atrás el núcleo del Sindicato Gastronómico y Hotelero del Uruguay (Sughu) en Enjoy.
Según AFUB, hay unos 600 eventuales “ligados a la empresa desde el inicio, con casi 30 años de antigüedad, al igual que muchos permanentes -entre 950 y 1.000, incluidos los part time-, que son los que más van a sufrir”, porque están próximos a jubilarse.
El martes 12, una delegación se reunió con el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, en busca de respaldo ante eventuales incumplimientos del convenio. “De no haber respuesta positiva, podría convocarse una reunión tripartita entre el MTSS, el sindicato y el grupo JHSF”, dijo Artega, aunque reconoció que, por el momento, hay “estabilidad laboral” y “se están acelerando los trabajos para llegar a la próxima temporada, lo que garantizaría los puestos de trabajo”.
Expectativa por adjudicación de la licencia de juego
Otra de las preocupaciones de los trabajadores está asociada al futuro del casino, razón por la que una delegación de AFUB se reunió con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, también el martes 12.
La renovación del casino “podría estar relacionada con la sala VIP, pero no se sabe si implicará cierres parciales de sectores, como en otras ocasiones sucedió, o solo se limitará a esa sala”, dijo Artega.
Además, advirtió que el grupo brasileño “necesita una autorización estatal para operar un casino, dado que se trata de una empresa que no gestiona el juego”. Sánchez les informó que “la licencia de juego fue otorgada por el Estado”, aunque “aún no se conoce el tipo de adjudicación”.
Por lo expuesto, el sindicato solicitó formalmente una instancia de diálogo con el grupo JHSF, una vez consumado el proceso de venta.
Senadores evalúan convocar a autoridades actuales
Durante la reunión en la comisión del Senado, Artega afirmó que existe un “buen diálogo” con Baluma, aunque advirtió que los gerentes “no han recibido cuál es la cronología de las obras o, al menos, es lo que transmitieron”. Ante ese escenario, el frenteamplista Daniel Caggiani propuso convocar a las actuales autoridades para conocer el plan de trabajo y abrir un ámbito de intercambio.
El objetivo es que “los trabajadores sean contemplados en las transformaciones a futuro, dentro de las posibilidades de desarrollo del ámbito empresarial, que siempre tienen otro margen”, dijo. También planteó “avanzar en alguna charla con la Dirección General de Casinos o con otras autoridades competentes”.
Por su parte, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, señaló que “resulta difícil conocer el futuro modelo de negocios de la empresa, porque es un negocio entre privados y el personal se negocia al momento de la operación: si se aceptan con o sin antigüedad, si se despiden o se retoman”.
El senador frenteamplista Sergio González sugirió que el sindicato “busque vínculos con organizaciones sindicales de la rama en Brasil, porque las empresas tienen un comportamiento similar en todos los países”.