Baype SRL, empresa operadora de la estación de servicio DISA de la localidad de Gregorio Aznárez, anunció esta semana el cierre del establecimiento por motivos que atribuyó al impacto de las obras de ampliación de la ruta 9, que desarrolla el Ministerio de Transporte y Obras (MTOP) a través de Traxpalco SA.
Mediante un comunicado dirigido a la población, explicó que un túnel construido frente a la estación “queda a un nivel intermedio con una diferencia de un metro y setenta centímetros entre niveles de ruta y calle de servicio”, con lo cual se genera “una deficiencia total de acceso”.
Baype sostuvo que “durante mucho tiempo” intentó mantener abierto el negocio, “inclusive con pérdidas”, pero la situación la dejó “sin posibilidades” de continuar funcionando. “Hemos tomado la decisión de cerrar nuestra pequeña empresa. Desde el MTOP no habrá modificaciones a la obra debido al atraso de la misma, los costos agregados y la pérdida ocasionada a las empresas constructoras”, indicó la firma.
El cierre “perjudica directamente a sus habitantes”
Virginia Santos, suplente del diputado nacionalista Federico Casaretto, solicitó al MTOP que “revise la solución actualmente prevista para Gregorio Aznárez en consulta efectiva con el municipio de Solís Grande, las autoridades departamentales y los vecinos de la localidad”. Realizó el planteo mediante una nota que envió al presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, y que fue remitida a la Intendencia de Maldonado, la Junta de Maldonado, al municipio y el Instituto Nacional de Colonización (INC).
Santos reconoció que la obra de duplicación de la ruta 9, entre el empalme de la ruta 8 y la ruta Interbalnearia, “es necesaria y estratégica para Maldonado y la región”, pero consideró que debe ejecutarse “contemplando a las comunidades que atraviesa”. El proyecto en ejecución “modificó aspectos sustanciales sin que existiera una adecuada instancia previa de información y consulta con la comunidad y las autoridades locales”, advirtió en la nota, a la que accedió la diaria.
Añadió que “la consecuencia más grave y evidente es la pérdida de la estación de servicio”, porque es punto de abastecimiento tanto para los vecinos como para quienes circulan por una de las principales rutas nacionales. Con esto, los lugareños quedan “sin un servicio esencial”, se afectan los puestos de trabajo y también la actividad comercial de la localidad, observó.
“Resulta difícil de comprender que una inversión pública de tal magnitud, [con una inversión de 90 millones de dólares], cuyo objetivo era mejorar la conectividad y el desarrollo de la región, pueda terminar provocando el cierre de un servicio que funcionaba y perjudicando directamente a sus habitantes”, lamentó.
Santos pidió al MTOP analizar proyecto original
La diputada informó que la propuesta presentada en noviembre de 2024, elaborada tras instancias de intercambio con vecinos de la zona, contemplaba “una isla central de servicios, una estación de combustible, un área de estacionamiento y descanso con capacidad para 30 camiones y una solución a desnivel que permitía garantizar un cruce seguro para estudiantes y demás peatones de la localidad”.
Por esto, solicitó al MTOP que “recupere y analice el proyecto original”. A su juicio, “la solución definitiva debe permitir que Gregorio Aznárez recupere una estación de servicio con accesos adecuados y condiciones reales de funcionamiento, además de garantizar un área de servicios y descanso de camiones verdaderamente funcional y cruces seguros para peatones”.
Por otra parte, cuestionó el diseño de los retornos y su incidencia en vehículos de gran porte, como ómnibus y camiones: “Deben utilizar retornos [en carretera con tercer carril para entrar y salir de la localidad] a una distancia considerable”. A modo de ejemplo, explicó que un camión que circule desde Brasil en dirección a Montevideo y pretenda acceder al área de descanso proyectada sobre la margen sur “deberá continuar hasta el retorno, recorrer 900 metros y luego regresar hacia esa área y retomar su dirección original”.
A su vez, recordó que el proyecto original preveía la expropiación de entre seis y siete hectáreas pertenecientes al INC, “actualmente sin aprovechamiento productivo, para desarrollar parte de la infraestructura”. En ese sentido, reclamó que esa posibilidad sea “nuevamente considerada”.
Reacción de ediles blancos en la Junta
Desde la Junta Departamental, el coordinador de la bancada del Partido Nacional, Pablo Braganza, advirtió que “en la zona no va a quedar ninguna estación de servicio” y afirmó que “es una obra que se realiza de espaldas a la población y a los pequeños empresarios de la zona”.
Al exponer el caso en la sesión del martes 8, consideró importante que la Comisión de Nomenclatura, Tránsito y Transporte del legislativo departamental aborde este tema en su próxima reunión y que, eventualmente, la comisión o la Junta Departamental “realicen alguna gestión frente a la insensibilidad del nuevo directorio de Ancap y del MTOP”.
En tanto, la edila nacionalista Andrea Vicentino, añadió que el impacto “no solo es la conectividad, sino los puestos de trabajo que se pierden”, por lo que remarcó que es fundamental que la comisión de la Junta “tome en cuenta qué va a pasar con todos esos puestos de trabajo en un pueblo donde no abunda el trabajo”.
