El último dato de inflación publicado la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló que el Índice de Precios al Consumo en julio se ubicó en 169,79, que implica una suba de 0,32 con respecto al mes anterior, y de 5,24 respecto de igual mes del año pasado, constituyéndose así en el menor registro inflacionario desde 2005.
Este resultado es muy positivo, no sólo por los males que genera la inflación en una economía (pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, asignación ineficiente de los recursos, incertidumbre para la toma de decisiones, puja distributiva, entre otros), sino también porque podría actuar como ancla, ajustando las expectativas de los agentes al rango meta fijado por el Banco Central del Uruguay (BCU).
Este descenso de la inflación no es casualidad, sino que me animaría a decir que, más allá de las políticas macroeconómicas implementadas por el gobierno, la sociedad en general, y la clase trabajadora en particular, han sido fundamentales para que se concretara.
En la administración pasada, cuando la inflación se ubicaba próxima a 10% en los primeros meses de 2014, la derecha (política y económica) insistía en que la causa era la famosa “indexación salarial”. Es decir, como la mayoría de los Convenios Colectivos acordaban un crecimiento real del salario de los trabajadores, supuestamente por encima de la productividad, entonces este supuesto desequilibrio hacía que la inflación se ubicara “peligrosamente” cerca de los dos dígitos.
En la administración actual, ya con la desindexación concretada, la inflación superó el 10% y estuvo cerca de 11% en el primer semestre de 2016. Por lo tanto, parecía claro que la desindexación no había resultado efectiva para el combate de la inflación.
El argumento de la indexación en realidad escondía el verdadero objetivo de la derecha: la pérdida de salario real por parte de los trabajadores. Tanto es así que ahora parecerían preocupados(1), pues los lineamientos de la Ronda de Negociación Colectiva fijarían aumentos nominales del salario del orden de 9% y, por tanto, con una inflación cerrando en 6%, el salario real se incrementaría en el entorno de 3% nuevamente. Así, el objetivo de la derecha volverá a fracasar en este año, y esto no es de extrañar, ya que asumir que el incremento de los salarios es la causa de la inflación se contradice con la evidencia empírica.
En Uruguay, la evidencia(2) señala que las empresas fijan sus precios añadiendo un margen a los costos para, de esta forma, obtener beneficios extranormales, lo que indicaría que poseen cierto poder de mercado. Por lo tanto, la inflación no parecería ser consecuencia de los incrementos de salario, sino que más bien se debe a las estructuras monopólicas y oligopólicas que rigen en la economía uruguaya. Está claro que esta práctica no es nueva; Adam Smith, en 1776, escribía: “La gente de negocios rara vez se reúne, incluso ya sea para alegría y diversión, pero cuando lo hacen, la conversación terminará en una conspiración en contra del pueblo, o en alguna estratagema para incrementar los precios”.
El gobierno ha intentado combatir esto (aunque a veces de manera muy tibia) con diferentes herramientas, principalmente desde la política macroeconómica. En este combate a la inflación el aporte de la clase trabajadora ha sido fundamental. Por un lado, con medidas concretas que apuntan a aspectos microeconómicos con el objetivo de fomentar la competencia. Por ejemplo, desde finales de 2015, una brigada integrada por estudiantes y trabajadores creó un “Mercado Popular de Subsistencia” con la idea de “denunciar el abuso… que hacen las grandes cadenas de supermercados en el país y para hacer más llevadera la canasta básica”(3). Asimismo, la central sindical, a partir de mediados de 2016, comenzó una campaña para denunciar el comportamiento abusivo de las empresas, principalmente de las grandes superficies.
Esto genera que los consumidores cuenten con mayor información a la hora de tomar sus decisiones y, por lo tanto, podrían cambiar sus pautas de consumo, lo cual tendrá efectos tanto a nivel de competencia en los mercados como de bienestar. Tal como señala Sebastián Fleitas(4), la limitada información a la que tienen acceso los consumidores en Uruguay juega un rol preponderante en la baja intensidad de la competencia, haciendo caro al país.
Por otra parte, y en relación a la política salarial, aceptar el cambio de lineamientos propuesto por la nueva administración tras los cuales se proponían ajustes nominales de salarios, es decir, no atados a la inflación, ha sido objeto de controversia, ya que suponía para los trabajadores del sector privado el riesgo de perder poder adquisitivo. Sin embargo, el diálogo entre las partes, y sobre todo el compromiso de los trabajadores para aceptar estos lineamientos, ha permitido que en los últimos meses, vía incremento de la productividad laboral, los salarios reales se hayan ajustado al alza.
Por lo tanto, ante lo que significaba el riesgo de la pérdida de poder adquisitivo, la clase trabajadora ha respondido con diálogo y con incrementos de la productividad. Al observar la variación porcentual del PIB por cantidad de ocupados, se aprecia que la evolución ha sido positiva a lo largo del período y además que, a partir de mediados de 2016, el crecimiento ha sido muy importante. En el cuarto trimestre de 2016 comparado con igual período de 2015 el incremento del indicador fue de 3,5%, y al comparar el primer trimestre de 2017 con igual período de 2016 el crecimiento es de 5,5%. Estos elementos parecerían explicar la baja inflacionaria reciente.
Además de que se trata de un elemento que vale la pena destacar, en la negociación colectiva uno de los puntos en los cuales los trabajadores han puesto énfasis es en el de los salarios más bajos. En los nuevos lineamientos, los salarios sumergidos debían tener aumentos adicionales cercanos a 3%. Por lo tanto, de mantenerse las cifras actuales de inflación, el incremento de poder adquisitivo que tendrán los trabajadores que se encontraban en peor condición será incluso superior.
Asociado a ello, el aumento del Salario Mínimo Nacional (SMN) previsto para enero de 2018 será de 9,5% en términos nominales y, por tanto, girará en torno a 4% en términos reales, lo que significará un incremento de más de 200% real desde 2006.
Los sectores que más se han beneficiado por estos incrementos para salarios sumergidos han sido los eternamente postergados, entre ellos, el sector doméstico, cuyo poder de compra en promedio se incrementó más de 15% en los últimos cinco años.
Claro está, nuevamente la derecha sugerirá que estas subas son perjudiciales pues provocan desempleo(5). Sin embargo, la teoría económica así como la evidencia empírica muestran que en aquellos mercados no competitivos, en los que una o pocas empresas demandan una gran cantidad de mano de obra (monopsonio u oligopsonio), los incrementos del SMN no sólo no provocan aumento del desempleo, sino que además podrían contribuir a reducirlo(6). Además, la evidencia para Uruguay(7) señala que ante un shock negativo de demanda, las empresas responden por medio de un descenso de costos (despidiendo mano de obra, por ejemplo) y no de los precios. Por lo tanto, no es el incremento de salario lo que provocaría desempleo, sino que más bien este se genera por la reacción de las empresas ante la caída en la demanda de sus productos.
Sin dudas que la pérdida de los puestos de trabajo es una preocupación, pero recortar salarios lo único que generaría sería descenso en el ingreso de los trabajadores, caída en la demanda de productos y, dado el comportamiento de las empresas (que no reaccionan bajando precios, sino bajando costos), nuevos aumentos del desempleo, lo que agravaría más la problemática.
La economía uruguaya parecería haber recuperado su dinamismo luego de unos meses de desaceleración; mantenerlo es fundamental para el año próximo, cuando se espera una ronda de Consejo de Salarios muy amplia. Esto involucrará a una gran masa de trabajadores que deberán transitar por la delgada línea de la concreción de un doble objetivo: incrementos del salario real y del empleo con mejores condiciones. Se puede: el gobierno lo sabe, la evidencia lo respalda. Hay que concretarlo antes de que sea demasiado tarde.
(1). http://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/baja-inflacion-mejora-salario-real.html
(2). Ver Borraz, Licandro y Sola (2013).
(3). Palabras de Sebastián Vázquez, integrante de la brigada. Tomado de http://www.180.com.uy/articulo/65598el-mercado-popular-contra-el-abuso-cumple-un-ano._
(4). https://ladiaria.com.uy/articulo/2016/3/informacion-una-forma-de-hacer-a-uruguay-mas-barato.
(5). http://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/baja-inflacion-mejora-salario-real.html.
(6). Ver Card y Krueger (1993).
(7). Ver Borraz, Licandro y Sola (2013).
Federico Araya