Luis Garibaldi

Los nuevos planes se aprueban sin apoyo, sin sustento académico y sin una estructura que permita su aplicación, seguimiento y evaluación. Tampoco cuentan con el apoyo de los estudiantes.

Las características de estas becas parecen responder más a las prioridades del MEC que a las necesidades de la formación en educación. Por otra parte, el origen de los fondos debería ser clarificado.

La disminución del presupuesto educativo tiene consecuencias en la calidad educativa. Las autoridades de la educación buscan remedos para cumplir planes de menor costo.

Que el Instituto de Acreditación y Evaluación no tenga recursos es responsabilidad de la actual administración. No fue prioridad su instalación y por tanto no se le otorgaron recursos, y tampoco se avanzó en su reglamentación.

Este procedimiento no sólo es inconsulto, inconstitucional, ilegal e insostenible, sino que tampoco asegura una formación universitaria de futuros/as educadores/as y docentes.

La coordinación de la educación no mejoró, empeoró. No parece que fuera importante para el gobierno, menos una urgencia.

Los artículos 127 y 140 de la LUC constituyen un peligro para el desarrollo de políticas educativas públicas, son contrarios a las mejores tradiciones nacionales y deberían derogarse

Los artículos 163 y 193 de la LUC habilitan cambios esenciales en la carrera docente que van en contra de la historia de la educación uruguaya, afectando las condiciones de trabajo docente.

El resultado es inverso al proclamado. Se centralizan decisiones, se conoce menos la realidad y se adoptan resoluciones alejadas de ella.

Se desaprovechan años de trabajo colectivo y confianzas construidas con mucho esfuerzo entre las instituciones universitarias públicas y privadas, que llegaron a un acuerdo unánime para la creación de esta institución.

Por un lado, responsabilizan a las anteriores autoridades por sus propias omisiones y debilidades, y por otro aprovechan y hacen suyos los beneficios de los resultados de políticas anteriores.

El MEC tiene mayoría en el Consejo Consultivo, designa a los evaluadores y todavía tiene poder de veto. Es decir, tendrán carácter universitario aquellas carreras que el ministerio entienda pertinente.

Que el gobierno renuncie a crear una institución universitaria para la formación en educación es un camino no sólo equivocado institucionalmente, sino que va a incidir negativamente en la calidad de la formación.

Este año encuentra al magisterio en una situación muy particular. Pandemia, ley de urgente consideración y Presupuesto condicionan este día como nunca antes.

Los recursos que no se invierten en atención y educación de niñas y niños de tres años en la ANEP y tampoco se incrementan en la misma cantidad en el INAU ¿no significarían un recorte encubierto al presupuesto educativo?

El programa de fortalecimiento de la formación en educación, tal como lo prevé la LUC, constituye un mecanismo que promoverá la formación en educación privada, transfiriendo recursos públicos para ello.

La coalición de gobierno ha optado por hacer de la educación una política de gobierno y no una política de Estado.