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Cristina Fernández, desde su despacho del Senado. Foto: Captura.

Un viaje de lujo a la Patagonia alimenta la teoría del lawfare contra Cristina Fernández

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La vicepresidenta de Argentina expuso chats entre agentes de inteligencia, jueces federales, funcionarios de Larreta y ejecutivos del Grupo Clarín.

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Leído por Mathías Buela.
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Cristina Kirchner se reservó los últimos cuatro minutos de su discurso de este martes para el anuncio más importante de su intervención, tras conocer la primera sentencia en su contra dispuesta por un tribunal oral federal. “Mi nombre no va a estar en ninguna boleta en 2023”, dijo la vicepresidenta.

“No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor a que la maltraten en el período electoral con una candidata condenada”, explicó Cristina, echando por tierra las crecientes especulaciones para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en la primavera de 2023. La vicepresidenta identificó al accionista del Grupo Clarín – Telecom – Cablevisión Héctor Magnetto a la cabeza del “Estado paralelo y la mafia judicial” que, a su entender, la condenó. “No voy a tener fueros, pero mascota de usted, nunca”, dijo la jefa del peronismo cerca del final de su respuesta a la sentencia.

“A mí, administración fraudulenta contra el Estado, y estos, los amarillos (por el color del partido de Mauricio Macri), que nos dejaron 45.000 millones de dólares de deuda con el FMI, se pasean orondos en los aviones de Clarín”, denunció la vicepresidenta argentina.

Cristina aludió durante buena parte de su alocución, de casi una hora, a una filtración conocida durante el fin de semana de un chat de Telegram en el que participó Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, distrito gobernado por el precandidato presidencial de centroderecha Horacio Rodríguez Larreta.

El chat filtrado vino como anillo al dedo a la vicepresidenta para que insistiera en su denuncia de ser víctima de lawfare orquestado por servicios de inteligencia, jueces federales, funcionarios de Macri y medios de comunicación. El allegado a Larreta compartía diálogos con cuatro jueces -entre ellos, Julián Ercolini, instructor de la causa Vialidad que derivó en su condena-, otro funcionario de Larreta, dos altos ejecutivos de Clarín y dos exagentes de Inteligencia. Otro de los jueces participantes era Carlos Mahíques, integrante de Casación Federal, quien intervino en muchas decisiones que afectaron a Cristina.

El grupo usó Telegram para debatir la estrategia para contrarrestar una noticia publicada en Página 12 el 17 de octubre, que revelaba un viaje a la estancia de Joe Lewis, un empresario inglés amigo de Macri.

En el diálogo, D’Alessandro, Ercolini y el resto de los participantes traman todo tipo de ilegalidades como fraguar recibos, trasladar la causa iniciada en su contra a los tribunales federales de Buenos Aires -su terreno-, detener ilegalmente a un funcionario al que le atribuyen haber filtrado su presencia en el viaje, y hasta ironizan sobre cometer un asesinato. Todo ello condimentado con frases machistas, homofóbicas y racistas.

Cristina leyó varias líneas del intercambio, que bien pudo haber sido difundido por un servicio de Inteligencia paralelo o por una interna del macrismo. El diálogo trasunta que los directivos de Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey les hablan a sus contertulios como si fueran sus jefes.

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