En unos 20 países, 883 personas murieron el año pasado en ejecuciones judiciales, el número más alto en cinco años, de acuerdo con el informe anual sobre pena de muerte que elabora la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional.
El número de ejecuciones aumentó 53% en 2022 con respecto a 2021, y esas prácticas se concentraron en Medio Oriente y el norte de África, que reúnen 825 de la totalidad de los casos. Sin embargo, el informe advierte que no se cuenta con datos de algunos países que también aplican esta pena, como es el caso de China, Vietnam y Corea del Norte.
“Este aumento de las ejecuciones –que no incluyen las miles que se cree que se llevaron a cabo en China el año pasado– fue encabezado por países de Medio Oriente y el norte de África, donde las cifras documentadas pasaron de 520 en 2021 a 825 en 2022”, señaló la organización.
De las ejecuciones en países de los que sí se tienen datos, 90% ocurrieron en Irán, Arabia Saudita y Egipto. En Irán los casos aumentaron de 314 en 2021 a 576 en 2022. En Arabia Saudita, que llegó a ejecutar 81 personas en un solo día, el número creció de 65 en 2021 a 196 en 2022. Por su parte, Egipto redujo su número anual de 83 a 24.
“Los países de la región de Medio Oriente y el norte de África violaron el derecho internacional al aumentar las ejecuciones en 2022, revelando una cruel indiferencia hacia la vida humana”, señaló la francesa Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“En un intento desesperado por acabar con el levantamiento popular, Irán ha ejecutado a personas sólo por haber ejercido su derecho a protestar”, afirmó en un comunicado.
“Las ejecuciones registradas en 2022 alcanzaron la cifra más alta en cinco años debido a los baños de sangre que llevaron a cabo los ejecutores más célebres de Medio Oriente y el norte de África”, agregó. Después de estos primeros lugares aparece en el informe Estados Unidos, que es el único país de América en aplicar este tipo de pena, y que pasó de 11 ejecuciones en 2021 a 18 en 2022. Lo siguen Irak y Singapur, con 11 ejecuciones cada uno, Kuwait con siete, Somalia con seis, Sudán del Sur y Palestina con cinco, y Yemen, Bangladesh y Birmania con cuatro cada uno.
A su vez, Bielorrusia y Japón ejecutaron a una persona cada uno. La organización indica que no cuenta con datos de Afganistán y Siria, que también aplican esta pena.
El informe señala que algunos países que no habían ejecutado personas el año anterior volvieron a hacerlo en 2022. Se trata de Afganistán, Kuwait, Birmania, Palestina y Singapur.
Según Amnistía Internacional, pese a que el total de ejecuciones de 2022 fue el mayor en cinco años, las sentencias a la pena de muerte que se impusieron en el mundo bajaron de 2.052 en 56 países, en 2021, a 2.016 en 52 países, en 2022.
Los métodos utilizados para ejecutar personas incluyeron decapitación, horca, inyección letal y disparos. En cuanto a los delitos castigados con la pena de muerte, 37% estuvieron vinculados con las drogas. “Las ejecuciones por delitos de drogas violan el derecho internacional de los derechos humanos, que establece que sólo deberán llevarse a cabo ejecuciones por ‘los más graves delitos’, es decir, aquellos en los que hubo homicidio intencional”, señaló la organización. “Es importante destacar que a menudo son las personas de entornos desfavorecidos las que se ven afectadas de manera desproporcionada por este cruel castigo”, dijo la secretaria general de Amnistía Internacional.
Callamard pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a los gobiernos que “aumenten la presión sobre los responsables de estas flagrantes violaciones”. Según recordó Amnistía Internacional, 125 de los 195 países integrantes de la ONU pidieron una moratoria sobre las ejecuciones. Esto, señaló, permite “tener esperanza de que este castigo abominable pueda ser relegado a los anales de la historia”.
La organización destacó como un “rayo de esperanza” que seis países hayan abolido la pena de muerte de manera total o parcial a lo largo de 2022. Señaló que Kazajistán, Papúa Nueva Guinea, Sierra Leona y la República Centroafricana la eliminaron para todos los delitos, y Guinea Ecuatorial y Zambia sólo para los delitos comunes.
Amnistía Internacional recordó que 112 países abolieron la pena de muerte hasta el año pasado y que otros nueve lo hicieron para delitos comunes. Cinco más –Ghana, Liberia, Sri Lanka, las islas Maldivas y Malasia– evalúan hacer lo mismo.