La organización Amnistía Internacional (AI) publicó este miércoles un informe que denuncia el desplazamiento étnico de ciudadanos palestinos, forzado por el gobierno de Israel en Cisjordania.
En el reporte, titulado “Borrado de todo lo palestino: limpieza étnica de comunidades beduinas y dedicadas al pastoreo perpetrada por Israel en Cisjordania”, la organización da cuenta de casos de violaciones a los derechos humanos perpetradas por colonos israelíes, en particular en el área C, uno de los sectores administrativos en los que se divide la región y que está bajo control administrativo y militar de Israel.
En el resumen ejecutivo realizado por la organización de derechos humanos con sede en Londres se agrega que las acciones forman parte de una “campaña de limpieza étnica” que tiene como objetivo “acelerar la agenda anexionista del gobierno israelí y la expansión de los asentamientos mediante crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”.
Según consta en el documento, y con base en datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, durante los últimos tres años cerca de 5.910 personas en 117 comunidades fueron desplazadas total o parcialmente, y buena parte de las poblaciones afectadas se encuentran en el área C y son “aterrorizadas por colonos israelíes con motivaciones ideológicas”.
En el reporte se indica que las acciones denunciadas “han agravado deliberadamente un entorno ya coercitivo, dirigido a causar el desplazamiento y desposesión de la población palestina”, y que se ve complementado por “políticas estatales de imposición de restricciones de acceso, demolición de viviendas y expansión de los asentamientos” por parte del gobierno de Israel.
El documento subraya que los crímenes denunciados “continúan cometiéndose y son parte del sistema israelí de apartheid”, y apunta al “importante cambio de velocidad y escala en la formalización de las medidas de anexión” tras la última asunción de Benjamin Netanyahu como primer ministro, en 2022.
Según AI, el gobierno de Netanyahu “intensificó las políticas de judeización dirigidas a maximizar el control judeoisraelí de las tierras”, obligando a la población palestina “a vivir en enclaves fragmentados y densamente poblados, con el objetivo de minimizar su presencia”.
Desde la organización denunciaron que la administración de Netanyahu “expandió los asentamientos y los proyectos conexos de infraestructura a un ritmo sin precedentes”, y que permitió la legalización retroactiva de al menos 39 “puestos de avanzada no autorizados”, con un incremento del apoyo logístico y financiero a sus integrantes, incluida la facilitación de licencias de armas de fuego para llevar adelante “una campaña de violencia sin precedentes” en la zona.
Es así que AI considera que “en el contexto de la ocupación ilegal mantenida por Israel y su imposición de un sistema de apartheid a la población palestina”, sumado al “genocidio que se está perpetrando en Gaza”, las autoridades israelíes son responsables de cometer “violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y humanitarios en aplicación de una política de limpieza étnica”.
En consecuencia, desde AI llamaron a la comunidad internacional a suspender “las actividades que contribuyan o estén vinculadas directamente al mantenimiento de la ocupación ilegal israelí”, así como a “prohibir la aportación de fondos o cualquier otra forma de asistencia a organizaciones que sean parte de la industria de los asentamientos”. Asimismo, exigieron la imposición de sanciones a altas autoridades del gobierno de Israel, con “prohibiciones de entrada y congelaciones de activos y otras restricciones financieras”.
Por último, intimaron a las autoridades israelíes a suspender inmediatamente el traslado forzoso de las comunidades palestinas y exigieron el desmantelamiento de “todos los asentamientos y puestos de avanzada”. Del mismo modo, instaron al gobierno de Israel a garantizar las necesidades humanitarias de las personas desplazadas y exigieron la instauración de mecanismos de reparación que permitan subsanar “los daños sufridos, en especial los homicidios y las lesiones graves”. “Los responsables de estos crímenes deben rendir cuentas”, concluye el documento.