Cuando la sombra del espionaje ilegal que acompañó a Mauricio Macri durante toda su carrera política parecía haber dado todo de sí, otro episodio sienta un nuevo umbral en la política argentina y anticipa nuevas temporadas.
Figuras de primer orden organizaron operaciones de inteligencia contra adversarios, pero, a su vez, mientras las ejecutaban, fueron objeto de filmaciones subrepticias perpetradas por alguien de su propio bloque político. Para completar una faena que parece inspirada en infinitos espejos borgeanos, quienes aparecen en el ojo de la tormenta atinan a argumentar que la principal prueba en su contra (los videos que salieron a la luz) es inválida porque fue obtenida de manera ilegal. Ilegal, sí, pero producida por aliados a quienes no se animan a denunciar.
Un nombre aparece en el centro del nuevo episodio: María Eugenia Vidal. Esta diputada nacional, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y niña mimada de dirigentes empresariales y medios de comunicación que hasta hace poco parecían obnubilados con una proyección presidencial, hoy aparece con las acciones en baja y envuelta en una red que la tiene como presunta victimaria a la vez que víctima de una vendetta.
En la última semana de 2021, la actual conducción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó una denuncia penal porque dijo haber encontrado en una computadora la filmación de una reunión realizada en junio de 2017, en la que un grupo de funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, directivos de inteligencia y empresarios tramaban el armado de causas contra el sindicato de la construcción de la ciudad de La Plata.
El entonces ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, llevaba la voz cantante. Estaban presentes el ministro de Infraestructura bonaerense, el subsecretario de Justicia, el intendente de La Plata, un senador provincial –todos ellos, se supone, de la órbita política de Vidal–, tres altos jefes de la AFI –de la órbita de Macri– y cinco empresarios de la construcción con obras en la capital de la provincia de Buenos Aires.
El locuaz Villegas, exdirector de recursos humanos de varias empresas, aportó color al encuentro. Dijo: “Esto te lo voy a desmentir en cualquier parte. Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”. Más allá de ese alarde, el resto de la filmación muestra cómo los funcionarios instruían a los empresarios para que las denuncias fueran efectivas. En algún caso, les reprocharon que sus quejas contra el jefe del sindicato en La Plata, Juan Pablo Pata Medina, mostraban la dureza de ese personaje, pero no constituían delitos. Les pidieron a los constructores que provocaran al sindicato con medidas arbitrarias y, si fuera necesario, mintieran. Para completar el guion, Villegas afirmó tener todo coordinado con jueces y fiscales para sacar al Pata Medina de la cancha.
La cita, el 15 de junio de 2017, fue llevada a cabo en pleno auge de la ofensiva judicial del gobierno de Mauricio Macri contra funcionarios del período anterior, mientras el país se encaminaba a las elecciones de medio término en agosto y octubre, a las que el oficialismo de entonces veía como el punto de inflexión para permanecer en la Casa Rosada durante una década.
No bien comenzó la gestión Macri, los resultados económicos fueron malos. A cambio, se activó una secuencia en la que medios de comunicación aliados –Clarín, La Nación, Infobae, América– publicaban denuncias contra exfuncionarios kirchneristas o personajes asociados. Jueces y fiscales federales de la Capital Federal (agrupados en lo que se conoce como Comodoro Py, por la avenida donde se emplaza el edificio que los alberga) aceleraban procesos y procedían a detenciones en el prime time televisivo con los imputados esposados, con casco y chaleco antibalas. El programa de medianoche del afable Alejandro Fantino advertía al aire quiénes serían los blancos por caer y no se privaba de editoriales amenazantes.
Así fueron detenidos decenas de funcionarios kirchneristas, desde algunos de alto nivel, como el vicepresidente Amado Boudou y el ministro Julio de Vido, hasta otros de segunda y tercera línea. Sobre algunos, en efecto, pesaban indicios de corrupción severos. El del exsecretario de Obras Públicas José López, que arrojó millones de dólares sobre la medianera de un convento, resultó un caso esperpéntico. Otros, en cambio, apenas eran opositores políticos y terminaron en la cárcel por causas sin fundamento. Comodoro Py inauguró un festival de prisiones preventivas bajo la novedosa figura del “poder residual” que podrían tener los imputados para torcer el rumbo de las investigaciones.
El macrismo se mostró preciso para apuntar a ciertos nombres con descrédito social, tanto como para exceptuar de la voracidad de los jueces federales a propios –la familia Macri o cualquiera de los múltiples funcionarios con intereses a ambos lados del mostrador– y extraños, como sindicalistas que actuaron como aliados y dejaron de ser “mafiosos” en el acto.
El caso del Pata Medina fue singular, ya que no se trataba precisamente de un “kirchnerista”, aunque sí de un peronista. Sus características violentas y las versiones sobre sus extorsiones tenían un amplio recorrido incluso alimentadas por el gobierno de Cristina Fernández. En el relato de Macri, Vidal y Fantino, Medina era un “mafioso” que cabía en la misma bolsa que un sindicalista docente sin ninguna sospecha delictiva en su contra.
El modus operandi expuesto por el video de la Gestapo no es novedoso. Mensajes de Whatsapp, la torpeza de los espías, arrepentidos y causas conexas sacaron a la luz una práctica de amplio calado de armado de causas, llevado a cabo entre 2015 y 2019. La novedad viene dada por la contundencia de la prueba. Ya no se trata de un registro de visitas de jueces federales al despacho de Macri el día anterior a emitir una sentencia (“fueron reuniones sociales”, argumentaron) o de un mensaje de whatsapp escrito con mayor o menor disimulo entre un fiscal y un agente. El video deja pocos márgenes de duda y hecha por tierra la novedosa interpretación de Comodoro Py, que acaba de decretar que los espías extorsionadores en la gran trama llamada Super Mario Bros eran en realidad “cuentapropistas”,personas que actuaban por decisión propia y en traición a la confianza depositada en ellas por Macri y su íntimo amigo Gustavo Arribas, jefe de la AFI entre 2015 y 2019. Una cámara de apelaciones con mayoría de un juez puesto a dedo por Macri –sin concursar– y otro que lo visitaba en la Casa Rosada trazó una línea y exculpó a Arribas y a varios jefes de la central de Inteligencia.
Sin embargo, resultó que alguno de los “cuentapropistas” participaba en reuniones con funcionarios de primer nivel del gabinete de Vidal y jefes de Inteligencia en la sede del Banco Provincia, a 100 metros de Plaza de Mayo.
El video de la Gestapo tomó con la guardia baja a Vidal. ¿Quién filmó a funcionarios en la aparente comisión de un delito en oficinas reservadas para las máximas autoridades de la provincia de Buenos Aires? ¿Fueron los propios espías participantes, con el fin de guardar material extorsivo, o hay que apuntar más arriba? ¿Filtraron el video “cuentapropistas” –algún agente que permanece en su puesto o mediante alguna pista dada a colegas para desencriptar el archivo– que ahora se sienten abandonados por Comodoro Py? ¿Se trató de un mensaje a Vidal un par de semanas después de que se animara a reflotar su sueño presidencial para 2023? ¿Cuántos videos aguardan en alguna computadora para salir a la luz en el momento indicado?
“El hecho de no verte y de saberte te agrega horror”, advierte Borges en “Al espejo”.
Tras diez días sin dar declaraciones, Vidal eligió romper el silencio en La Nación +, el canal de noticias que múltiples fuentes atribuyen a Macri y cuya pantalla no se esmera por disimularlo. Su versión causó perplejidad.
Primero, negó lo que parece evidente: “En mi gobierno no hubo ni mesa judicial ni causas armadas”. Luego, apartó a Macri de “cualquier actividad ilegal” de inteligencia. En una cornisa, se centró en el carácter espurio de la grabación y reclamó que las autoridades de la AFI (Arribas, amigo íntimo e inquilino de Macri, y Silvia Majdalani, antigua aliada del macrismo) dieran explicaciones ante la Justicia. También lamentó la expresión “Gestapo” y remató con una frase para diferenciarse del kirchnerismo que podría volverse en su contra: “No somos todos lo mismo”. La entrevista no incluyó repreguntas.
En rigor, el margen de maniobra de la exgobernadora parece acotado. Uno de los capítulos de la red de espionaje que funcionó durante el macrismo incluyó el cableado para filmar a presos del gobierno de Cristina y a sus abogados, seguimientos a la propia expresidenta, así como a dirigentes sociales, sindicalistas, religiosos, jueces y periodistas, pero también a los propios. Vidal, el jefe de gobierno de la Capital Federal y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, una hermana de Macri en pareja con un cuñado indeseado, el exvice de Larreta y hoy diputado Diego Santilli y muchos otros “aliados” fueron monitoreados por espías que respondían, precisamente, a uno de los participantes en la reunión Gestapo.
De hecho, Vidal, Larreta y Santilli son querellantes en la causa Súper Mario Bros, pero se encuentran en la difícil tarea de impulsar la investigación sin buscar responsables, porque en el partido Propuesta Republicana –conocido como Pro–, por ahora, prima la unidad. A propósito, ni el expresidente, ni nadie de su círculo íntimo, ni los jefes de la AFI, ni la hardliner Patricia Bullrich fueron víctimas de los “cuentapropistas”. Tuvieron suerte.
Existen versiones que indican que ciertas intimidades expuestas por los agentes de Súper Mario Bros pudieron haberles costado caro a jerarcas del Pro en su vida personal. Sin embargo, se da la insana situación de que tanto Macri como su secretario privado Darío Nieto, Arribas, Vidal, Larreta y Santilli pugnan por aglutinar todas las causas de espionaje en Comodoro Py, ya que algunas se originaron en jurisdicciones ajenas a la Capital Federal. Después de que hablara Vidal, un comunicado del Pro se precipitó a reclamar que la causa pasara a los tribunales federales de la capital argentina, ya que ahora está radicada en La Plata y avanza rápido. La experiencia indica que, apenas aterrizan los expedientes en Comodoro Py, se precipita una cadena de desprocesamientos que deja a todos felices, menos, al parecer, a los “cuentapropistas”.
Un ejemplo de hasta qué punto llega la comunión entre espías y espiados del Pro es el caso del exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián de Stéfano, presente en la reunión Gestapo. Se trata de uno de los beneficiados por una cámara de apelaciones de Comodoro Py, que consideró que pudo haber sido uno de los traicionados en su buena fe por los extorsionadores “cuentapropistas” de Súper Mario Bros que decían que reportaban a él.
El propio De Stéfano visitó en 2018 a un juez de la provincia de Buenos Aires para, presuntamente, exigirle que detuviera al poderoso líder sindical Hugo Moyano, un exaliado con el que Macri había roto en 2017. El espía De Stéfano admitió que había concurrido al despacho del juez, pero dijo que lo hizo con otro fin. La denuncia no prosperó y al poco tiempo el juez fue destituido. Cuando terminó la gestión Macri, De Stéfano consiguió un puesto jerárquico en la empresa Subterráneos de Buenos Aires, que depende de Rodríguez Larreta, su espiado. Allí permanece.
En cambio, la suerte le fue esquiva a Diego Dalmau Pereyra, considerado un traidor “cuentapropista” para el criterio de Comodoro Py, y uno de los presentes en la charla de la Gestapo.
Sebastián Lacunza, desde Buenos Aires.