El proyecto de Ley de Presupuesto, actualmente en discusión en el Senado, incluye una transformación radical en la Ley de Creación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Se propone que el aporte presupuestal del Estado al INIA sea “como máximo” el equivalente a lo recaudado por el adicional del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba). De aprobarse, se sustituiría la redacción vigente que establece que ese aporte debe ser “como mínimo” el equivalente de dicha suma y se deja abierta la posibilidad de que sea cero.
Para analizar esta propuesta, y antes de entrar en sus aspectos específicos, es oportuno establecer algunos puntos de referencia. En primer término, reconocer el aporte central del sector agropecuario y agroindustrial como impulsor del desarrollo del país. En segundo término, asumir el rol clave que tienen la investigación y la innovación tecnológica para potenciar dicho aporte. En tercer término, la importancia de una acción concertada entre el sector público y el sector privado para promover procesos de transformación tecnológica.
Todos esos elementos estaban presentes en la voluntad de los legisladores nacionales cuando aprobaron por unanimidad la Ley de Creación del INIA en 1989. Eso quedó reflejado en la decisión de crear un instituto como persona pública no estatal focalizado en la investigación agropecuaria, asegurándole los recursos necesarios y estableciendo un régimen de cogobierno y una financiación a partir de una alícuota del Imeba y un aporte estatal de Rentas Generales. Lo que en el proyecto de Ley de Presupuesto parece una simple medida de racionalización del gasto público lleva consigo un cambio fundamental en el modelo institucional de promoción de la innovación agropecuaria que se aprobó oportunamente.
La forma de financiamiento del INIA es una pieza de un todo. No se trata de un aspecto aislado del resto de la Ley de Creación del INIA y, por lo tanto, de la definición de la estructura y el funcionamiento del instituto. La conformación y el peso de los distintos actores presentes en la Junta Directiva se vinculan con el origen de la financiación del instituto. Su modificación afectaría las relaciones de poder en los órganos de gobierno.
Restringir el aporte del Estado y modificar el peso relativo en las decisiones afectaría las posibilidades de incorporar en la agenda de investigación aspectos vinculados a las políticas públicas y a temas transversales y estratégicos (por ejemplo, problemáticas ambientales y sociales, temas de inocuidad, nuevas producciones, etcétera). En los rubros estrictamente productivos se corre el riesgo de relegar aquellos temas o problemáticas que puedan tener importancia en el mediano y largo plazo. La investigación en el INIA aporta al desarrollo de tecnologías críticas no sólo para productos exportables sino para aquellos que hacen a la seguridad y soberanía alimentarias. El INIA contribuye, por medio de la investigación y la transferencia tecnológica, a la sostenibilidad económica, social y ambiental de rubros directamente atados a la producción familiar.
La modificación propuesta plantearía una situación crítica para la viabilidad del instituto frente a una restricción temporal de los ingresos asociados a exportaciones. Que el Estado pueda aportar más que lo recaudado mediante la alícuota del Imeba da estabilidad a los planes de mediano y largo plazo del instituto. Esto es crítico, porque la agenda de investigación tiene, en su definición e implementación, tiempos distintos a los del negocio agropecuario.
La modificación de un artículo desarmaría una pieza legislativa modelo, elogiada a nivel internacional y votada por unanimidad por todos los sectores políticos. En sus más de 30 años de funcionamiento, el INIA ha dado sobradas señales de que el sistema funciona. Todas las gremiales agropecuarias nacionales y regionales así lo han reconocido en declaraciones recientes en las que piden no introducir modificaciones parciales a la ley en este aspecto. El instituto en el último quinquenio ha hecho esfuerzos por racionalizar los gastos y, simultáneamente, por aumentar su producción, tanto en la generación de conocimiento y tecnologías como en la transferencia y formación de capital humano. Los gastos operativos se han reducido y la productividad científica por investigador o investigadora se ha multiplicado por tres. Hay, no obstante, mucho por mejorar en el funcionamiento, la estructura, el financiamiento y el impacto del INIA en el medio. Después de 30 años la Ley de INIA merece, inevitablemente, instancias de discusión. Para que vuelvan a generarse los consensos en los temas centrales, estas discusiones deben ser amplias y deben considerar la complejidad y amplitud del sistema de ciencia y técnica agropecuario.
José Paruelo es director nacional interino del INIA, Santiago Cayota es director regional de la estación Las Brujas y Miguel Sierra es gerente de Innovación y Comunicación del INIA.