Desde hace años se sostiene la idea de que los militares deben ser incorporados sin más a la vida social, política y estatal, sin una reflexión profunda sobre el papel institucional de las Fuerzas Armadas (FFAA) en democracia y sin una revisión crítica de su pasado reciente.
La idea persistente de la derecha y de los sectores ultraderechistas no es nueva en Uruguay. Siempre estuvo ahí. Lo que sí resulta más llamativo es la adhesión a esa concepción por parte de algunos dirigentes de izquierda, incluso de personas que fueron víctimas directas del terrorismo de Estado.
Paradójicamente, esta concepción no fortalece a la institución militar: la perjudica. Ha contribuido a mantener a nuevas generaciones de militares atadas a una herencia ideológica que nunca fue completamente cuestionada. En lugar de democratizar las FFAA, se terminó diluyendo y naturalizando parte de la cultura política que hizo posible el golpe de Estado y los crímenes de la dictadura, por nuevas personas que no tienen formación ni información veraz sobre lo ocurrido.
Cuando se plantea una y otra vez que no puede haber “viejitos presos”, se está promoviendo, en los hechos, una forma de indulto para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Cuando se afirma que quienes sufrimos en nuestros cuerpos y nuestras almas la tortura, la prisión y la violencia de la dictadura mentimos o exageramos, se vuelve a victimizar a las víctimas.
Y cuando se desacredita sistemáticamente a las víctimas y a sus familiares, negándoles el derecho a conocer la verdad, a saber dónde están y cómo murieron sus padres, madres, hermanos o hijos, se extiende la impunidad y se perpetúa el delito. La impunidad deja entonces de ser un problema jurídico para convertirse en un problema político, moral y cultural que afecta al conjunto de la sociedad.
Quienes callan frente a estas prácticas terminan legitimándolas. Aunque el coro no diga nada, en este caso aprueba.
¿Y qué ha producido esta orientación, este goteo permanente que durante décadas fue horadando el sentido común democrático? Ha erosionado la forma republicana, democrática y humanista de nuestra convivencia como pueblo y como nación.
No se trata únicamente de las leyes vinculadas a la impunidad de los criminales de lesa humanidad. Durante décadas se fue instalando la idea de que existen vidas especialmente protegidas y otras que no son iguales ante la ley; vidas que parecen valer menos, como los “feos, sucios y malos” de la película de Ettore Scola. Sujetos sociales considerados descartables, peligrosos o prescindibles. A ello se sumaron el aumento de penas para adolescentes, la criminalización permanente de la pobreza y la construcción sistemática de enemigos internos.
Pero sería un error atribuir esta situación exclusivamente a la derecha. También debe analizarse la incapacidad de los progresismos para resolver problemas estructurales de la vida cotidiana, la falta de respuestas frente a los daños producidos por décadas de neoliberalismo, y la ausencia de audacia política para construir horizontes nuevos que unieran a los sectores históricamente excluidos. El alejamiento permanente de sus bases sociales y el extrañamiento a sus pertenencias sociales hicieron el resto.
En demasiadas ocasiones los progresismos terminaron adoptando los métodos, los eslóganes y las categorías de pensamiento de sus adversarios. Ese terreno abonado permitió el avance de una nueva estrategia de la ultraderecha regional. No se trata de una repetición mecánica de los procesos del siglo XX. Hay una inteligencia política detrás de estos movimientos. Existen directrices comunes que pueden observarse en distintos países, aunque adopten formas diferentes según la historia, la cultura política y el nivel de desarrollo institucional de cada sociedad.
La estrategia consiste en llevar al límite las situaciones de crisis cuando los progresismos gobiernan. Alimentar el miedo. Exacerbar las polarizaciones. Deshumanizar al adversario. Generar frustración social y convertirla en resentimiento político. En ese proceso, los pobres dejan de ser ciudadanos para convertirse en amenaza. Los pobres no importan. No son considerados personas con derechos. Son tratados como problemas que deben ser administrados, controlados o confinados. A partir de allí, el miedo hace su trabajo.
Del otro lado aparece un progresismo muchas veces timorato, desorientado y preocupado por conservar pequeños espacios de poder. Un progresismo que, en algunos casos, llegó al gobierno sin haber construido una verdadera formación política ni una visión estratégica de largo plazo.
Desde hace años se sostiene la idea de que los militares deben ser incorporados sin más a la vida social, política y estatal, sin una reflexión profunda sobre el papel institucional de las FFAA en democracia y sin una revisión crítica de su pasado reciente.
Ha ocurrido en Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina, Colombia y Perú. Cada caso tiene sus particularidades, pero existen patrones comunes que merecen atención. Y Uruguay no está aislado de esos procesos. Aquí también están llegando, adaptados a nuestra historia, a nuestra cultura política y a nuestras particularidades sociales.
Primero se instala la brecha. La meritocracia, el “sálvese quien pueda” y la desconfianza hacia el diferente pasan a ocupar el centro de la escena. El negro, el indígena, el mestizo, las mujeres, los jóvenes, los pobres y cualquier otro grupo vulnerable se convierten en objeto de sospecha.
Luego aparece algo todavía más profundo: la militarización de las formas de pensar. Rigidez mental. Obediencia. Verticalidad. Necesidad de orden. Construcción permanente de enemigos.
Durante las dictaduras los enemigos eran las ideas de izquierda, los revolucionarios y los movimientos populares. Hoy el enemigo es más difuso y más amplio. Puede ser el pobre, el inmigrante, el joven del barrio periférico, la mujer organizada, el diferente o cualquiera que cuestione el orden establecido.
En los barrios privados de derechos y oportunidades, el narcotráfico cumple una función política además de económica. Recluta, protege, genera miedo, administra conflictos y construye poder territorial. A los pobres se los aparta, se los vigila, se los militariza y se los excluye. Se los confina a sus territorios. Nada de esto es nuevo. Mientras tanto, los grandes capos viven lejos de esos territorios, protegidos en sus barrios cerrados.
En el medio quedan unas clases medias crecientemente inseguras, temerosas de perder lo poco que poseen y convencidas de que el principal peligro viene desde abajo. A esto se suma el trabajo cultural de décadas: el “no te metás”, el “cada uno en lo suyo”, el “no somos iguales” y el “no queremos serlo”. El desclasamiento hace el resto.
La penetración en los estados se realiza financiando campañas, candidatos y estructuras políticas. Se aprovecha la fragilidad de dirigentes sin formación, con necesidades de reconocimiento y con escasa conciencia de clase. No serán los dueños del poder. Serán apenas sus administradores. Algunos actuarán conscientemente, otros serán cooptados sin comprender plenamente para quién trabajan. Así comienzan los narcoestados: con democracias debilitadas, instituciones erosionadas y sociedades fragmentadas.
Las nuevas formas de dominación autoritaria no necesariamente llegarán mediante golpes de Estado tradicionales. Vendrán mediante procesos graduales, cuidadosamente diseñados, construidos con recursos económicos inmensos y una enorme capacidad de influencia cultural. Hay mucho dinero circulando en el mundo. Dinero destinado a comprar voluntades, moldear opiniones y condicionar decisiones. Por eso el título. Porque mientras se habla de democratizar las FFAA, se militariza la sociedad.
Se deshumanizó a sectores enteros de la población. Se construyeron categorías de ciudadanos de primera y de segunda. Se debilitó la formación política y se promovió la obediencia antes que el pensamiento crítico. Se sustituyó la conciencia por la pertenencia. Y así se fue creando la mano de obra necesaria para nuevas formas de dominación: ciudadanos disciplinados, dirigentes intercambiables y sociedades cada vez más acostumbradas a convivir con la desigualdad, el miedo y la exclusión.
¿Estaremos a tiempo en este pequeño país?
Liliana Pertuy es socióloga.