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Mundo Europa
José Luis Ábalos, el 15 de octubre de 2025, tras su comparecencia por presunta corrupción en Madrid. Foto: Javier Soriano, AFP

José Luis Ábalos, el 15 de octubre de 2025, tras su comparecencia por presunta corrupción en Madrid. Foto: Javier Soriano, AFP

El Tribunal Supremo de España condenó por irregularidades a un exministro, su asesor y un empresario

El llamado “caso mascarillas” afecta en particular a José Luis Ábalos, extitular de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez y exsecretario de Organización del PSOE.

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Los magistrados que integran el Tribunal Supremo Español emitieron este lunes condenas de prisión para dos exfuncionarios públicos de alto rango. El más grave de los delitos que les atribuyen es el de conformar una organización criminal, con papeles diferenciados para cada uno de sus integrantes, enfocada en cometer delitos de corrupción.

A su vez, manifestaron en su pronunciamiento que el “efecto más grave” de estos delitos “es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía”.

“Una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por intereses privados o ajenos al servicio público para obtener un beneficio experimenta una pérdida de legitimidad institucional que compromete la estabilidad del propio sistema”, advirtieron en el fallo, según citó la agencia Europa Press.

Los delitos de corrupción se remontan a los tiempos de la pandemia del coronavirus y tienen uno de sus puntos altos en irregularidades en la compra de mascarillas para prevenir el contagio, pero también incluye otros delitos cometidos por el exministro de Transportes José Luis Ábalos (2020-2021) y quien fuera su asesor, Koldo García.

Ábalos, que además fue secretario de Organización del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 2017 a 2021, fue condenado a 24 años y tres meses de prisión. La pena dispuesta para Koldo García es de 19 años y ocho meses de prisión, mientras que un empresario que se benefició en unos 3,7 millones de euros con la venta irregular de mascarillas, Víctor de Aldama, fue condenado a cuatro años y medio. Sin embargo, el tribunal dispuso en el caso de Aldama que su pena quede en suspenso porque el empresario colaboró con la Justicia al haber confesado sus delitos. A cambio, deberá cumplir con trabajos comunitarios y no reincidir.

Los delitos atribuidos a esta trama consisten en la adjudicación a Aldama un contrato para proveer a diferentes ámbitos del Ministerio de Transportes –por ejemplo, la institución que administra los puertos estatales– un total de 13 millones de mascarillas.

Además, de acuerdo con la agencia española, Ábalos recibió de manera irregular 10.000 euros mensuales para “gastos fijos”. Por otra parte, dos mujeres vinculadas con él y con Koldo fueron contratadas en el Estado a instancias de ellos, y la organización delictiva le pagó el alquiler de un apartamento a una de ellas; también otras propiedades fueron alquiladas en el marco de esta trama.

La oposición reaccionó ante el fallo reclamando la renuncia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha enfrentado en los últimos tiempos acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez, y contra uno de los grandes referentes del PSOE, el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del ala más derechista del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, publicó en sus redes sociales: “Si eres el 1, secretario general del PSOE, y condenan a tu 2, secretario de organización; si eres el presidente del gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba... y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio, ¿no es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?”. También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se preguntó “cuándo va a dimitir” el gobernante.

El gobierno, según fuentes citadas por elDiario.es, manifestó su condena “sin matices” a “comportamientos” que atentan contra los principios de “transparencia, mérito e integridad”. Manifestó su compromiso “a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada”.