El artículo 171 de la ley de urgente consideración (LUC), ya aprobada y promulgada, crea el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Formación en Educación en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). La iniciativa podría recoger adhesión, dado su loable propósito. Sin embargo, encierra peligros y cuestionamientos, tanto por sus verdaderos efectos como por su constitucionalidad y gobernanza.
Las últimas resoluciones del Consejo de Formación en Educación (CFE) generan aun más dudas sobre el verdadero camino hacia el carácter universitario de esta formación.
Fines e intenciones
El programa creado por la LUC tiene como su fin principal “promover y apoyar programas universitarios de formación en educación”. Ahora bien, ¿dónde existen actualmente programas universitarios de formación en educación? No los hay en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), dado que la propia LUC no le reconoce ese carácter. Tampoco en la Universidad de la República (Udelar) ni en la Universidad Tecnológica (Utec). Actualmente, sólo existen en la educación privada. Y podrán existir más, gracias a este programa.
Por otra parte, días atrás el CFE aprobó la solicitud del Consejo Directivo Central de la ANEP de suspender la aplicación del capítulo del Estatuto Docente referido a formación en educación que fuera aprobado en la administración anterior con acuerdo del sindicato y las Asambleas Técnico Docentes. Este texto establece una estructura diferenciando antigüedad de grados académicos, con efectividades renovables por medio de la evaluación, valorando la formación en postgrados y la investigación. Por este camino, el carácter universitario estará más lejos aun.
Al mismo tiempo, el programa crea “un Sistema Nacional de Becas de Formación en Educación que premie la continuidad y calidad de los estudios por parte de estudiantes de todo el país que sigan programas universitarios de formación en educación”. Al igual que lo que se señaló anteriormente, las becas que ofrezca este programa estarán dirigidas exclusivamente a estudiantes de carreras privadas, lo que constituye una transferencia de fondos estatales a la educación privada, que ya recibe el subsidio establecido en el artículo 69 de la Constitución de la República.
En los últimos 15 años se ha impulsado una política de becas para favorecer el acceso a la educación media y a la educación terciaria a través de diversos instrumentos, como por ejemplo las Becas de Apoyo Económico del MEC, Uruguay Estudia, Compromiso Educativo, Fondo de Solidaridad y las becas para formación en educación Julio Castro y CFE.
Esta política educativa implicó incrementar los recursos, coordinar esfuerzos y mejorar la eficiencia de los instrumentos utilizados. De esta forma, entre 2005 y 2018 las becas estudiantiles crecieron casi siete veces (pasaron de 4.723 a 31.412). En todos los casos se aplica una combinación de criterios socioeconómicos para su otorgamiento, y académicos especialmente para su renovación.
En el CFE se creó el sistema de becas “con el propósito de promover el acceso, la permanencia y el egreso en tiempo” de sus estudiantes. Se coordinó con el Fondo de Solidaridad, que gestiona las transferencias, y gracias a que se le otorgó prioridad a la hora de distribuir los recursos se logró mantener el número de becarios, a pesar de que el valor de las prestaciones se ajusta anualmente. La reglamentación prevé la firma de un compromiso de los becarios de trabajar en la educación pública, y estipula los criterios de rendimiento académico para su renovación. Esto ha producido efectos positivos en la continuidad educativa de los becarios, que en 2019 fueron 2.238; 71% de ellos avanza en la carrera o egresa.
En ningún caso se considera la beca como un “premio”, sino como un apoyo para que los estudiantes puedan ejercer su derecho a la educación y continúen sus trayectorias educativas dentro de los tiempos teóricos esperados.
Hay organismos que otorgan becas como premios, pero son producto de competencias o de exigentes procesos de selección. ¿Es lo que se pretende con este sistema de becas? ¿Que los estudiantes compitan?
¿O será que quienes tendrán que competir serían las instituciones? Es decir, aquella institución que obtenga el reconocimiento del MEC como carrera universitaria recibirá recursos para ofrecer becas y aquellas que no obtengan ese carácter, no las tendrán. ¿A quién se premia? ¿Al estudiante o a la institución?
El programa de fortalecimiento de la formación en educación, tal como lo prevé la LUC, constituye un mecanismo que promoverá la formación en educación privada, transfiriendo recursos públicos para ello.
Constitucionalidad y gobernanza
El artículo señala que se crea el programa en “un marco de respeto a las instituciones formadoras”. ¿A qué instituciones formadoras se refiere? ¿Al CFE? En este caso, ¿cómo se respetaría la autonomía de la ANEP, que entre sus competencias tiene la formación en educación?
También se indica que el programa se desarrollará en coordinación con la ANEP y que se creará “un sistema permanente de evaluación y monitoreo de la calidad docente” en coordinación con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la ANEP. Asimismo, el programa se propone “apoyar a ANEP y a las instituciones educativas en sus esfuerzos por mejorar la calidad docente”.
Siendo así, ¿las instancias de coordinación no deberían ser acordadas entre el MEC y el CFE de la ANEP?
La respuesta a esta pregunta no es menor para considerar tanto la constitucionalidad del programa como los efectos que pueda tener. Una referencia podría tomarse del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba), que desde 1995 es un programa permanente y tan buen resultado ha dado al impulso y desarrollo de las ciencias básicas en el país.
El Pedeciba no se creó por ley, sino a través de un convenio entre el MEC y la Udelar con el patrocinio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, firmado en 1986 y renovado en 2008. Este programa es dirigido por una Comisión Directiva Honoraria integrada por representantes designados por el MEC, la Udelar, investigadores y estudiantes del programa, el director, el subdirector y representantes de los comités científicos de las áreas.
¿Cómo se dirigirá el programa creado por la LUC? ¿Seguirá los pasos del Pedeciba? ¿Se sustentará en un convenio interinstitucional entre el MEC y la ANEP? ¿Su dirección contará con la participación de docentes y estudiantes de formación en educación? ¿Se integrará también a las instituciones terciarias públicas, como la Udelar y la Utec?
¿Cómo fortalecer la formación en educación?
A partir de estas consideraciones, es posible afirmar que el programa de fortalecimiento de la formación en educación, tal como lo prevé la LUC, constituye un mecanismo que promoverá la formación en educación privada transfiriendo recursos públicos para ello.
Hay que tener en cuenta que la matrícula privada en formación en educación es de 1%, y el egreso es 1,6%. Por lo tanto, aun sin considerar los aspectos de política educativa pública, su efecto sería marginal, dado que no abarcaría a la inmensa mayoría de los estudiantes y egresados.
Es compartible el propósito de fortalecer el carácter universitario de la formación en educación, pero para ello deberían apoyarse las líneas de transformación universitaria que se desarrollaron en el CFE, que abarca a todo el país, a 2.700 docentes y a 30.000 estudiantes.
Esto significa no dilatar la aplicación de la nueva estructura académica que establece criterios académicos en la carrera docente, facilitar el acceso a posgrados de sus docentes, aplicar la transformación curricular en curso y fortalecer el programa de investigación creado (en cambio, todo indica que se le recortarán recursos).
Además, se debería favorecer la participación de estas carreras en procesos de evaluación externa, para lo cual el Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria es el instrumento idóneo.
Especialmente ahora que se inicia la discusión presupuestal, deberán destinarse recursos con este propósito si realmente se desea “asegurar el carácter universitario de una formación en educación de calidad”, como la LUC establece en su artículo 137.
Un verdadero programa de apoyo a la formación en educación debería estar dirigido a la educación pública y contar con componentes que colaboren con el proceso de transformación universitaria que abarca a 33 instituciones de todo el país, y no destinar recursos públicos para promover ofertas privadas.
Luis Garibaldi es maestro y fue director nacional de Educación.