En varias marchas organizadas en distintas zonas de Venezuela, los seguidores de Hugo Chávez le rindieron homenaje al expresidente en el aniversario de su muerte, ocurrida en 2013, y se dirigieron desde distintos puntos hacia el Cuartel de la Montaña, donde se encuentra su mausoleo.
Este aniversario encuentra a los herederos políticos del chavismo en medio de fuertes contradicciones. El gobernante que quedó en el poder al morir Chávez, Nicolás Maduro, se encuentra preso en Estados Unidos después de ser capturado en Caracas por militares de ese país, y en la misma situación está su esposa, Cilia Flores.
Mientras tanto, la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que pasó a liderar el Ejecutivo venezolano con el visto bueno de Washington, publicó en sus redes sociales: “A 13 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, sentimos su presencia viva en cada lucha y en cada victoria del pueblo. Nos enseñó a amar profundamente a esta tierra, a levantar la frente con dignidad y a no rendirnos jamás”.
También el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente, publicó en X que “el llamado del comandante Chávez a la transformación profunda de las estructuras políticas y sociales sigue siendo nuestra hoja de ruta”.
Un día antes, el miércoles, Rodríguez se reunió en el Palacio de Miraflores con una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Interior, Doug Burgum, y junto a él pidió que se acelere la tramitación de una reforma de la Ley de Minas, que será presentada “en los próximos días” a la Asamblea Nacional venezolana. Ese proyecto tiene como objetivo desarrollar el sector con inversión nacional y extranjera.
Se busca una “fórmula virtuosa” en la que gane el empresario extranjero y el pueblo venezolano presentando oportunidades de inversión en minería, dijo Rodríguez. “Nosotros queremos dar un gran impulso al desarrollo nacional, que el pueblo venezolano vea también los atributos, las cosas buenas de tener buenas relaciones en el mundo y de tener buenas relaciones con los Estados Unidos”, dijo.
Burgum dijo en el Palacio de Miraflores que delegados de unas “dos docenas de empresas estadounidenses, de las más grandes, de las más fuertes, de las mejores del mundo en minerales y minería”, fueron parte de su comitiva en esta visita a Caracas. Ese mismo día, el presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que Delcy Rodríguez “está haciendo un excelente trabajo”.
Maduro y Flores ante tribunales
Al tiempo que Rodríguez recibía a Burgum, en Estados Unidos el abogado de Cilia Flores, Mark Donnelly, pidió a un tribunal de Nueva York que desestime la imputación contra ella, dado que el gobierno “interfiere” con su derecho constitucional a una defensa justa al impedir que las autoridades de Venezuela financien sus honorarios. Lo mismo planteó semanas atrás el abogado de Maduro, Barry Pollack.
En enero, Pollack anunció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros le concedió un permiso para que pudiera cobrar sus honorarios del gobierno de Venezuela, ya que tanto Maduro como Flores tienen sanciones económicas impuestas por Washington que les impiden acceder a sus cuentas. Pero el permiso fue revocado, y lo mismo pasó después, el 28 de febrero, con uno similar que fue otorgado para la defensa de Flores.
Donnelly argumentó que “es difícil concluir que esta acción haya sido tomada por ninguna otra razón que no sea una represalia”, y señaló que, al igual que Pollack, si la decisión no se revierte, pedirá autorización para dejar de representar a Flores debido a la imposibilidad de cobrar por su trabajo, informó la agencia Efe.
Maduro, que informó al tribunal que el gobierno de Venezuela está dispuesto a pagar su defensa, enfrenta en Estados Unidos cargos de conspiración para cometer delitos de narcoterrorismo, importar cocaína y poseer armas. A su vez, Flores es acusada de cargos vinculados con ingresar cocaína al país y posesión de armas.
Pollack, en su reclamo, afirmó que “el gobierno de Estados Unidos, aun cuando autoriza innumerables transacciones comerciales con Venezuela, está prohibiendo que la defensa reciba fondos no contaminados” para financiar sus honorarios, y advirtió que “cualquier juicio que se lleve a cabo bajo estas circunstancias será inconstitucionalmente defectuoso y no podrá producir un veredicto que resista impugnaciones futuras”.