La Comisión en Defensa del Arroyo El Potrero y Humedales concurrió este martes 11 a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Senadores para solicitar acciones que garanticen el carácter público y su protección ambiental. El planteo se da en el marco de las obras en curso del proyecto de barrio privado Reserva del Mar, entre Chihuahua y Ocean Park, que cuenta con múltiples excepciones a la normativa aprobadas en la Junta Departamental de Maldonado en setiembre de 2024.
Uno de los reclamos apunta a que se retire la empalizada construida por los desarrollistas porque “es irregular: no respeta la altura ni la separación entre los postes necesaria para permitir el libre pasaje de la fauna”, señaló a la diaria Claudio Martínez Debat, biotecnólogo e integrante de la comisión de vecinos. La empalizada, que comenzó a construirse entre febrero y marzo de 2024 sobre las dunas hacia la desembocadura de El Potrero en el Río de la Plata, “afectó ambientalmente el arroyo y perjudicó el acceso a la playa de Ocean Park”, dijo.
En noviembre de 2024, el Ministerio de Ambiente (MA) clasificó los impactos del proyecto en la categoría B, por lo que las obras quedaron detenidas hasta que los promotores del fideicomiso Overtrust Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) presenten una solicitud de Autorización Ambiental Previa y un Informe Ambiental Resumen. No obstante, según informó Martínez Debat, esa documentación “aún no fue presentada” y, mientras tanto, “se avanza en tareas de mantenimiento en el predio que afectan las cañadas que desagotan en el arroyo y se talan árboles, que aún no se confirmó si es monte nativo”, advirtió.
Otro de los ejes es el carácter público del arroyo. En marzo de 1991, el Poder Ejecutivo declaró la navegabilidad en parte de su curso (2.900 metros), incorporándolo al régimen de dominio público, pero en 2014 el doctor Joaquín Chopitea, representante del empresario brasileño Alexandre Grendene –quien lideraba el grupo inversor que promovió inicialmente el proyecto–, pidió que se revocara.
La comisión cuestiona que siga vigente la resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de 2014 que modificó la categoría. Según Martínez Debat, permite una “privatización del arroyo”, el avance del proyecto y que “se limite el acceso a una zona de recreación para acampar, pescar y pasear”.
Ante esta situación, la comisión reclama la revocación de la resolución de 2014 y que el MA adopte medidas de protección ambiental. Consideró que, con ese fin, la Comisión de Ambiente podría actuar como intermediaria ante un reclamo vecinal de larga data. La solicitud de restituir formalmente la condición de navegable del arroyo y, con ella, su reconocimiento como bien de dominio público se ampara en artículos del Código de Aguas y del Código Civil, además de un informe jurídico elaborado por el abogado y docente del Centro Universitario Regional del Este (CURE) de Maldonado José Sciandro, de setiembre de 2025.
Legisladores divididos por el proyecto privado
La comisión, presidida por Blanca Rodríguez y con Felipe Carballo da Costa como vicepresidente, ambos del Frente Amplio, contó con la participación, en representación de la comisión vecinal, de la asesora técnica en conservación y legislación ambiental Agustina Melotto, Martínez Debat y las abogadas Valeria Mokosce y Lorena Jesús. También estuvieron presentes el senador frenteamplista Eduardo Brenta, el nacionalista Martín Lema y, en calidad de suplente de Gustavo Zubía, el colorado fernandino Nicolás de Modena.
Brenta dijo a la diaria que conocía “en términos generales” el proyecto Reserva del Mar y la resolución del MTOP, e informó que la Comisión de Ambiente “resolvió profundizar en el tema y conocer la mirada del MA sobre esta problemática, y aguardar la resolución judicial sobre la acción presentada por vecinos”. También indicó que “se deberá analizar cuestiones vinculadas a la autonomía departamental, dado que la Intendencia de Maldonado (IDM) es quien habilitó el avance del proyecto”. “En los próximos días se trabajará en base a la documentación recibida, y en la próxima sesión se evaluarán los pasos a seguir”, dijo.
En contraposición, De Modena, empresario inmobiliario de Maldonado, sostuvo a la diaria que “el arroyo se podrá seguir utilizando” y que, ante el crecimiento demográfico de Maldonado, “es normal que se puedan reconvertir campos en suelos para viviendas”, y que “está comprobado que el crecimiento se da alrededor de los aeropuertos; es algo muy positivo para la zona”.
Según Martínez Debat, la instancia fue “positiva” porque permitió que “la voz del pueblo fuera escuchada y aportar conceptos técnicos”, pero la comisión consideró que el tiempo fue escaso para brindar detalles. La abogada Jesús destacó que “se visibilizó la preocupación sobre la imposibilidad de acceder al arroyo y que se realicen proyectos sin contar con un estudio de impacto ambiental y sin los procesos contemplados en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible [18.308] y en el Acuerdo de Escazú”.
Valoró que los legisladores “escucharon” y anunció que se les enviará documentación complementaria “para que investiguen y ejerzan presión sobre la IDM para revisar si se cumplieron las etapas y normativas”.
Audiencia de conciliación con accionistas
Por otra parte, en agosto de 2025, la comisión vecinal presentó una acción judicial “declarativa” ante el Poder Judicial y, según explicó la abogada Jesús, ante de expedirse, la Justicia solicitó una audiencia con los demandados en el Juzgado de Paz y Conciliación en Montevideo, fijada para el 8 de setiembre. La instancia involucra a Carlos Chabert, coordinador y accionista minoritario del Fideicomiso Reserva del Mar I –firma desarrolladora que a su vez es gestionada por Overtrust SAS como fideicomitente–, así como quien lo encabeza, el empresario argentino Sergio Grosskopf, y otros accionistas de la firma.
En paralelo, en abril de 2025, la comisión presentó escritos ante el MA y el gobierno departamental en “oposición a la convalidación de lo realizado por el proyecto privado y las excepciones irregulares aprobadas”, y solicitó “medidas de suspensión y precautorias ante posibles daños ambientales graves e irreversibles”, así como la remoción de la empalizada, con 400 firmas anexas cada una.
En tanto, en marzo hubo una denuncia ante el MA por “incumplimiento” de la disposición del MA tras detectar podas “indiscriminadas”, obras de caminería y paso de maquinaria y vehículos en el padrón 31.394, informó en sus redes. Según la comisión, estas intervenciones provocaron “destrucción y afectación de zona de humedales”, y se registraron entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, con una “frecuencia diaria en horario nocturno”.
Jesús explicó que los vecinos han constatado que “se continúa con las obras, hay movimiento de tierra y colocación de contenedores para acopiar materiales” y, tras una inspección, “el MA constató los incumplimientos por parte de la empresa y expresó que realiza un seguimiento [del caso]”, según le informó la comuna.
Reclaman “mirada integral” sobre el arroyo
El Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) de la Cuenca de la Laguna del Sauce, aprobado en abril, “excluye al arroyo El Potrero, lo que no responde a una razón lógica”, expresó Claudio Martínez Debat.
Advirtió que “los planes de privatización afectan a ambas márgenes del arroyo”: la derecha, donde está Ocean Park (Municipio de Piriápolis), y la izquierda, correspondiente a Punta Ballena (Municipio de Maldonado). Por eso, la comisión reclama “una mirada integral de la problemática entre las distintas administraciones con jurisdicción allí, dado que el arroyo conecta la laguna del Sauce con el mar”.
