“Las peores tragedias de nuestra historia han llegado de la mano de las políticas represivas”, advirtió ayer la organización Abuelas de Plaza de Mayo, en un comunicado en el que manifestó su rechazo al protocolo contra los cortes de calles en movilizaciones sociales que anunció la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.
El protocolo, que ayer recibió el apoyo expreso del presidente, Javier Milei, busca “evitar los cortes de la circulación de vehículos en la vía pública por piquetes y manifestaciones callejeras”, sean totales o parciales, según manifestó Bullrich el jueves. Para la ministra, esta disposición protege el derecho a la protesta al permitir que las manifestaciones “se realicen sobre las veredas”.
Además, esta serie de medidas incluye que el Estado reclame a los organizadores de aquellas movilizaciones que sean reprimidas que paguen por ese operativo de seguridad. “El Estado no va a pagar los operativos, se los van a tener que pagar ellos”, dijo Bullrich.
Se prevé que este “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” se ponga en práctica el miércoles, cuando está convocada una manifestación para recordar la crisis de 2001, el estallido social y las jornadas del 19 y 20 de diciembre, en las que hubo varios muertos por la represión estatal.
“Tienen toda la posibilidad de hacer la marcha del 20 de diciembre, la tienen que hacer por la vereda”, dijo Bullrich ayer a Radio Rivadavia. Según citaron eldiarioAr.com y la agencia Télam, la ministra afirmó que ese día será “una prueba de trabajo” para que “haya una convivencia”.
“Nada se va a conseguir marchando. Las cosas se van a conseguir por otras vías”, manifestó la ministra, que además repitió una advertencia de Milei: “El que corta, no cobra”, en referencia a prestaciones estatales.
Consultada sobre los mecanismos que se utilizarán para evitar que la gente marche por las calles, Bullrich se limitó a responder: “No queremos que se discuta públicamente el operativo, está bajo planificación y nuestro objetivo es que sea contundente”.
Abuelas de Plaza de Mayo manifestó en su comunicado que el protocolo “no respeta derechos y garantías elementales” reconocidos en la Constitución ni las normas internacionales para que los ciudadanos puedan “manifestar su descontento con las medidas de cada gobierno de turno”. La asociación manifestó su preocupación y señaló que el derecho a la protesta es “una garantía para el diálogo democrático entre el pueblo y sus representantes”.
“A poco de cumplir 40 años de la democracia más larga de nuestra historia, pedimos a nuestros gobernantes el respeto a los derechos y garantías de nuestra Carta Magna”, agregó.
Ayer se conoció además que el protocolo dispone la identificación de “los autores, partícipes, cómplices o instigadores que participen de marchas y piquetes”, mediante “filmaciones y otros medios digitales o manuales, con registro prioritario de los datos de sus líderes y organización con la cual se vinculan”. Asimismo, establece que esos datos se envíen a las autoridades, además de “proceder a su detención, cuando así corresponda legalmente”.
También prevé que los datos de aquellas personas que lleven niños a las marchas se comuniquen a las autoridades “a cargo de la protección de los menores”. En caso de los extranjeros que corten vías de transporte, se enviará su identificación a la Dirección Nacional de Migraciones, “a los fines pertinentes”.
La recopilación de información y la denuncia a las autoridades abarca la creación de un registro de organizaciones que convoquen movilizaciones y el reporte de aquellos vehículos usados por manifestantes que incumplan alguna norma.
Aunque la ministra afirma que la aplicación del protocolo se hará en todo el país, surgen dudas al respecto. Según informó Página 12, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, manifestó que en ese ámbito esta política no es “de aplicación obligatoria” porque “es un protocolo de aplicación federal”.
También abogados y otros actores judiciales cuestionaron la aplicación de este protocolo sin una legislación que lo ampare, según informó el diario Perfil. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo a ese periódico que “el derecho a la protesta pacífica incluye la posibilidad de cortar la calle”, y que “la prohibición absoluta es inconstitucional”.
“La protesta puede manifestarse de muy diversas formas, como cortes de ruta, cacerolazos, vigilias. Las condiciones en las que se presentan estas manifestaciones y reivindicaciones son complejas y requieren por parte de las autoridades respuestas adecuadas”, manifestó Gil Domínguez en su cuenta de X.
Señaló también que la limitación de ese derecho debe ser “razonable y proporcional” y que “ante una posible colisión determinada por el modo de la protesta entre el derecho de tránsito y el derecho de reunión, corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión es uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática”.
Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, una de las organizaciones convocantes a la marcha del miércoles, dijo que esa movilización se hará de todas formas y que se prevé la participación de 50.000 personas. Según citó Perfil, Belliboni agregó que el gobierno, “para cambiar las leyes, tiene que convocar a una Asamblea Constituyente y modificar el ordenamiento legal del país”. En su opinión, “hay amenazas luego de un plan de guerra contra los trabajadores” y “Patricia Bullrich vino a amenazar a aquellos que lógicamente van a protestar”.
Para el Centro de Estudios Legales y Sociales, las medidas anunciadas “atacan el derecho a la protesta, criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y política. Hasta regula un registro de organizaciones habilitadas a protestar. Pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías”.
En su cuenta de X, la organización consideró “grave” que se envíe ese mensaje a la Policía y afirmó que “Bullrich anunció que va a impedir con represión la protesta social”, y “lo hizo en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales”.