Guatemala cumplió una semana de protestas en defensa de los resultados electorales que dieron la victoria al Movimiento Semilla, liderado por Bernardo Arévalo.
Este lunes los manifestantes bloquearon calles y carreteras en 82 puntos del país para reclamar la salida de la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana. Los acusan de actuar desde sus cargos para revertir los resultados electorales y evitar que Arévalo asuma la presidencia el 14 de enero.
Para Porras, los bloqueos son “un delito”. Según citó el diario local Prensa Libre, la fiscal emitió este lunes un mensaje público, en el que dijo que hay personas “que sufren” porque no pudieron llevar alimentos a sus hogares debido a los cortes de rutas.
La jurista afirmó, además, que si bien existe el derecho a la protesta, “un grupo de guatemaltecos” la utilizan para generar “bloqueos, saqueos, cierres obligatorios con amenazas a comerciantes y obstrucción a sedes del Ministerio Público y juzgados”. En su opinión, “estas acciones ilegales vulneran gravemente los derechos de todos los guatemaltecos y el cumplimiento del mandato legal” de la propia Fiscalía.
Agregó que como fiscal general está “obligada a investigar todos los hechos denunciados” y a “garantizar el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes del país y las convenciones en materia de derechos humanos”.
Las manifestaciones comenzaron el 2 de octubre, impulsadas por las organizaciones indígenas del departamento de Totonicapán, y desde entonces han sumado el apoyo de organizaciones campesinas, sindicales, indígenas y estudiantiles, así como otras que nuclean a comerciantes, como la gremial que reúne a los mercados públicos del país.
La movilización surgió después de que el 29 de setiembre la Fiscalía General decidiera incautar actas de votación y cajas con papeletas de las elecciones de este año e impulsar un proceso judicial contra el Movimiento Semilla. Además, la Fiscalía llevó adelante varios allanamientos a la sede de ese partido y al Tribunal Supremo Electoral. Desde entonces, las protestas incluyen una concentración permanente frente a la sede de la Fiscalía General en Ciudad de Guatemala.
Los manifestantes no son los únicos que acusan de irregularidades a los actores judiciales. Antes de que surgiera esta crisis, tanto Porras como el fiscal Curruchiche habían sido acusados por Estados Unidos de “socavar” la justicia en su país.
Por su parte, Arévalo acusó a Porras de llevar adelante un “golpe de Estado” para evitar que asuma la presidencia en enero. “La persona directamente responsable de la crisis política que estamos viviendo es Consuelo Porras, quien ha utilizado la institución del Ministerio Público para intentar alterar el orden constitucional”, dijo Arévalo.
“Ahora aprovecha para culpar a la población que defiende la democracia, pero el rechazo hacia ella y sus acciones es total, profundo y absoluto. El único camino digno es su renuncia inmediata”, agregó el mandatario electo en su cuenta de X.
También en esta red social, Arévalo llamó “a todos los sectores a no caer en provocaciones y mantener las manifestaciones pacíficas”. Señaló que “el Ministerio Público insta a la violencia para reprimir las manifestaciones y generar un ambiente de tensión, que puede usarse de excusa para declarar un estado de sitio”.
La semana pasada, Arévalo viajó a Washington, donde tuvo una reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la que trataron sobre la crisis política de su país.
Según comunicó después el titular de la OEA, en el encuentro se abordaron “aspectos clave” de la transición de gobierno, la persecución judicial contra el Movimiento Semilla y “aspectos políticos y administrativos del cambio de mando en que deberá ser investido como presidente” Arévalo.
A su vez, el sábado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la OEA una reunión “de emergencia” para tratar la situación en Guatemala y “respaldar el voto ciudadano”. Señaló que en ese país se está preparando “un golpe de Estado” para desconocer los resultados electorales.
Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifestó que el gobierno de ese país “exhorta a las autoridades guatemaltecas a poner fin a estos actos de hostigamiento contra las instituciones electorales y a garantizar el proceso de transición democrática”.