La campaña presidencial colombiana de 2026 ha sido la más polarizada y tensa en décadas. Los resultados de la segunda vuelta nunca habían sido tan reñidos: según el preconteo, el nuevo presidente será el candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, con 49,7% de los votos, quien se impuso por solo 0,9 puntos porcentuales al candidato oficialista Iván Cepeda, que terminó en 48,7%.
Con una participación que superó el 63% del censo electoral, la más alta de la historia, este resultado tan reñido da cuenta de la profunda división que vive Colombia. El gran interrogante ahora es cómo asumirá el nuevo presidente el enorme reto de gobernar en un país partido en dos, y si tendrá la voluntad de incluir a ambas partes no solo en el terreno discursivo, sino en su gestión del poder durante los próximos cuatro años.
Un país fracturado
Hace un mes y medio, pocos imaginaban el resultado del 21 de junio. Desde hacía varios meses, todas las encuestas mostraban a Iván Cepeda como el favorito, en un cómodo primer lugar y con varios puntos de ventaja sobre sus competidores. La primera vuelta representó un duro golpe para Cepeda. En la campaña del Pacto Histórico estaban convencidos de que el candidato de la izquierda no solo obtendría el primer lugar, sino que incluso podría superar el 50% de los votos y evitar el balotaje. Pero la sorpresa no tardó en llegar: De la Espriella consiguió 43,74%, una ventaja de casi 3 puntos porcentuales sobre Cepeda, que sumó 40,9%, en una elección que además tuvo también una participación muy alta para los parámetros colombianos: 57% del censo electoral.
En esa elección, el outsider De la Espriella no solo venció por escaso margen a la izquierda, sino que además relegó a la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, a un lugar casi marginal, con menos de 7% de los votos.
Para la campaña de Cepeda fue difícil sacudirse del shock de esa derrota. Pero en las dos semanas previas a la segunda vuelta la dinámica cambió, no solo por los acercamientos de Cepeda a otros actores políticos, sino por una impresionante movilización de grupos de ciudadanos que desde diversos lugares del país y de la sociedad se organizaron para impulsar la campaña de la Alianza por la Vida. Con ese apoyo, Cepeda demostró su capacidad para crecer, alcanzando más de tres millones de votos adicionales que, sin embargo, no le alcanzaron para ganar la presidencia.
En términos geográficos, los resultados de las dos vueltas electorales fueron prácticamente iguales y muy similares a los de 2022 y muestran, de manera muy clara, la división del país en dos mitades. El Pacto Histórico ganó en el Caribe, el Pacífico, el Suroccidente y la mayoría de los departamentos fronterizos, territorios muy marcados por la débil presencia del Estado, la desigualdad y la violencia asociada al conflicto armado. También ganó en Bogotá, donde en la segunda vuelta le sacó 7 puntos de ventaja a De la Espriella, aunque por debajo del margen con que Petro ganó la capital en 2022. De la Espriella, por su parte, ganó en toda la zona central del país, en Antioquia, bastión de la derecha colombiana, y en la región de los Santanderes. Además, ganó en Caquetá y Guaviare, dos departamentos del sur del país con fuerte presencia de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y en Tibú, municipio del Catatumbo, región fronteriza con Venezuela que vive una grave crisis humanitaria desde inicios de 2025.
La violencia volvió a jugar un papel central en la campaña. La Misión de Observación Electoral ha documentado más de 400 casos de agresiones contra líderes políticos y candidatos, comenzando con el atentado que le costó la vida al precandidato Miguel Uribe Turbay a mediados de 2025. Pero la violencia continuó con diversas acciones: amenazas de muerte contra De la Espriella, Cepeda y Valencia, el secuestro durante unas horas de la senadora Aida Quilcué por las disidencias de las FARC, una ola de acciones terroristas en varios puntos del país a finales de abril que dejaron al menos 20 personas muertas y varias heridas, y el asesinato de dos coordinadores locales de la campaña de De la Espriella, entre muchas otras.
Por eso, en los días previos a la votación, las autoridades electorales y el propio presidente Petro hicieron llamados a la calma y a confiar en el proceso y sus resultados. Pero en todo caso resulta claro que, a pesar del hito que representó el Acuerdo de Paz de 2016, no se ha logrado que la violencia deje de ser parte de la vida política en el país, un factor que ha sido instrumentalizado para mover las emociones de los votantes.
Los temas que definieron la contienda
La campaña electoral se basó, en efecto, mucho más en las emociones que en las propuestas, y la emoción más evidente fue el miedo, un miedo visceral al “otro”. La derecha siguió alimentando el relato de que otros cuatro años con la izquierda en el poder llevarían a un deterioro aún mayor de la seguridad, usando el fantasma del narcoterrorismo de los años 90 para argumentar que era necesario volver a la “mano dura” y dejar de lado cualquier intento de búsqueda de la paz por la vía negociada. Con eslóganes como “La paz no se negocia, se impone” o “¡Con los criminales no habrá negociación!”, De la Espriella ha afirmado que implementará lo que llama una pax romana, con propuestas de claros tintes populistas y cuya implementación es muy difícil o incluso ilegal, pero que evidentemente fueron suficientemente atractivas para una parte importante del electorado.
Por su parte, la campaña del Pacto Histórico mantuvo su compromiso con la defensa de la vida y con la búsqueda de la paz por la vía negociada, aunque con matices que se introdujeron para atraer a un electorado más amplio que ve con preocupación la expansión y el fortalecimiento de algunos grupos violentos en los últimos años, aprovechando los espacios generados por la política de “paz total” de Petro.
En materia económica, el miedo también fue protagonista. Los sectores afines a la izquierda denuncian los riesgos de que el regreso de la derecha signifique un retroceso en las reformas sociales implementadas durante la actual administración (laboral, pensional y de salud) y en los avances logrados en la reducción de la pobreza y en la entrega de tierras al campesinado, en el marco de un esfuerzo por concretar una reforma agraria que ha estado pendiente por décadas. Pero, por otro lado, un sector grande de la población, sobre todo en las clases altas, pero también entre una parte significativa de la clase media, está preocupado por la situación fiscal del país y por el riesgo de un aumento de la inflación. El histórico incremento del salario mínimo durante el gobierno de Petro, en particular en 2026, ha sido interpretado por muchos de estos sectores como un ataque directo al sector empresarial y a la iniciativa privada. Y la campaña de la derecha supo explotar todos esos temores y ansiedades.
El factor Petro en la campaña
Un punto aparte es el papel que jugó Petro en la campaña electoral, y cabe preguntarse hasta qué punto sus acciones le costaron la elección a Cepeda. El presidente no fue un actor neutral, aun si se supone que, por ley, debería serlo. Participó activamente, tanto en redes sociales como en sus intervenciones públicas. Después de la primera vuelta, desconoció los resultados del preconteo y denunció un supuesto fraude sobre el que no pudo presentar ninguna prueba, a pesar de que todos los observadores nacionales e internacionales dieron fe de la confiabilidad del proceso. Su actitud en ese frente representó un lastre para la candidatura de Cepeda. Hubo incluso un estratega político que sugirió que Petro prefería que ganara De la Espriella para convertirse en el líder de la oposición, como una manera de explicar los contraproducentes comportamientos del presidente.
El Tigre que gobernará Colombia
De la Espriella es abogado, colombiano de nacimiento, con nacionalidad italiana y estadounidense. Apodado “el Tigre”, De la Espriella, que llega a la presidencia sin haber ocupado nunca un cargo de elección popular o en la rama ejecutiva, ha construido su imagen como un outsider político, muy en la línea de otras figuras de la extrema derecha latinoamericana. Entre sus propuestas, ha dicho que retiraría a Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –a las que considera bastiones de la izquierda–, que legalizará el porte de armas para civiles y que acabará con todos los procesos de paz con grupos armados. Con una personalidad excéntrica y un discurso cargado de insultos e invectivas contra sus oponentes, se presenta como un defensor de la “familia tradicional”, con una agenda social que refleja la influencia de sus aliados evangélicos conservadores.
Su victoria inaugura una etapa de incertidumbre. Muchas de sus propuestas son directamente inviables dentro del ordenamiento jurídico colombiano, y para algunos no es claro si el presidente electo estaría dispuesto a pasar por encima de las leyes o a modificarlas a su voluntad para implementar su agenda. Su estrecha cercanía con Donald Trump y presidentes como Javier Milei y Nayib Bukele siembra aún más dudas sobre su relación con las instituciones democráticas. Se ha jactado incluso de ser más duro que el salvadoreño: “Me gusta Bukele, pero Bukele sería un boy scout al lado mío, él es muy blandito”.
En efecto, en materia de seguridad y paz, De la Espriella ha mostrado disposición a usar la fuerza sin muchos escrúpulos. Las experiencias del pasado han demostrado que esas estrategias, lejos de solucionar el problema, pueden generar más violencia en los territorios y graves abusos de los derechos humanos. El acuerdo de paz de 2016, que aun con sus imperfecciones sigue siendo una hoja de ruta para avanzar en la transformación territorial, puede terminar vaciado de contenido por medio de medidas de recorte presupuestario, nombramiento de funcionarios hostiles o abandono de iniciativas en el nivel local.
Con respecto a los derechos humanos y de las minorías, la cercanía de De la Espriella con sectores conservadores e iglesias evangélicas es fuente de temores fundados de que se reviertan los avances logrados por las mujeres, las comunidades LGBTI+ y las minorías étnicas.
En cuanto a la política ambiental y extractiva, De la Espriella ha prometido impulsar el extractivismo, lo que implicaría dejar de lado los esfuerzos de conservación ambiental y los compromisos internacionales que el país ha adquirido. Es muy posible que la estigmatización y la violencia contra las personas defensoras del medioambiente aumenten. Y en el plano regional e internacional su victoria inclina aún más la balanza hacia los gobiernos de la extrema derecha populista alineados con Washington, lo que también debilita el espacio para el multilateralismo y la autonomía política regional.
Tras los resultados, De la Espriella dijo a los votantes de la izquierda: “Jamás tendrán que temer por pensar distinto. Mi propósito será ganarme su confianza con resultados, no con discursos”. Muchos desconfían. En la campaña se había presentado como un “enemigo acérrimo” de la izquierda, que “hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos”. Pero lo cierto es que el candidato de la extrema derecha no ganó con la diferencia que auguraban las encuestas como para imponer un giro radical en la política colombiana. Además, De la Espriella apenas tendrá representación parlamentaria propia y dependerá del apoyo de la derecha tradicional.
Frente a este panorama, podemos pensar que, pese a todo, Colombia tiene instituciones fuertes y, sobre todo, una sociedad civil activa y movimientos sociales que encontrarán caminos para resistir las presiones del autoritarismo, como ya lo han hecho antes. La elevada votación de la izquierda, pese a su derrota, podría contribuir a su movilización contra las iniciativas radicales de De la Espriella.
Una versión más extensa de este artículo fue publicada antes por Nueva Sociedad.