Hoy asumen los integrantes del Parlamento que estará en funciones hasta el 15 de febrero de 2025, cuando ya sabremos quién sustituirá a Luis Lacalle Pou, 14 días después, en la presidencia de la República.
Será la primera legislatura después de tres consecutivas en las que el Frente Amplio (FA) tuvo a su cargo el gobierno nacional con mayorías propias en ambas cámaras. Ahora el Poder Ejecutivo será encabezado por el Partido Nacional (PN), y ningún lema tendrá mayoría parlamentaria por sí solo, aunque podrán formarla el PN y los partidos Colorado (PC), Cabildo Abierto (CA), Independiente y De la Gente, integrantes de la “coalición multicolor” (en realidad, podrán hacerlo los tres primeros, con o sin el apoyo de los otros dos).
Estas características determinarán, como ya ha sucedido en períodos de gobierno anteriores, ciertas tensiones entre distintos ámbitos de decisión. Las reformas constitucionales aprobadas en 1966 y 1996 fortalecieron al Poder Ejecutivo, pero el Legislativo tiene funciones cruciales, sobre todo para un gobierno que se propone realizar cambios de importancia.
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Los presidentes prefieren asegurar mayorías para sus proyectos de ley antes de enviarlos al Parlamento, para evitar el desgaste de su autoridad asociado con la negociación pública, y (sobre todo) procesos como los que se produjeron durante el anterior gobierno del PN, de 1990 a 1995, con la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera.
El padre de Lacalle Pou no logró la coalición de gobierno que había prometido, sino apenas un acuerdo de su sector (el Herrerismo) con los demás del PN, y el compromiso –que llamó Coincidencia Nacional– de que la mayoría de los colorados apoyarían un ajuste fiscal y una reforma del Estado. En los hechos, naufragaron, entre otras, sus iniciativas de reforma de la seguridad social y reglamentación del derecho de huelga. La de privatización de empresas públicas fue aprobada, pero luego buena parte de ella se derogó en un referéndum realizado el 13 de diciembre de 1992, apoyado a último momento por el sector de Julio María Sanguinetti.
Los presidentes prefieren asegurar mayorías para sus proyectos de ley antes de enviarlos al Parlamento, y evitar procesos como los que se produjeron durante el anterior gobierno del Partido Nacional.
En agosto de 1990 abandonó el gobierno el sector nacionalista de Alberto Zumarán, y en octubre la Convención Nacional del PC declaró que este debía hacer lo mismo si no cambiaba la política económica. En abril del año siguiente, dirigentes herreristas afirmaron que la Coincidencia había terminado, y que se había puesto en marcha una “máquina de impedir” contra los proyectos de Lacalle Herrera. Al mes siguiente renunció el único ministro sanguinettista. Después del referéndum de 1992, el gobierno nacional atravesó dos años muy difíciles, sin lograr nuevos acuerdos estables, y el país quedó en una situación de semibloqueo, que postergó la búsqueda de soluciones hasta las elecciones de 1994. En ellas, ganó Sanguinetti y el Herrerismo perdió la mayoría dentro del PN.
La “coalición multicolor” aún no empezó a gobernar, y no sabemos cuál será su historia. Que no le ocurra lo mismo que a la Coincidencia Nacional dependerá, en gran medida, de la conducta de todos los partidos en el nuevo Parlamento.