Gobernar es gestionar prioridades. Es definir una agenda, una serie de objetivos, e intervenir para alcanzarlos. Cada objetivo en esta agenda admite múltiples abordajes. Cada abordaje tiene su alcance e impacto; sus ganadores y perdedores.
Aunque no parezca, los abordajes por los que un gobierno opta distan de ser inexorables. Siempre puede elegir. Así, cuando un gobierno plantea lograr un objetivo de cierta manera, no debe leerse como que “no le queda otra”, sino más bien como que “prefiere esa” o que “no le gusta otra”.
En noviembre, Uruguay eligió a sus autoridades hasta 2025, y con ellas eligió su agenda, sus objetivos y sus abordajes. En esta agenda, la situación fiscal parece ocupar un lugar importante, y conservar la sostenibilidad de las cuentas públicas parece estar entre los objetivos.
“La situación fiscal me condiciona”
¿Qué relevancia le da este gobierno a la situación fiscal? ¿Cuánto le preocupa la sostenibilidad de las cuentas públicas? Sin confundir decires con haceres, veamos los hechos concretos.
Por un lado, la situación fiscal parece desvelar a las autoridades. Por ejemplo, cuando el Decreto 090/020 del 11 de marzo –dos días antes de decretar la emergencia sanitaria nacional– topeó al barrer los gastos de funcionamiento e inversiones de la administración pública, prohibió adquirir mobiliario y equipamiento, prohibió ocupar las vacantes producidas hasta 2019, limitó a un tercio la ocupación de las generadas en 2020 y restringió a 60% de lo ejecutado en 2019 la contratación de personal. Desde el gobierno se indicó que esto obedecía a la situación fiscal.
Cuando decretó un aumento del IVA a partir de mayo en operaciones con medios de pago electrónico –dos puntos porcentuales en general, cuatro para operaciones vinculadas a actividades turísticas– el gobierno justificó esta medida por la fragilidad fiscal. Lo mismo ocurrió con los ajustes tarifarios, en promedio mayores a 10%, aplicados desde abril sobre los servicios de Antel, UTE y OSE: no había otra, incluso en un contexto de caída pronunciada en la actividad y el empleo, la restricción fiscal le impedía asumir con fondos públicos el costo de no ajustar.
Las cuentas públicas también habrían limitado el alcance de las medidas para contener la caída en la actividad derivada de la emergencia sanitaria. Cuando se le indicó al gobierno que estas medidas eran correctas, pero insuficientes, dado el bajísimo nivel de gasto efectivamente realizado –Uruguay ha tenido en estos meses un nivel de gasto similar a Afganistán o Camerún para mitigar el impacto de la covid-19, y por poco no es el país de América Latina y el Caribe que ha gastado menos–, este señaló que las medidas no pudieron expandirse más para no deteriorar el frente fiscal.
A su vez, la situación fiscal también habría motivado la reciente aplicación del impuesto sobre los salarios y pasividades más altas percibidas por los trabajadores del sector público, ya que el gobierno propuso aplicar su recaudación al gasto derivado de la emergencia sanitaria, de forma de tener una fuente adicional de recursos para enfrentar la pandemia. En el mismo sentido, a juzgar por la reciente pauta para el Consejo de Salarios del sector privado, donde el Poder Ejecutivo sugiere que los trabajadores deben perder poder adquisitivo, es de esperar que traslade igual filosofía al sector público para reducir su gasto en remuneraciones, otra vez, en nombre de la situación fiscal.
¿Cuál situación fiscal?
Hasta aquí, las medidas del gobierno para mejorar la salud fiscal. Hasta aquí, todo parece consistente: hay que recortar y ajustar, no queda otra.
Hay ocasiones, sin embargo, en que la inquietud por la situación fiscal parece pasar a segundo plano. Cuando el gobierno decide prescindir de aumentos transitorios en los tributos a los altos ingresos privados, el patrimonio, o la renta empresarial, por ejemplo, está renunciando explícitamente a una fuente de recursos para cubrir el costo de la pandemia. En tal sentido, proteger a los “malla oro” en desmedro del resto de la población –que ya aporta a la causa por medio de impuestos, tarifas y ajustes salariales menores a la inflación– no sólo es poco razonable, sino que va en contra de las medidas transitorias actualmente recomendadas por organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Fondo Monetario Internacional.
A su vez, cuando por el Decreto 135/020 el gobierno permite llenar la totalidad de las vacantes militares, en un país que, según cifras del Banco Mundial, en 2017 tenía 52% más personal militar que Estados Unidos en relación con su población económicamente activa, y 56% más que el promedio mundial, queda claro que la urgencia del recorte de gastos para mejorar el frente fiscal es un tanto relativa. Igual conclusión amerita la contratación directa de nuevo personal de consultoría en varias reparticiones del Estado por sueldos mensuales de hasta 265.000 pesos uruguayos, algo que ameritó que siete legisladores realizaran recientemente un pedido de informes a la Oficina Nacional de Servicio Civil y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para conocer el detalle de tales contrataciones.
El tercer acuerdo del gobierno con UPM también estaría relativizando la fragilidad fiscal tantas veces aludida por el gobierno. En principio, el acuerdo define dos contribuciones de UPM, una en energía y otra en vialidad. La primera de ellas –que en los hechos constituye la única renegociación de lo acordado por el gobierno anterior– está sujeta al previo desembolso de unos 260 millones de dólares de fondos públicos para ejecutar obras mucho más ambiciosas que las previamente acordadas. En tal sentido, si bien aún no se definió cómo se desembolsará este dinero, queda claro que el gobierno dispone de más de medio punto del producto interno bruto para satisfacer los requerimientos de la empresa.
Finalmente, la ley de urgente consideración que actualmente se discute en el Parlamento contiene varias disposiciones que implican mayores costos y menores ingresos para el fisco. Entre ellas, se destacan los cambios propuestos a la Ley de Inclusión Financiera, que operarán en el sentido de reducir los incentivos a la formalización y los controles a los grandes capitales. Claramente, esta propuesta implicará una renuncia fiscal, aún no cuantificada, por la vía de una menor recaudación de la Dirección General Impositiva –especialmente IVA– y menores contribuciones al Banco de Previsión Social y al Fonasa.
Elige tu propio ajuste
En noviembre, Uruguay eligió gobierno, y con él, sus objetivos y abordajes. En materia fiscal, en particular, eligió una orientación respecto de quién aportará los recursos públicos y quién se beneficiará de ellos.
Las recientes decisiones de este gobierno han ido en el sentido de que los recursos sean provistos por la mayoría y trasladados a las minorías. Historia indeseable, pero conocida. Lo que sí queda claro, a juzgar por los hechos concretos, es que la situación fiscal no los asusta tanto. A no dejarse asustar.
Germán Benítez es economista e integrante de Marea Frenteamplista (Fuerza Renovadora).