El Consejo de Ministros español inició los trámites para la regularización extraordinaria de migrantes que pactó el lunes con Podemos en el marco de las negociaciones para la convalidación de otros decretos –el del escudo social y el del abono de transportes–. La estimación es que unas 500.000 personas podrán acogerse a la regularización. “Esta es una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria”, afirmó el martes la portavoz del gobierno y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz: “Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social”.
Las personas extranjeras en situación irregular, que pidieran asilo o que llevaran más de cinco meses en España el 31 de diciembre de 2025, podrán solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. Uno de los requisitos es que no tengan antecedentes penales. La administración tendrá 15 días para responder a las solicitudes y una vez admitidas las personas podrán trabajar “en cualquier sector y en cualquier parte” del país. “Esto beneficia al trabajador o trabajadora que gana derechos, pero también a las empresas que ganan seguridad jurídica”, dijo Saiz.
“El mecanismo que se está trabajando en su diseño es sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”, mencionó la jerarca en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la medida, que sigue el “espíritu” de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que firmaron más de 700.000 personas y que fue admitida a trámite en el Congreso con el voto favorable de todos los grupos, excepto Vox.
Las personas que cumplan con los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. “Transcurrido ese plazo, podrán incorporarse a las figuras previstas en el propio Reglamento de la Ley de Extranjería, lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema”, apuntó.
En el caso de los menores, la regularización se llevará a cabo “simultáneamente” a los progenitores y, en su caso, se otorgará por un período inicial de cinco años, según explicó la ministra: “Sabemos que la integración no es individual, es familiar”.
La medida supone un revulsivo en materia de inmigración en un momento en el que la extrema derecha ha doblado su ofensiva contra los extranjeros tanto en España con Vox como a nivel internacional. El anuncio se produce apenas unos días después de un nuevo asesinato de la Policía antiinmigración de Donald Trump en Minneapolis.
“No solamente pretendemos seguir siendo faro, sino que quiero pensar que vamos a ser semilla y germen para luchar contra el avance de esa ola ultraderechista que intenta abrirse paso y en contra vamos a poner todo lo que está en nuestras manos, para frenarla, con coherencia, con valores y con lo que ha sido siempre nuestro país, un país que tiene memoria, un país que ha sido inmigrante, que hoy es un país de oportunidades”, dijo la portavoz.
Al mismo tiempo, la medida supone un acercamiento del gobierno a Podemos, que se había distanciado en los últimos meses. No obstante, la formación de Ione Belarra ha asegurado que este acuerdo no supone un intercambio por los presupuestos y mantiene otras exigencias, como bajar los alquileres por ley y no subir el gasto militar. No obstante, la exministra de Podemos Irene Montero sí abrió la puerta a negociar el traspaso de competencias migratorias a Cataluña tras lograr desbloquear la regularización.
La cesión de las competencias a la Generalitat es una de las condiciones impuestas por Junts a Pedro Sánchez y figura en el listado de incumplimientos que llevó a Carles Puigdemont a la ruptura en octubre. Podemos tumbó la ley, en buena medida, por el contenido xenófobo de la exposición de motivos de la propuesta de Junts, que tiene una dura competencia con la fuerza ultraderechista Aliança Catalana. “Nosotras siempre hemos estado dispuestas a negociar un texto para que no tenga ningún contenido racista, y siempre dijimos que antes de hablar de competencias había que hablar de derechos”, dijo Montero el martes en una entrevista en Ser Catalunya. No obstante, Junts sigue en el “no” al decreto del escudo social porque se opone a la prohibición de los desahucios de personas vulnerables.
El gobierno, en paralelo, está trabajando en la publicación de las balanzas fiscales y en la oficialidad del catalán en la Unión Europea, que son otras dos de las grandes exigencias de Puigdemont. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que la semana pasada hubo una reunión “importante” para convencer a uno de los países recelosos [Alemania] hacia esa medida, que requiere de la unanimidad de los 27, y acusó al PP de torpedearla: “Cada vez que nos vamos acercando al objetivo, lo único que conseguimos es que el Partido Popular se active y empiece a llamar a sus socios europeos con auténticas patrañas”.
Este artículo fue publicado originalmente por elDiario.es.