La prisión de Lula tras la sentencia del Supremo Tribunal Federal (STF) que rechazó el pedido de habeas corpus y la confirmación de la sentencia de condena del juez de primera instancia, Sérgio Moro, por el Tribunal Regional Federal de segunda instancia (TRF4) profundizaron tres debates mundiales sobre el proceso brasileño abierto tras la caída de Dilma Rousseff en mayo de 2016.
El primero refiere a la tensión entre conspiración y justicia.
Por un lado, la teoría conspirativa única imagina la actuación coordinada de un único aparato organizado en poderes fácticos macizos y coherentes, entre ellos la Justicia monolítica, un instrumento de élites que persigue un único objetivo: derrocar al Partido de los Trabajadores (PT) y matar el liderazgo de Lula. Se abre el camino de una reforma radical de mercado que el frágil gobierno de Temer ya inició mientras destruye todo vestigio de presencia popular en el Estado.
Por otra parte, una teoría de confianza en la nueva Justicia brasileña como poder independiente subraya su papel imparcial, profesional y no selectivo para la depuración ética de políticos y prácticas ancestrales corruptas ubicando a la operación Lava Jato como modelo de modernización depuradora. Si en la teoría conspirativa la Justicia es uno más entre otros instrumentos de clase, en la teoría de su independencia técnica y poder depurador esta se convierte en el motor de la modernización institucional de Brasil, como si, al decir de Fernando Errandonea, “desde un punto de la constelación del poder y de las élites se pudiera transformar la constelación entera”.
¿Hubo fijación selectiva y política en Lava Jato? El hecho es que el consenso de opinión, mediático y judicial de una “derecha correcta” de instituciones se concentró durante siete años en un objetivo: el PT, Lula y parte de sus aliados recientes (la vieja derecha de Eduardo Cunha y el Partido Popular antes fue aliada del polo modernizante neoliberal del Partido de la Social Democracia Brasileña -PSDB- o golpista contra Rousseff).
El segundo debate refiere al legado y salida del “lulismo”, sea desde la derecha neoliberal o nacionalista como desde la izquierda que busca una ruptura con “el modelo dependiente”. El tercero tiene que ver con la relación entre izquierda y ética pública.
El eterno patrimonialismo en Brasil
Para Max Weber, el capitalismo patrimonialista es una etapa de transición entre el Antiguo Régimen estamental, que confunde patrimonio personal y público, y el capitalismo moderno, de plena emancipación entre Estado, sociedad civil y mercado.
El capitalismo patrimonialista se define por el mutuo bloqueo transitorio entre principios del viejo régimen y principios de la modernidad. Convive con la compra de cargos administrativos, como en el sultanato o la restauración monárquica borbónica en Francia, con burocracias del desempeño impersonal del cargo bajo reglas de ascenso por méritos (la matriz del Ejército prusiano).
En la transición actúan distintas élites empresariales, una burguesía de líder personal gestor de fortunas de una amplia red de alianzas matrimoniales y la burguesía competitiva de empresa racional e impersonal que busca ganancia mediante el cálculo racional de todos los procesos para el logro de productos y una gestión gerencial autónoma de propietarios que puede medirse y evaluarse objetivamente.
Una ruptura fuerte entre el viejo orden patrimonialista y la modernidad es el pasaje de sistemas tradicionales a sistemas modernos de Justicia.
Raymundo Faoro sostiene que en Brasil, a diferencia de la tesis original de Weber, el capitalismo patrimonialista no es una etapa transitoria sino el patrón permanente del desarrollo capitalista desigual. Por un lado, gran parte de las élites de burócratas, empresarios, militares y jueces son discrecionales, y sus organizaciones actúan según relaciones promiscuas con el resto del Estado y redes familiares sin asumir reglas impersonales racionales legales. Para Weber el Estado patrimonial nace cuando el príncipe organiza su poder político de la misma manera que ejerce su poder patriarcal.
Según Faoro, en Brasil el Imperio, desde Pedro I, reproduce la tradición de la corona portuguesa que asienta el poder en un “estamento burocrático” y comercial (ver Los dueños del poder, de 1958) que, incluyendo la explotación directa del comercio, crea su poder controlando la “caja” (mezcla de futuro Banco Central con cajas fuertes y bancos de crédito) por medio de la corona. Para Faoro, en el largo plazo poscolonial y posimperial la interpenetración original lusobrasileña entre estamento burocrático y sector privado terminó bloqueando la formación de un capitalismo industrial competitivo.
La complejidad de un capitalismo en transición permanente supone que las instituciones son campos de lucha entre principios contradictorios. En Brasil el “aislamiento” de las élites que consagra privilegios corporativos es una defensa ante las contradicciones de principios opuestos de acción social o del océano de una temible sociedad civil.
El sello indeleble del legado imperial brasileño es una desigualdad acentuada y polarizada entre élites –más o menos burocráticas y modernas– y grandes mayorías sociales dentro de un sistema simbólico de legitimación de desigualdades múltiples y estigmas entre regiones, género, etnias y opciones sexuales.
Jamás la modernización capitalista brasileña, tampoco en la era “nacional popular” del varguismo, consumó una verdadera “ruptura democrática”. No hubo revolución democrática burguesa que democratizara el acceso a la tierra bajo formas políticas liberales democráticas (Barrington Moore, 1966). El sistema institucional brasileño y el poder crudo de la “élite del poder” jamás rompieron rasgos excluyentes de una sociedad segregada y heredera del esclavismo y el Imperio, sin espacio público, organizada en mosaicos de territorios fortalezas y guetos de ricos, pobres y capas medias a la vez antagónicas y funcionales a grandes estructuras de cadenas de consumo y producción.
En Brasil nunca hubo Partido Revolucionario Industrial, y los pactos de cúpula fueron la base de estabilidad. Las viejas élites se renovaron y con amplitud incluyeron a nuevas élites en pactos de poder por recursos. Durante la dictadura de la “revolución” militar de 1964, y en el marco de un modelo de desarrollo socialmente excluyente y corporativo, se aceleró la industrialización de empresas multinacionales en alianza con la burguesía industrial paulista y la ampliación del peso de empresas públicas y organismos desarrollistas.
El ciclo del PT
Desde 1930 se inició un proceso de modernización elitista que avanzó durante las últimas décadas y se aceleró en los gobiernos del PT, consolidando élites tecnoburocráticas en Itamaraty, las Fuerzas Armadas y la Justicia. ¿Cómo se ubicó el PT en este escenario? Creando un pacto social con la burguesía industrial paulista, todavía fuerte hacia 2002, expresado en la Carta al Pueblo Brasileño. Es el “lulismo”.
El Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) del segundo gobierno de Lula y los gobiernos de Rousseff, dirigido por la ex presidenta, promovió grandes inversiones en infraestructuras, represas, puertos, aeropuertos, y apoyó empresas multilatinas brasileñas y su expansión externa como la inversión en el históricamente postergado nordeste y norte de Brasil. El PT fortaleció la ciencia, tecnología y capacidades de las Fuerzas Armadas (la Marina mantiene su objetivo de construir o adquirir submarinos nucleares).
Sin embargo, según varios estudios, el programa estabilizador y privatizador de Fernando Henrique Cardoso en los años 90 y el auge de commodities de los 2000 ambientaron un declive del proyecto industrial tradicional brasileño (de Vargas a los militares), progresivamente reemplazado por el agronegocio y nuevos servicios desconcentrados de San Pablo que vinieron a sumarse al dinamismo de las empresas público-privadas. Desde su acceso al gobierno en 2002 el PT promovió un segundo movimiento de inclusión social (tras el varguismo) de sectores populares, mediante un conjunto ambicioso de programas como Bolsa Familia, que unieron transferencias monetarias con inversión en educación, equipamiento físico y social y una modernización institucional de sectores relevantes del Estado.
La modernización petista avanzó en la Justicia fortaleciendo una Policía Federal autónoma bajo el modelo del FBI estadounidense, la autonomía del Ministerio Público; la calificación técnica del personal judicial promovió la formación de posgrados, doctorados y normas anticorrupción.
La corrupción en Brasil es estructural, microsocial y microinstitucional; forma parte de la naturaleza misma del patrimonialismo.
Odebrecht llevaba doble contabilidad de financiación ilegal de los partidos desde 1946. El ethos modernizante de Fernando Henrique Cardoso no inhibió la compra de la mayoría del Congreso para asegurar los votos necesarios para cambiar la Constitución y habilitar su reelección en 1998. ¿En el océano del “vale todo” es posible que el PT haya seguido siendo, a la postre, la fuerza más limpia o menos contaminada del sistema que venía a cambiar? El hecho es que abrió la puerta y entró, como lo mostró claramente la Justicia con el mensalão, una práctica corriente de corrupción que José Dirceu buscó racionalizar.
El PT afrontó un dilema fundamental ante el capitalismo patrimonialista: ¿iniciar la ejecución de una trabajosa agenda de reforma democrática del capitalismo brasileño, o aliarse con actores políticos reales del Parlamento, que fue siempre un poder conservador pivote de la corrupción estructural?
La reforma democrática debía empezar allí donde comenzó el mensalão (la entrega de dinero en sobres a parlamentarios de oposición para que votaran leyes propuestas por el gobierno), y para ello debía terminar con el sistema electoral financieramente insaciable basado en la competencia de todos los candidatos personales contra todos los candidatos personales (aunque sean del mismo partido y figuren en la misma lista), que determina campañas electorales cada vez más caras entre aspirantes y bancadas fragmentadas.
Los programas de inclusión social exitosos del PT crearon nuevas clases medias mientras aumentó la tasa de sindicalización en estados modernos como San Pablo, permitiendo una expansión notable del acceso a la educación de base, la salud y el transporte, convertido en fundamental para la movilidad hacia los nuevos empleos.
Como señaló después Perry Anderson, allí reside un factor del inicio del descontento con el PT y las movilizaciones de 2013 asociadas al enorme gasto en los estadios y equipamientos del Campeonato Mundial y las Olimpíadas, culminación de la celebración de la grandeza del Brasil potencia global. La explosión de consumo popular aumentó la presión y el colapso de muchos servicios, empezando, justamente, por las protestas contra la pérdida de calidad del transporte.
A medida que se consolidó el panorama del crecimiento con estabilidad y políticas de inclusión social, el PT comenzó a promover políticas desarrollistas más activas, que suponían el traslado de grandes recursos públicos al emprendimiento privado.
El gasto público del PAC crecía mientras comenzaban a caer los precios de los commodities y el agronegocio entraba en una crisis estructural asociada a costos de innumerables impuestos indirectos.
Apenas reelegida en octubre de 2014 Rousseff –ya en el nuevo marco económico internacional–, la vulnerabilidad provocada por el gasto público mostraba un déficit fiscal insostenible de 11,5%, sin aliados a la vista para afrontar un programa de ajuste necesario pero humano y con una perspectiva de izquierda. Caída Rousseff, vendría el ajuste de derecha.
Ni Lula, ni el PT, ni la Central Única de Trabajadores ni los partidos derechistas y clientelares aliados al PT estaban dispuestos a pagar los costos de un ajuste de la magnitud requerida para salvar la economía, y Rousseff nombró un gabinete tecnocrático con la finalidad de restablecer la confianza de los mercados que sólo aumentó su aislamiento social y político, sin atraer al empresariado ni contar con las habilidades negociadoras de Lula.
Desde ese momento, gran parte de los poderes fácticos del país resolvieron que el ciclo del PT había llegado a su fin.
Se armó una agenda de reforma estructural de mercado profunda y ambiciosa: reforma laboral, previsional, fiscal, de privatizaciones, y se rompió el acuerdo entre el PT y sus aliados fisiologistas y conservadores, que rápidamente se travistieron en motor de una nueva alianza de poder de toda la derecha, con varias carteras para viejas figuras del PSDB y el Demócratas (partido conservador) impulsando con éxito el impeachment contra Rousseff. Algo antes, en 2013, comenzó la actuación de la operación Lava Jato y otros expedientes al inicio con apoyo de piezas clave del PSDB en la Justicia (Gilmar Mendes), mientras los medios desataban una ofensiva contra Lula como objetivo final. ¿Hubo coordinación entre estas líneas paralelas, como la actuación del tribunal de Curitiba del juez Moro y jueces de la STF ligados a Fernando Henrique Cardoso o la coalición parlamentaria armada por Cunha para derribar a Rousseff y entronizar a Temer, por nombrar sólo a algunos de múltiples actores?
No. Cunha fue preso por el Lava Jato y no fue premiado por el golpe contra Dilma. Gilmar Mendes hizo muchos juegos, y así cada juez del Supremo Tribunal Federal.
La teoría petista de la conspiración no se sostiene. Distinto es decir que desde el inicio, los poderes fácticos iban por Lula y el fin de la era petista. Los poderes fácticos acechaban, pero sucesivos errores del PT con el capitalismo patrimonialista, fallos de ética pública o la reforma de la justicia (Moro es hijo de las reformas del PT) abonaron la encerrona.
La respuesta de parte de la nueva derecha es el ataque al liberalismo político: siembra tempestades. ¿Momento de alzar la bandera para la ruptura democrática postergada más de 200 años?
De la Ilustración al asalto al liberalismo
La Ilustración desmontó las premisas del sistema criminal de la sociedad tradicional basada en la conexión entre delito y pecado: discrecionalidad de los jueces; arbitrariedad de investigación que incluía la tortura, desigualdad de penas según la posición en los estamentos, sanción espectacular en escenas públicas de suplicios o ejecuciones para mostrar el poder ilimitado de la monarquía o del Estado estamental ante los súbditos y el riesgo de su conversión en pueblo. Por tanto, para Montesquieu los tribunales debían ofrecer todas las garantías del proceso asegurando la correcta defensa de los acusados, reverso de los jueces discrecionales, carismáticos y creadores de ley del Antiguo Régimen: “Los jueces de la Nación no son, como hemos dicho, más que el instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes”.
Cesare Beccaria, fundador de la modernidad jurídica, concibe al delito como violación del contrato social y levanta dos principios basales del liberalismo político: la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario y la proporcionalidad de las penas.
Propone un proceso público basado en garantías mínimas para la defensa del acusado: presunción de inocencia, prontitud en las penas, prisión siempre motivada, imparcialidad de los jueces.
La presunción de inocencia mientras no se establezca judicialmente la responsabilidad es un logro universal del liberalismo político consagrado como un pilar del Estado de Derecho.
La doctrina del juez Moro destruye uno por uno los principios de la modernidad. En primer lugar, para Moro todo el derecho brasileño está plagado de “excesos liberales”. En toda su tesis sobre mani pulite Moro reitera esta visión de fondo del derecho brasileño: “Anótese y regístrese toda la construcción excesivamente liberal del derecho brasileño”. No es un problema de normas específicas sino de bases constructivas.
En segundo lugar Moro convierte el principio fundamental de la modernidad de presunción de inocencia apenas en un “instrumento pragmático”. De principio a instrumento pragmático, de fundamento universal a relativo: “La presunción de inocencia, las más de las veces invocada como obstáculo a prisiones pre-juicio, no es absoluta sino solamente un instrumento pragmático destinado a prevenir la detención de inocentes”.
En tercer lugar, ni los resultados de castigo de culpables ni la verdad en sí misma son relevantes sino como instrumentos de legitimidad que a su vez refuerzan el poder de los jueces: “Es la opinión pública la que define los límites y posibilidades de la acción judicial. Mientras cuenta con el apoyo de la opinión pública, tiene condiciones de avanzar y presentar buenos resultados. Si esto no ocurre, difícilmente tendrá éxito. Por cierto, la opinión pública favorable también demanda que la acción judicial alcance buenos resultados. Sólo investigaciones y acciones exitosas pueden protegerla”. La búsqueda de verdad judicial es reemplazada por la búsqueda del éxito. Los jueces se vuelven sujetos políticos y actores de una “coalición de castigo”: la carga de prueba exigida para alcanzar la condena en el proceso penal es pesada... la opinión pública puede convertirse en un saludable sustitutivo.
En cuarto lugar, la alianza de la Justicia con los medios masivos de comunicación es constitutiva del proceso y la estrategia inquisitiva, y más allá de la verdad del proceso importa la legitimidad del poder de los jueces. La adoración monárquica y de la Inquisición por grandes escenas populares de ejecución de reos y demostración del poder del juez como expresión de los estamentos superiores ante el miedo del pueblo es restablecida mediante los medios masivos. La vía es un nuevo populismo judicial para saciar deseos de castigo y demandas de resultados. La investigación judicial es una tarea política y de estrategia comunicacional de los jueces.
No hay más garantías, no hay más presunción de inocencia ni racionalismo de la prueba, sino estrategia para confirmar la presunción discrecional de culpa del juez: “La publicidad conferida a las investigaciones tuvo el efecto saludable de alertar a los posibles investigadores sobre el aumento de la masa de información en manos de los magistrados, favoreciendo nuevas confesiones y colaboraciones. Más importante: garantizó el apoyo de la opinión pública a las acciones judiciales, impidiendo que las figuras públicas investigadas obstruyeran el trabajo de los magistrados... Las prisiones, las confesiones y la publicidad concedida a la información obtenidas crearon un círculo virtuoso, consistente en la única explicación posible para la magnitud de los resultados obtenidos [...]”. Por tanto, la aventura judicial se convierte en un proceso de construcción de base social y la coalición social del juez.
En quinto lugar, es la convicción de los jueces la que anticipa quiénes son enemigos y criminales de cuello blanco, castigados de antemano.
Pero en esa visión del mundo sólo hay una corporación peligrosa y delictiva. ¿Cuál es el mundo criminal de cuello blanco contra el que los jueces deben actuar? Para la doctrina Moro, el enemigo es exclusivamente una corporación que comparte privilegios y ejerce el poder real, que es idéntico al poder formal, que es idéntico al poder del Estado: la corporación política. El poder económico puede corromper, pero su pecado forma parte del orden natural de la sociedad.
Los corruptores en la práctica de Lava Jato se convierten en delatores del sistema podrido de la corporación política. ¿Hay otras corporaciones y poderes fácticos concentrados productores de poder expuesto a la corrupción?
No. Menos aun, corporativismo judicial. Sólo neutralidad técnica de la Justicia. La alianza con los medios masivos (que para Moro no son corporaciones ni poderes fácticos sino aliados), o mejor dicho, las coaliciones de opinión pública son aliados de la imagen de la Justicia. Moro asume una concepción puramente mercadocéntrica de una democracia asexuada, sin intereses contrapuestos o valores diversos. Dentro de la corporación política en competencia en el “mercado político”, la tarea judicial es eliminar el factor espurio de corrupción que desnaturaliza la verdadera competencia, entregando más recursos a unos que a otros. Como si únicamente la corrupción fuese causa de desigualdad y no el conjunto de las relaciones asimétricas de poder. Dice Moro: “El político corrupto, por ejemplo, tiene ventajas competitivas en el mercado político en relación al honesto, por poder contar con recursos que este no tiene... Lo más grave aun es que la corrupción diseminada no plantea en jaque sólo la legitimidad del régimen democrático (lo que, por sí solo, ya es bastante grave), sino también la del sistema judicial”.
En sexto lugar, las escuchas ilegales rompen la tradición moderna del sistema inquisitivo y regresa, también en el plano de la investigación, a la discrecionalidad de los jueces del Antiguo Régimen o de los regímenes revolucionarios jacobinos, fascistas o comunistas que sacrifican la propia legalidad en aras de la convicción.
El fin justifica los medios. La ley no importa, importa la moral y la autoevidencia de la convicción. El edificio del liberalismo político es socavado en sus cimientos. Como señala el penalista Luiz Alberto de Vianna Moniz Bandeira: “El juez ordenó practicar escuchas ilegales en el teléfono del estudio jurídico de los abogados de Lula como si fuese el teléfono de la empresa de conferencias usada por el ex presidente. Después ignoró varios oficios de la operadora de telefonía advirtiendo que el número no pertenecía al instituto y sí a sus abogados, hecho por el cual tuvo que brindar explicaciones al STF. Incluso si aceptamos que no actuó de mala fe, el hecho de haber ignorado los documentos (no sólo uno) en su caso principal, levanta dudas sobre los métodos de trabajo y profesionalismo de él y su equipo”.
En séptimo lugar, la doctrina Moro exalta las virtudes de la delación premiada que se convierte en la prueba fundamental, ignorando el riesgo para la veracidad de la prueba inherente al premio propio delatando a otros y la confusión entre testigo y acusado.
Pero la preocupación de Moro no reside en la fiabilidad de tal confesión sino en explicar que no rompe la lealtad de una omertá: “Sobre la delación premiada, no se está traicionando la patria o alguna especie de ‘resistencia francesa’. Un criminal que confiesa un crimen y revela la participación de otros, aunque se mueve por intereses propios, colabora con la Justicia y con la aplicación de las leyes de un país. Si las leyes son justas y democráticas, no hay como condenar moralmente la delación; es condenable en ese caso el silencio...”.
La sentencia de Moro y la política
Los valores del liberalismo político democrático nunca arraigaron profundamente en Brasil.
Una Justicia demasiado lenta no es justicia, y una demasiado rápida tampoco. La sentencia de Moro en materia probatoria tendría que haber discutido todos los testimonios recogidos, pero ignoró aquellos alineados con la posición de la defensa y consideró sólo los que convienen a su posición. La sentencia se basa en la declaración de Léo Pinheiro, un co-acusado. Pero un co-acusado no es testigo, y por lo tanto no tiene la obligación de decir la verdad.
La sentencia de Moro y la velocidad del proceso que llevó al encarcelamiento de Lula, dice el columnista del antipetista Folha de São Paulo Janio Da Freitas, concreta el “proyecto” de Lava Jato: “no sabemos a dónde vamos”. Pero el estilo inquisitivo del juez va mucho más lejos de un deseo personal de premura. El verdadero guion judicial y político de Lava Jato es crear una grieta de vencedores profunda en el Brasil de los próximos años: “El modo como se hizo cumplir ese guion será polémico por mucho tiempo, pero no tanto como el rastro de furia retrógrada y divisionista del país... Por eso es significativo que el clímax del guion coincida con la misa por Marisa Letícia (esposa fallecida de Lula). Moro sabe, Deltan Dallagnol y sus compañeros de Lava Jato saben, la Policía Federal y los ministros del STF saben que fueron el papel de Marisa Letícia y el no papel de Lula da Silva en los asuntos del sitio y del apartamento (este, hasta recusado por el ex presidente, como consta en el proceso). En Lava Jato, la única belleza está en el silencio con que, en sus declaraciones y en todo el proceso, Lula preservó a la persona y después la memoria de Marisa Letícia, víctima de la propia ingenuidad. Paga por ella”.
La estrategia procesal de Moro, sostenido en la delación premiada, fue opuesta al mensalão.
En el mensalão el juez Barboza fue creando círculos en torno al delito incluyendo 40 acusados. La estrategia procesal de Moro, basada en la delación premiada, estableció una cadena de montaje procesal cuyo hilo conductor es que una persona llevará a la otra, como dijo el politólogo Marcos Noble, más allá de las pruebas, a partir de la convicción y el deseo político. “Moro fue tirando del hilo. ¿Pero, cómo se garantiza equidad política en un proceso como ese? Se acaba con la idea de que estás castigando de manera igual. Este efecto político colateral es brutal, porque alcanza a las fuerzas políticas de manera desigual”.
Un factor clave del caso brasileño son las oscilaciones y contradicciones del STF. La selectividad de Lava Jato, con fuertísimo apoyo mediático liderado por la Globo, concentrada en Lula, contrasta con la lentitud en los juicios a figuras de los mensalão del PSDB en Minas Gerais y San Pablo. No hay presos del PSDB, y la figura que ahora concentra la mira de la Justicia, Aécio Neves, al contrario de Lula, ya es una ruina, como Geraldo Alckmin.
Mientras tanto, el STF durante estos años oscila entre presiones distintas del poder y modelos jurídicos.
En octubre de 2017, con el voto de Minerva de la presidenta, la ministra Carmen Lúcia, el STF decidió, por seis votos a cinco, que el alejamiento de parlamentarios por medio de decisiones cautelares de la Corte no puede hacerse sin aval del Congreso. Benefició directamente al senador Neves y a otras figuras del PSDB.
Pero luego de votar contra el pedido de habeas corpus para Lula el 3 de abril, el STF inició juicio directo a Neves.
El 24 de abril el STF decide retirar al juez Moro las delaciones de ejecutivos de Odebrecht, que citaban a Lula. Según sus miembros, ahora las acusaciones contra Lula no guardan relación con los desvíos de recursos en la petrolera estatal Petrobras, cuyo relator es Moro. El proceso debe ser enviado a la Justicia Federal en San Pablo. ¿Es Lava Jato el avance solitario, el “punto en la constelación” que desata la transformación del sistema patrimonialista brasileño?
No. La fuerza política más beneficiada, por ejemplo, tras Lava Jato, es también aquella que tiene más dirigentes acusados por el operativo: el derechista Partido Popular, que no para de crecer en el Parlamento.
El retorno antiliberal y antimoderno a la discrecionalidad judicial, más allá de apariencias técnicas, reafirma el viejo patrimonialismo. Pero el PT ingresó en el sistema de corrupción estructural y debilitó el empuje de su base de sustentación. ¿Cuáles son las opciones poslulismo?
Las fuerzas neoliberales de las élites presionan para entreabrir el mercado y reducir el proteccionismo, profundizando la especialización en el agronegocio o la minería mientras regresa la agenda de privatizaciones.
¿Liberalizar la economía es el camino para superar el patrimonialismo hacia un capitalismo moderno? La receta de retroceso en derechos y conquistas sociales vuelve al neoliberalismo políticamente insostenible sin la violencia permanente del Estado y la quiebra de la democracia.
El menemismo, Carlos Salinas de Gortari, el fujimorismo, recuerdan su gigantesca corrupción.
La derecha conservadora pero nacionalista esboza otro programa de Brasil protegido sin derechos sociales y contra la agenda de liberación de las mujeres, los negros y las comunidades LGTB.
¿Cuál sería la alternativa democrática de izquierda en Brasil una vez que algunos señalan que el lulismo, como estrategia de pacto social, está agotado? Ante la ofensiva neoliberal la vieja izquierda de dependentistas puros padece, agravada, la ausencia de políticas y propuestas concretas.
No tiene camino de generación de la riqueza que se distribuirá.
¿Cuál sería la independencia de la dependencia? ¿El modelo soviético? ¿El modelo madurista de Venezuela? Kim Jong-un inicia negociaciones de paz para desnuclearizar Corea hacia un programa de apertura económica a las inversiones extranjeras calcado de la China de Deng. China y Vietnam son capitalismos, particulares, dentro de una globalización de capitalismos múltiples.
Mientras tanto en el norte y en el sur el populismo de derecha sólo disimula la ausencia de alternativas al neoliberalismo en occidente, mientras Asia consolida capitalismos de estados fuertes. El camino de una izquierda democrática de mayorías sociales no es sencillo. Lula buscó expresar la expansión del capitalismo nacional patrimonialista brasileño afuera –su representación de empresas como Odebrecht creó una mezcla de interés público y privado– y adentro mediante el gigantesco proceso de inclusión social.
Hoy superar el lulismo impone otra pregunta: ¿cuál es el sentido de democratización y verdadera superación del capitalismo patrimonialista hacia un nuevo capitalismo democrático? No hay atajos, será un capitalismo de instituciones y prácticas más éticas que institucionaliza el poder de las clases populares, el desarrollo de la ciencia y la tecnología aliado a nuevas fuerzas productivas, el avance de la calidad educativa de base universal, la selección de sectores productivos y de servicios, la fortaleza de las instituciones judiciales imparciales, la modernización del sistema electoral, terminando con el voto personalizado y la reforma del sistema de partidos.
El socialismo es un movimiento por la igualdad y la libertad y no un modelo económico en especial, por lo menos no uno basado en la estatización de los medios de producción y el poder burocrático. El PT deberá desandar sus errores éticos o su falta de ímpetu reformista y comenzar de nuevo. La lucha siempre continúa.