El último informe de la organización Human Rights Watch (HRW), que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo, dedicó varios capítulos a la región de América Latina. Uruguay no está incluido en la investigación, pero países vecinos como Argentina, Brasil y Chile sí lo están y sobre ellos cayeron varias críticas. En concreto, según la organización, los gobiernos de América Latina y el Caribe “deben abordar problemas crónicos de derechos humanos como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental y, al mismo tiempo, proteger la democracia”.
En un año plagado de crisis de derechos humanos, sigue habiendo signos de esperanza y oportunidad.
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) January 12, 2023
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“La falta de respuestas eficaces ante la corrupción, la violencia y la pobreza ha sido usada como pretexto por parte de políticos que prometen soluciones que suenan sencillas pero que suelen resultar abusivas”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW. “Los líderes de la región deberían demostrar que la democracia puede responder a las necesidades de la población, promoviendo los derechos a la salud, la educación y la seguridad y fortaleciendo el Estado de derecho”.
En particular sobre América Latina el informe asegura que casi un tercio de la población vive en la pobreza, y más de una décima parte en la pobreza extrema; en contrapartida, más de 50% de los ingresos totales de la región terminan en manos del 20% más rico. Con un racismo lejos de ser erradicado, la pobreza y la desigualdad continúan afectando de forma desproporcionada a mujeres, niños, niñas y personas indígenas. Asimismo, presenta a la deforestación como uno de los desafíos más grandes de la región, en tanto la industria continúa destrozando los bosques y afectando la biodiversidad y los medios de quienes viven allí.
Regímenes opresivos y violencia en la región
Según el informe, Cuba, Nicaragua y Venezuela son “regímenes opresivos” que “cometen abusos aberrantes contra críticos para silenciar el disenso”. Ante esto, desde HRW aseguran que “los líderes de América Latina que han sido elegidos de manera democrática pueden desempeñar un papel esencial para presionar por una transición democrática, por ejemplo, al instar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela a que negocie condiciones electorales aceptables; al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua a que libere a más de 200 presos políticos; y al gobierno de Cuba a que retire los cargos penales contra personas detenidas arbitrariamente”.
Asimismo, el informe remarca “los altos niveles de violencia en la región” y señala que América Latina tiene “la tasa anual de homicidios más alta del mundo, de 21 homicidios por cada 100.000 habitantes”.
Al respecto, comenta que en El Salvador, “las medidas de mano dura impuestas por el gobierno del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad y el acelerado desmantelamiento de las instituciones democráticas han propiciado violaciones generalizadas de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”. En México, “los delitos violentos han llegado a máximos históricos”, asegura el informe, que critica la profundización de “las estrategias fallidas de militarización” que se habían implementado en gobiernos anteriores.
En la misma línea de violencia, el informe de HRW hace hincapié en Haití y sostiene que su sistema de justicia “está prácticamente colapsado”, a lo que se suma un brote de cólera y las calles dominadas por pandillas. También en Ecuador las pandillas son un problema y se destaca “la falta de control estatal en las cárceles”.
Democracia debilitada y próximos desafíos
Otro de los aspectos subrayados en el informe es la necesidad de “fortalecer los pilares de la democracia” teniendo en cuenta las elecciones que se celebrarán en muchos países de la región este año y el que viene.
Entre las advertencias que hacen desde HRW está la situación en Perú, luego de que el expresidente Pedro Castillo anunciara la disolución temporal del Congreso. También ponen el foco en Guatemala, donde el presidente Alejandro Giammattei y el Ministerio Público “han obstaculizado los procesos judiciales por hechos de corrupción y otros delitos graves, y han impulsado procesos penales espurios en contra de jueces, fiscales y periodistas independientes”.
En Honduras, subrayan que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro “suspendió algunos derechos fundamentales en ciertas áreas del país con el presunto objetivo de combatir la criminalidad, creando las condiciones para posibles abusos”.
También remarcan el caso de Argentina al sostener que una “retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel, y la corrupción, también presente en el Poder Judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho”.
“En Bolivia, un gobierno tras otro se ha servido de un sistema de Justicia vulnerable a la injerencia externa para impulsar procesos penales con motivaciones políticas contra opositores”, menciona el informe.
Entre los desafíos a futuro está la situación de Brasil, donde el presidente Luiz Inácio Lula da Silva “deberá revertir los retrocesos en derechos humanos provocados por el expresidente Jair Bolsonaro y restablecer la confianza en el sistema democrático”. También será un año de desafíos para Gustavo Petro en Colombia, “en un clima de violencia creciente causada por grupos armados, abusos policiales y altos índices de pobreza”.
Finalmente, en Chile, el presidente Gabriel Boric “debería avanzar con la reforma policial, la protección de migrantes y refugiados y mejorar el acceso al aborto”.