Las escenas de alegría y euforia son tan raras en 2020 que nadie puede permitirse el lujo de no aprovecharlas. El sábado 7 de noviembre de 2020, cuando, tras días de suspenso, los medios de comunicación estadounidenses anunciaron la victoria de Joe Biden, en docenas de ciudades de todo el país, las verdaderas estrellas parecían ser los trabajadores postales, que fueron aclamados por multitudes por su papel crucial en la entrega de las papeletas de voto por correo.
Aplaudir a los trabajadores está de moda. Desde el brote de la pandemia de covid-19, millones de personas en todo el mundo han salido a sus balcones por la noche, abriendo sus ventanas, para celebrar a los trabajadores de la salud al frente de la lucha contra el coronavirus. Pero esta demostración de apoyo público no se ha traducido en cambios. Mientras el mundo se enfrenta a sucesivas olas de infecciones, las unidades de cuidados intensivos y las salas de emergencia ya están desbordadas, y piden equipo de protección y refuerzos de personal.
Ya sean trabajadores postales, enfermeras o profesores, los trabajadores de los servicios públicos de todo el mundo quieren algo más que aplausos. Ha llegado el momento de que la población pida cuentas a quienes han aplicado políticas de austeridad y privatización, alegando que ya no tienen medios para financiar servicios públicos de calidad.
En realidad, hay dinero más que suficiente. Pero ha sido redirigido lejos de nuestros servicios públicos y hacia las cuentas bancarias offshore de las multinacionales y los megarricos. Con demasiada frecuencia, nuestros políticos les dejan salirse con la suya. Y las sumas involucradas son gigantescas. El informe sobre el “Estado de la Justicia Fiscal 2020”, publicado conjuntamente por la Internacional de Servicios Públicos, la Red de Justicia Fiscal y la Alianza Mundial para la Justicia Fiscal, revela que el mundo pierde más de 427.000 millones de dólares en impuestos al año por los paraísos fiscales en el extranjero.
De esta suma, casi 245.000 millones de dólares se pierden a causa de las empresas multinacionales que declaran gran parte de sus beneficios en paraísos fiscales, con el fin de no declarar sus ganancias en los países donde los tipos impositivos son más elevados. En cuanto a los megarricos del mundo, son responsables de la pérdida de los 182.000 millones de dólares restantes, al ocultar los activos e ingresos no declarados en el extranjero, fuera del alcance de la ley.
Para Uruguay, el dinero perdido en paraísos fiscales representa 4,33% de los gastos de salud. Sería suficiente para pagar, cada año, a más de 12.000 enfermeras.
El impacto de estas pérdidas fiscales es devastador. A nivel mundial, equivale a más de 34 millones de salarios anuales de enfermeras, pero tiene consecuencias mucho mayores en los países de ingresos más bajos. Para Uruguay, el dinero perdido en paraísos fiscales representa 4,33% de los gastos de salud. Sería suficiente para pagar, cada año, a más de 12.000 enfermeras.
Cuando una sociedad tolera el abuso de los impuestos por parte de las empresas y los individuos ricos, nuestros servicios públicos se ven socavados. Los presupuestos se recortan hasta que dejan de ser universales, accesibles o de alta calidad. Finalmente, esta austeridad se utiliza para justificar la privatización.
Sin embargo, nada de esto es inevitable. El coronavirus ha recordado a todos los gobiernos, incluso a los conservadores, lo esenciales que son los servicios públicos. Y revalorizar nuestros servicios públicos no sólo es posible, sino que también es muy popular. En Alemania, 83% votó a favor de que los servicios energéticos de Berlín vuelvan a ser públicos, mientras que en Grecia 98% votó a favor de detener la privatización del suministro de agua de Salónica. Desde el año 2000, más de 2.400 ciudades en 58 países han vuelto a poner los servicios bajo control público.
La única manera de financiar la respuesta y la recuperación de la covid-19 es cambiar las reglas del juego para que todos paguen su justa parte por servicios públicos de calidad. Debemos exigir a nuestros políticos que impidan que las empresas y los más ricos del mundo se lleven miles de millones de nuestro sector público. Esto requiere una fuerte colaboración internacional para poner fin a la carrera hacia el fondo en materia de impuestos. Necesitamos una tasa mínima global de impuestos corporativos. Las multinacionales deben ser obligadas a declarar sus beneficios (y a pagar los impuestos correspondientes) en los países donde operan, y no en los paraísos fiscales que les proporcionan direcciones convenientes.
Mientras tanto, los países pueden avanzar unilateralmente, introduciendo impuestos sobre los beneficios excesivos a las empresas que obtienen enormes beneficios de la pandemia, incluidos los gigantes tecnológicos y farmacéuticos. Los estados también pueden introducir impuestos sobre el patrimonio para financiar la respuesta a la covid-19 y abordar las desigualdades a largo plazo que la pandemia ha exacerbado. En este contexto, el voto sobre el Aporte Extraordinario en la Argentina es una noticia muy positiva.
La riqueza existe para mantener a nuestras sociedades prósperas y proteger a los vulnerables: sólo tenemos que impedir que fluya hacia el exterior.
Rosa Pavanelli es la secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP).