Derechos humanos en una coyuntura mundial crítica

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La celebración de los 70 años de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas se enfrenta a un contexto internacional caracterizado por un grave desconocimiento de derechos fundamentales, tanto en lo que respecta a los derechos de la agenda histórica como a la nueva agenda de derechos. La propia creación en 2007 del Consejo de Derechos Humanos de la organización multilateral, con el voto contrario de Estados Unidos y un grupo de cinco países, reveló la ausencia de consenso en torno a este tema central de las relaciones internacionales.

Una demostración parcial de este hecho se encuentra en los desarrollos alcanzados por la “guerra infinita”¹ y sus consecuencias en términos de violaciones flagrantes a los derechos de civiles desarmados y organizaciones de voluntarios, con ataques a hospitales, equipos médicos y escuelas, el regreso de formas de pena capital del pasado –como la muerte por decapitación, practicada por el “Estado” islámico–, destrucción de patrimonio cultural en museos devastados con pérdida de colecciones de arte –como en el caso del saqueo del museo de Bagdad en 2003–, y la destrucción de reliquias de las primeras civilizaciones orientales. El desplazamiento de poblaciones civiles se canaliza en oleadas de refugiados que se enfrentan a la hostilidad en los países de acogida.

No han faltado intentos de explicación de este proceso. Samuel Huntington² adelantó el argumento de un choque inevitable de civilizaciones entre Occidente y sociedades no occidentales. Otros autores, como Bruce Russett, defienden la tesis de la democracia como factor de paz y solución de disputas sobre la base de normas aceptadas por todos, en tanto que los regímenes no democráticos y autoritarios optan invariablemente por la guerra como medio de preservar e incrementar el poder.³ La política de respaldo a la coalición siria por la democracia por parte de Estados Unidos y otras potencias occidentales estaría alineada con ese pensamiento. Finalmente, la política de guerra contra el terror adoptada por el gobierno de George W Bush fue justificada como respuesta necesaria a los ataques sufridos el 11 de setiembre de 2001.

Sin embargo, las declaraciones de organismos internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil consagradas a la defensa de los derechos humanos contradicen estos argumentos y revelan en particular la reiterada violación de normas de derecho internacional y de los derechos humanos. En su informe de 2018, Human Rights Watch denuncia el crecimiento de la xenofobia, el uso sistemático de la tortura de los detenidos y el abuso y hostigamiento contra los defensores de los derechos humanos. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización fundada en 1863, ha denunciado reiteradamente ataques a sus médicos y bombardeos a sus hospitales y ambulancias en zonas de guerra, a pesar de las banderas que los identifican como organización amparada por los Convenios de Ginebra de 1949. La acción del CICR se enmarca en el Derecho Internacional Humanitario y en el IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra.

También la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha enfrentado situaciones parecidas. Esta organización realiza labores de rescate en el Mediterráneo en barcos identificados con sus símbolos. En 2016 rescató 21.603 refugiados en el Mediterráneo occidental y 18.117 en el Mediterráneo oriental. En 2015, MSF denunció ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el bombardeo a sus hospitales en Siria, entre ellos, un hospital materno infantil, y un bombardeo de Estados Unidos a un hospital en la región del Kunduz. Save the Children, fundada en 1919 y dedicada a la protección de niños en zonas de conflicto, también registra denuncias por agresiones sufridas en el desempeño de su misión.

El último informe de Amnistía Internacional señala que las narrativas de la seguridad nacional y el contraterrorismo continúan proporcionando justificación a los gobiernos que buscan reconfigurar el balance entre poder estatal y libertades individuales, a expensas de los derechos, incluyendo también los derechos de género y los derechos de las minorías étnicas.⁴

La salida a la riesgosa situación de deterioro en la vigencia de los derechos humanos exige en primer término el fortalecimiento de Naciones Unidas y sus organismos (CDH, ACNUR) con un vínculo más estrecho y coordinado entre organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales de protección de los derechos humanos. Siendo Naciones Unidas una organización intergubernamental, esta alternativa requiere el compromiso activo de los estados miembros. En segundo término, se hace necesario construir un consenso sólido en la sociedad civil para la cooperación con las organizaciones no gubernamentales de voluntarios defensores de los derechos humanos. La vida verdaderamente humana exige derechos.

Isabel Clemente es doctora por la Universidad de Londres, Instituto de Estudios Latinoamericanos. Es profesora agregada de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.