El Partido Nacional (PN) tiene involucrados a tres de sus 12 intendentes en diluidas, archivadas o postergadas acusaciones políticas, judiciales y, particularmente, consideraciones éticas –estas saben ser tercas– por actos en el ejercicio de sus funciones: Pablo Caram, de Artigas; Agustín Bascou, de Soriano; y Carlos Moreira, de Colonia. Las dos primeras son de hace al menos dos años, y la de Moreira estalló nueve procelosos días antes de las elecciones presidenciales de octubre. El resultado de los tres procesos –ojalá esta sea una predicción fallida– tiende a ser que no pase nada. Tanto Caram como Moreira van a la reelección, y Bascou se retira de la política declarándose harto “de la politiquería” y esbozando consejos para mejorarla luego de haber sacado provecho de su ejercicio.
El hecho de fondo, el que impide el pleno ejercicio democrático de la política y la vigencia irrestricta de la ética en la res publica, la cosa pública que en definitiva es la república, es que en el segundo nivel de gobierno, el departamental, el intendente no sólo puede transgredir normas, valores éticos y ejercer el poder en su ámbito en una dimensión mayor que, por ejemplo, el presidente de la República. El jefe comunal tiene prácticamente asegurada la frustración de los mecanismos de control, empezando por tener garantizada la mayoría de la Junta Departamental, 16 en 31 ediles, cuyas resoluciones necesitan además ser promulgadas por el intendente. A esto sigue, por ejemplo, que el poder que se adquiere en el ejercicio del gobierno comunal constituye un capital político que inevitablemente ejerce influencia en tesituras partidarias a nivel nacional, lógicamente en favor de los intereses de quien ejerce el gobierno departamental.
Las generalizadas quejas sobre la cercanía temporal de las elecciones nacionales y departamentales, que el mundillo político augura corregir en una eventual reforma constitucional, debería incluir una reflexión sobre el conjunto de normas que hace que las potestades y la práctica de un intendente lo acerquen más a la monarquía que a la república y lo alejen de la definitoria separación de poderes y su balanceado control de uno sobre el otro, que son el fundamento institucional de un gobierno democrático.
Los casos conocidos –no por eso necesariamente todos los existentes–, notorios por ser protagonizados por intendentes, son demostrativos de esta realidad en la que la influencia del Honorable Directorio del PN sobre los jefes políticos locales es enunciativa, y no coercitiva. Está en vigencia un parámetro sobre lo que es políticamente “razonable” pedir desde el centro a la periferia, por más que sea contundente lo que se enuncia en general respecto de la ética.
Esto se ve al repasar estos tres casos. El intendente de Soriano, Agustín Bascou, que sigue en funciones, lo hizo ya en la suplencia de 27 días que hizo en 2014 (entre el 6 de mayo y el 1º de junio) al entonces intendente Guillermo Besozzi. Promovió ventas de combustible por 230.338 pesos a vehículos de la comuna desde su estación de servicio. Ya en funciones como titular y hasta que saltara la bocha, la comuna le pagó otros 338.000 pesos a su caja. Con sólo eso, la estación de Bascou triplicó la venta de otra estación cercana, a tres cuadras. En tanto al estacionero le corresponde sólo una comisión sobre la venta, lo que haya logrado determina la altura de la vara ética que realmente rige para incentivar la inconducta. Además, Bascou fue demandado por cheques sin fondo, y la Justicia le está negando validez al traspaso de una casa a un familiar para que no sea embargada en esa demanda; que esto sea el botón de la muestra.
Más jugoso es el caso del intendente de Artigas, Pablo Caram, denunciado en octubre de 2018 ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por lo que parece ser una verdadera asociación para usufructuar obra pública por al menos 150 millones de pesos. La Jutep hizo pública su queja por la falta de respuesta y de colaboración de Caram, y el intendente se burló de la labor del organismo. La denuncia a la Justicia está por ampliarse, por haberse revelado la participación en un contubernio desvergonzado de una red de estudios, empresas y jerarcas comunales, sumados al hijo mayor de Caram, registrado en el Banco de Previsión Social (BPS) como contacto de la empresa beneficiada.
El jefe comunal tiene prácticamente asegurada la frustración de los mecanismos de control, empezando por tener garantizada la mayoría de la Junta Departamental.
Por supuesto, la bancada oficialista impidió en forma consecuente el tratamiento del enorme tema en una sesión de la Junta Departamental. Esto, pese a que dos ediles nacionalistas, uno colorado y los del Frente Amplio (FA) se suman a la denuncia y hoy consideran si hacer una segunda presentación ante la Justicia, o sumarla a la primera. No es razonable esperar un fallo de la Justicia antes de las elecciones departamentales del 10 de mayo. Esto lo sabe Luis Lacalle Pou, que fue –y no como parte del carnaval local– a apoyar a Caram en la campaña electoral que lleva adelante con Cabildo Abierto y sin el Partido Colorado. Ya lo dijera Lenin: “El poder; lo demás es ilusión”. Será interesante observar la fidelidad al compromiso de luchar contra la corrupción que tan enfáticamente reiteró Guido Manini Ríos en la campaña electoral; no puede ser que Artigas sea un recreo aparte.
A esto se agregan (el que busca encuentra) 4.000 observaciones del Tribunal de Cuentas a la gestión de Caram, particularmente la imposibilidad de tratar en la Junta Departamental el observado pago por encima de lo legalmente admitido en un espectáculo organizado por la comuna en octubre de 2018, y un desbordado nepotismo, en cuyo ejercicio Caram nombró directores y secretarios al menos a su pareja, dos primos, su sobrina y su respectiva pareja, y dos primos de su cuñado. Al hijo hay que contarlo en la empresa beneficiada con la obra pública. El intendente se burló de estas imputaciones con diversas frases, entre ellas que se le estaba buscando “la cuarta pata al gato”. Los gatos de tres patas de Artigas son en consecuencia un símbolo de la impunidad que Caram expresa con su escarnio.
El ejemplo más reciente es el de Carlos Moreira, una figura política prominente del PN cuyo nombre supo integrar la terna de los candidatos a la vicepresidencia que acompañarían a Lacalle. El 18 de octubre, en los sensibles nueve días anteriores a las elecciones del 27 de octubre y con un interés avieso que es secundario para el caso, se hizo pública una primera y luego una segunda grabación en la que la edil María José García le solicitó por teléfono a Moreira más puestos de pasantía y este condicionó su negativa a favores sexuales.
La publicidad de estos audios generó una reacción inmediata, principista y tenazmente aferrada a declamar una postura ética de parte de la dirección nacionalista. Sin escuchar a Moreira, Jorge Larrañaga lo expulsó de su sector, la presidenta del Honorable Directorio y vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, dijo que “en el Partido Nacional no hay lugar para gente de este tipo, por más que duela”, y Lacalle optó por una retórica que en apariencia condenaba a Moreira: “No se puede mirar para el costado”. De inmediato, los cinco integrantes de la Comisión de Ética nacionalista condenaron a Moreira y el tema pasó a la Justicia.
La renuncia partidaria de Moreira evitó que a esa tesitura siguiera, por lógica, la máxima sanción política posible: su expulsión del PN. La renuncia desplazó a Moreira de su cargo de senador, y asumió su suplente, Jorge Gandini. Pero desde el Honorable Directorio no le pidieron a Moreira que renunciara como intendente del PN. Esto es clave para entender el desarrollo que lo llevó a postularse para su reelección como intendente, sabedor Moreira de que después del 27 de octubre las prioridades políticas del PN sobrepondrían el poder real a la ética.
Las elecciones tuvieron lugar, y la Jutep dijo su verdad: estableció que Moreira violó principios de interés público, probidad e imparcialidad con la edil García. También, que no se cumplió con la prohibición de “solicitud de favores, promesas y otras ventajas para sí o terceros”, en tanto el espíritu del programa de pasantías es la inserción en el mercado laboral y Moreira lo usó para sustituir puestos de trabajo mediante renovaciones continuas. Así, no se respetó la cantidad de pasantes habilitada (no se pudo saber cuántos son ni cuántas pasantías se dieron en un departamento de 120.000 habitantes) ni se respetaron las condiciones establecidas para su renovación, que incluyen la certificación laboral y sorteo ante escribano público. “Aparece como un acto discrecional”, falló la Jutep.
El manejo del programa de pasantías está regido por la Ley 17.060, que se llama a sí misma “ley cristal” y es la que trata específicamente lo que llama “corrupción” en el ejercicio de la función pública. Curiosamente, la fiscal Eliana Travers (que salió 15ª en el obligado concurso) decidió archivar el caso, en un dictamen que debería ser materia de autopsia. Con ese archivo, se cerraba la vía judicial y quedaba abierta la vía ética, en un PN que en Colonia mostró una mayoría a favor de la reelección de Moreira, y una minoría, principalmente de la juventud, en contra.
Las autoridades partidarias vienen actuando en consecuencia, con una postura amparada en la inacción pública a favor de Moreira y de su apoyo coloniense, mientras que Argimón encabeza el pronunciamiento en contra. Parecen haber resuelto así el dilema de Hamlet: son y no son al mismo tiempo. Para deglutir el contundente problema ético, se propuso remitir a la Comisión de Ética el dictamen de la fiscal, como si ambas instancias tuvieran un denominador común, y, para mayor resguardo, pasar la decisión final al Honorable Directorio. Si todo sigue su curso, el Honorable votará dividido y Moreira no sólo volverá a ser intendente, sino que, con el tiempo, volverá a filas nacionalistas. Y santas pascuas.
Andrés Alsina es escritor y periodista.