El ministro de Vivienda y Urbanismo del gobierno de José Antonio Kast, Iván Poduje, anunció que dejará sin efecto la expropiación del lugar en el que se asentó la Colonia Dignidad, en el sur de Chile, donde estaba previsto crear un sitio de la memoria. “Este proyecto no tiene nada que ver con nuestra agenda”, dijo.
La iniciativa de expropiación abarcaba parte del lugar donde desde 1961 hasta 1991 permaneció la secta liderada por el alemán Paul Schäfer –que murió en prisión, condenado por abuso sexual de menores, tortura y asesinato–. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, la Colonia Dignidad brindó sus instalaciones a la Dirección de Inteligencia Nacional para que las utilizara como centro de detención ilegal, tortura y exterminio. Se estima que allí murieron un centenar de personas que todavía siguen desaparecidas.
En 2016, durante el gobierno de Michelle Bachelet, parte de ese lugar, donde se cometieron atrocidades contra víctimas de la dictadura y colonos, fue declarado Monumento Histórico. Un año después, los gobiernos de Chile y Alemania acordaron trabajar en conjunto en un proyecto para recordar esos crímenes.
A la iniciativa se sumó el año pasado la decisión del gobierno de Gabriel Boric de expropiar 116,8 hectáreas para instalar un espacio vinculado con el Museo de la Memoria de Chile. El anuncio fue hecho en marzo de 2025 por el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, en coincidencia con la visita a Chile del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.
Con la reciente llegada a la presidencia chilena de Kast –un defensor de la dictadura de Pinochet– se anunció la cancelación del proyecto. Este domingo, el ministro Poduje dijo al diario La Tercera: “Vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan. Nos están pidiendo recursos para tasarlo. Nosotros no vamos a hacer eso, porque no tenemos los recursos y, además, porque implica expropiar una localidad que ya tiene casas y una zona urbana. Eso no se ha hecho nunca”. En el lugar vive un centenar de personas y funciona un centro turístico, algo que ha sido cuestionado por las víctimas.
En línea con el discurso de recorte de gastos de Kast, el ministro agregó que este “proyecto faraónico” es una de las varias iniciativas del gobierno de Boric que serán canceladas.
Dijo que, según “una estimación”, la expropiación del área urbanizada costaría unos 50 millones de dólares, y afirmó: “Con esa plata puedo arreglar 1.500 viviendas que están en mal estado” o “hacer 600 o 700 viviendas”.
Esos números fueron puestos en duda por Winfried Hempel, excolono y abogado de las víctimas de la Colonia Dignidad. Según dijo a DW, el total de 50 millones de dólares implicaría que cada hectárea vale casi 800 millones de pesos chilenos, pero el precio se acerca más a 50 millones. “Estamos todos en shock. El presidente Kast prolonga la existencia de Colonia Dignidad como un enclave de inmigrantes alemanes que subvirtieron la soberanía nacional en Chile”, manifestó Hempel.
Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, dijo al medio alemán: “Para las víctimas, esto es una señal de abandono. Les dice que, incluso cuando el propio Estado reconoce oficialmente un lugar como escenario de secuestro, tortura y desaparición forzada, ese reconocimiento puede ser relativizado por razones políticas o presupuestarias”.
En nombre del gobierno alemán, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Kathrin Deschauer, destacó el lunes que “la revisión de los crímenes ocurridos en la Colonia Dignidad es de gran importancia para el gobierno federal y, por lo tanto, este apoya el proyecto de levantar un sitio de la memoria en Chile”. Recordó que incluso se instaló en 2017 una comisión integrada por los dos países para trabajar en esa iniciativa.
La jefa de la bancada de diputados del Frente Amplio chileno y expresidenta de la comisión de Derechos Humanos, Lorena Fries, cuestionó que se intente revertir “una medida que ha costado mucho tiempo en la política de sitios de memoria” y que “ha trascendido todos los gobiernos”. La diputada agregó que “es una señal preocupante y que deteriora” la trayectoria de Chile “en materia de justicia transicional, de verdad y de memoria”.