Las crecientes movilizaciones sociales que comenzaron en Bolivia el 1° de mayo, con múltiples reclamos sectoriales que terminaron canalizando en el pedido de renuncia al presidente Rodrigo Paz, prosiguen con intensidad en el país, a la vez que importantes entidades de la sociedad civil se lamentaron por la ausencia de diálogo entre las partes.
Los bloqueos en aproximadamente 50 puntos de las carreteras bolivianas, principalmente en el departamento de La Paz, pero también los hay en Oruro, Cochabamba y Potosí, llevados adelante por entidades campesinas, organizaciones de mineros, sindicatos y, en menor medida, por seguidores del expresidente Evo Morales, están poniendo al mandatario en una situación políticamente muy comprometida.
Al mismo tiempo, los hechos de violencia están comenzando a crecer, particularmente por la imposibilidad de las fuerzas policiales y militares de desalojar a los manifestantes de las rutas.
Luego de que el sábado se produjeran diversos hechos de violencia graves en la carretera que comunica a la capital La Paz con Oruro, de algo más de 200 kilómetros de extensión, el gobierno de Paz llamó al diálogo a varias organizaciones sociales que están liderando las protestas en el marco de la crisis generalizada que vive el país.
Pero la convocatoria no fue respondida, entre otras entidades, por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, dejando en claro la enorme distancia entre las partes, que además no cuentan con nexos válidos para lograr llegar a una instancia de diálogo.
Vastos sectores de la derecha boliviana, además de las influyentes entidades patronales del agronegocio del departamento de Santa Cruz, que están viendo severamente afectadas sus ganancias por los cortes de ruta que están dificultando la circulación en la zona oeste del territorio boliviano, sobre todo en las regiones andinas, vienen presionando a Paz para que decrete el estado de excepción, para así darle otras potestades a las fuerzas de seguridad, entre otras cosas.
Sin embargo, el mandatario, cuya fragilidad política es evidente, al igual que la enorme falta de apoyo que tiene dentro de su propio gobierno, prefiere no dar ese paso en el entendido de que conduciría de manera inevitable a un aumento de la violencia de insospechados alcances.
Fue en este contexto que, mediante un comunicado conjunto emitido este domingo, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y Provincias expresaron su preocupación por la falta de avances en la instalación de un diálogo entre las autoridades de gobierno y los sectores movilizados.
“La situación de violencia vivida la jornada del sábado evidencia la necesidad urgente de restablecer condiciones efectivas para la comunicación entre las partes en conflicto, con voluntad real de bajar la tensión y búsqueda de soluciones mediante mecanismos pacíficos”, expresaron las entidades en el comunicado, consignó la cadena radial boliviana Erbol.
Las entidades recordaron que la carretera La Paz-Oruro y sectores de la ciudad de El Alto “vivieron una nueva jornada de conflictividad social con enfrentamientos entre sectores movilizados, efectivos policiales y militares, hechos que generaron afectaciones a la integridad de personas, además de incertidumbre y preocupación entre la población ajena al conflicto”.
Las organizaciones además exhortaron al cese inmediato de toda acción violenta y demandaron una investigación “urgente, independiente y transparente” sobre los hechos ocurridos, especialmente aquellos relacionados con personas heridas, un fallecido y denuncias sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos.