El programa Paren el mundo, de la diaria Radio, entrevistó a Érika Guevara Rosas, abogada mexicana que es directora global de Investigación, Incidencia, Políticas y Campañas de Amnistía Internacional.
La activista se refirió puntualmente a un reciente informe sobre la violencia contra la población palestina en aldeas de Cisjordania. Titulado “Borrado de todo lo palestino: limpieza étnica de comunidades beduinas y dedicadas al pastoreo perpetrada por Israel en Cisjordania”, fue presentado por la entidad el 10 de junio.
En el diálogo con Paren el mundo, Guevara especificó que el trabajo realizado por Amnistía Internacional se centró en el Área C de la Cisjordania ocupada, una zona clave porque comprende casi el 60% del territorio cisjordano. Al mismo tiempo, esta área, que está en pleno control civil y militar israelí, cuenta con un número reducido de habitantes palestinos, por lo que es estratégica en múltiples sentidos: es un área extensa en recursos naturales, en aguas, en tierras agrícolas de pastoreo, pero además es de enorme importancia geopolítica para Israel.
A propósito de este tema, expresó: “Nos enfocamos en esa área precisamente por esa importancia histórica y geopolítica, y es ahí a donde dirigimos nuestros esfuerzos de investigación de campo, a 27 comunidades beduinas y dedicadas al pastoreo en esta Área C. Contamos con nuestro equipo de investigación, que se basa en los territorios ocupados palestinos en la ciudad de Ramala, donde tenemos nuestra oficina y un equipo importante de investigación que se estuvo desplazando en estas comunidades para poder hacer entrevistas. Hablamos con más de 40 personas afectadas por el desplazamiento debido a la violencia y a la ocupación territorial; entrevistamos también a personas defensoras de los derechos humanos, profesionales del derecho y utilizamos múltiples fuentes documentales, incluidas legislaciones que Israel ha proclamado en los últimos años, así como declaraciones de autoridades. Además, nuestro laboratorio de evidencia pudo recabar y verificar cientos y cientos de pruebas, de evidencias videográficas que se le hicieron llegar a la organización o que han sido públicas porque muchas organizaciones palestinas e israelíes de derechos humanos han podido recabar esta evidencia”.
Guevara explicó que en diferentes conflictos se habla de limpieza étnica, que no está necesariamente tipificada como un delito independiente en los tratados internacionales. Sin embargo, en el marco de protección bajo el derecho internacional, tanto de los derechos humanos como del derecho humanitario, se reconocen prácticas que buscan expulsar a un grupo étnico o religioso mediante la fuerza y la intimidación, que constituyen graves violaciones y que pueden constituir graves delitos, como, en este caso, delitos de lesa humanidad, de desplazamiento forzoso, de transferencia forzosa de persona y crímenes de guerra.
“En el caso de la Cisjordania ocupada, y en este caso específico que documenta Amnistía Internacional en el Área C, pudimos constatar, a partir de toda la evidencia y el análisis legal que hemos hecho, que evidentemente se trata de gravísimas violaciones del derecho internacional, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra. Esto ha afectado a un porcentaje importante de la población con el desplazamiento forzoso, pero también con otros actos de violencia que han constituido lesiones graves, incluido el asesinato de personas palestinas en manos de colonos violentos que, con la complicidad del Estado, cometen estos crímenes”, explicó la experta.
“La limpieza étnica como política de Estado se ha venido acelerando en los últimos años y ha sido parte esencial de la política de Israel por muchas décadas, con la intención de anexarse los territorios ocupados palestinos que ya tiene bajo su control y cuya población se encuentra bajo su control absoluto mediante un sistema de apartheid que también se determina como un crimen de lesa humanidad y bajo el cual oprime y controla, o más bien suprime, todos los derechos fundamentales de la población palestina”, agregó.
Si bien la violencia en el terreno contra los pobladores palestinos es ejercida por los colonos extremistas, no responde a impulsos de grupos pequeños o aislados en la sociedad israelí, sino a una política sistemática estatal. Es una violencia que ha sido instrumentalizada para poder implementar esta política de desplazamiento, de ocupación territorial, cuya finalidad última es apoderarse del territorio.
“Esta violencia de los colonos es una violencia que ha sido facilitada por el Estado de Israel. Se les ha proveído de armamento en los últimos años, a partir de octubre de 2023, a partir de los atroces ataques de Hamas en Israel. Se han acelerado las licencias para aportar armas de estos colonos en la Cisjordania ocupada. Se ha facilitado también esta violencia mediante una impunidad absoluta en cuyo marco no se investigan estos actos de violencia. Pero también es una violencia que viene acompañada por la violencia del propio ejército de Israel, por las propias fuerzas de seguridad”, amplió.
Los ataques de los que son víctimas los palestinos que viven en esta zona son, además de ataques directamente contra su vida y con los que se causan lesiones, también contra sus medios de vida: sus tierras de pastoreo y su ganado.
Al respecto, Guevara explicó: “Se les destruyen sus tierras agrícolas. Se les restringe el acceso al agua. Se confisca o se asesina su ganado, que es con el que sostiene su medio de vida. Se bloquea el acceso a sus tierras de pastoreo o se utilizan sus tierras de pastoreo de manera ilegal. Y esta violencia que desplaza a las comunidades va acompañada por la imposición con el establecimiento de estos puestos de avanzada, que son ilegales tanto bajo el derecho internacional como bajo la legislación de Israel. Todo esto permite que los colonos se vayan expandiendo y ocupando el territorio mediante la destrucción de las viviendas, de todos los medios de subsistencia y de todas las instalaciones civiles que existían en esas comunidades”.
La experta de Amnistía Internacional dijo además que, si bien esta política de Israel sobre el Área C no es nueva, sí tuvo una marcada aceleración durante el actual gobierno que encabeza el primer ministro Benjamin Netanyahu, el Ejecutivo más derechista y extremista de la historia israelí.
“Desde enero de 2023 vemos una aceleración no solo en actos de complicidad con los colonos violentos, sino en la adopción de legislación que busca precisamente expandir estos asentamientos ilegales y el control territorial. Vemos una aceleración del armamento que se destina a estos colonos y a sus organizaciones”.
De acuerdo con estimaciones de varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos palestinas e israelíes, se calcula que desde enero de 2023 a abril de 2026, 117 comunidades palestinas en toda la Cisjordania ocupada han sufrido desplazamiento total o parcial debido a la violencia de los colonos. Aproximadamente 6.000 palestinos fueron desplazados por esta violencia y más de 3.000 viviendas fueron destruidas. Además, otras estructuras civiles fueron demolidas, por lo que no se permite el retorno de estas personas a sus comunidades de origen. Pero se calcula que más de 33.000 personas refugiadas palestinas dentro de la Cisjordania ocupada fueron desplazadas por el ejército israelí o en operaciones militares de Israel en los últimos años.
Guevara considera que la falta de acción, la pasividad de la comunidad internacional y las medidas que han tomado, que son muy puntuales –por ejemplo, la sanción de colonos violentos o de sus organizaciones–, han sido insuficientes. “Lo que está ocurriendo en la Cisjordania ocupada no es una crisis espontánea, es una política planificada durante décadas para vaciar el territorio palestino, consolidar el control del Estado de Israel y avanzar hacia una anexión”, sostuvo.
“Así es que en esta oportunidad no solo hacemos este enérgico llamado a la comunidad internacional para que tome todas las medidas necesarias para poner fin a estas atrocidades. Entre esas medidas, nuestro llamado se centra en que se impongan sanciones a cinco ministros de mayor responsabilidad en los crímenes contra la población palestina. En este informe documentamos esta limpieza étnica, estos crímenes de lesa humanidad, de desplazamiento forzoso, de transferencia forzosa, y entre ellos se encuentran el primer ministro, Benjamin Netanyahu, el ministro de Economía, Bezalel Smotrich, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, la ministra de Asentamiento y Misiones Nacionales, Orit Strook, y el ministro de Defensa, Israel Katz”, agregó.
“Identificamos a estas cinco personas como las autoridades de mayor responsabilidad en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad, estos crímenes de guerra en el contexto de la limpieza étnica del Área C de la Cisjordania ocupada. Consideramos que es necesario que la comunidad internacional imponga sanciones, porque se deben a obligaciones internacionales adquiridas por las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de setiembre de 2024, que, tras la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, determinó que se deben tomar todas las medidas para poner fin a la ocupación ilegal y a todos los crímenes que comete Israel, incluido el apartheid, dentro de los territorios ocupados palestinos”, dijo.
“Así es que es una obligación internacional y es un mensaje contundente de que esto se trata de una política planificada del Estado y no de unos cuantos extremistas, como se ha querido presentar”, concluyó.