Estoy convencida de que los niños, las niñas y los adolescentes son actores sociales con capacidad de participar y transformar nuestra sociedad. No los concibo –como en general lo son– como sujetos subordinados o subalternos al poder del mundo adulto. Tampoco los considero “el futuro del país” ni “futuros ciudadanos o ciudadanas” porque creo en las infancias y las adolescencias críticas y participativas hoy, en el presente.
A lo largo de la historia, los niños, las niñas y los adolescentes han sido sujetos invisibilizados por el mundo adulto, y recién a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño devienen lentamente agentes y sujetos de derechos, con derecho a participar, a la libertad de expresión, a la no discriminación, a la vida, la supervivencia y el desarrollo.
En Uruguay, el Código de la Niñez y la Adolescencia de 2004 y la Ley Orgánica del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) le otorgan a este último organismo cometidos rectores en materia de infancias y adolescencias. Su objetivo principal es garantizar el ejercicio efectivo de la ciudadanía a todos los niños, las niñas y los adolescentes de Uruguay, como corresponde en su calidad de sujetos plenos de derechos. Para poder llevar adelante estos cometidos institucionales, se necesita un INAU que cuente con los recursos económicos y humanos suficientes. Nada de esto parecería estar previsto en el presupuesto quinquenal ni en las metas actuales del INAU.
Habría mucho para hablar de la manera en que como sociedad violentamos diariamente –desde distintos lugares y formas– a nuestras infancias y adolescencias, pero en esta oportunidad me detendré en lo que señalaba en el párrafo anterior. Para llevar a cabo los cometidos institucionales del INAU son centrales la profesionalización, la capacitación y la formación de funcionarios y funcionarias, así como tener procesos de ingreso a esa función, evaluación y ascensos transparentes.
El directorio del INAU actuante durante los años 2015 a 2020 realizó una readecuación organizacional que contó con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) y de la Agencia de Gestión y Evaluación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y para el proceso de reestructura de cargos contó con la asesoría del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
En 2018 se comenzó a trabajar además en la elaboración de perfiles desde un enfoque de gestión humana basado en competencias, que pone énfasis en la contribución de las personas y sus capacidades para el logro de los objetivos y los resultados organizacionales. El directorio aprobó los perfiles de competencia para los cargos de directores departamentales, supervisores, directores de proyectos y coordinadores.
En el INAU parece desandarse el sinuoso camino hacia la profesionalización; niños, niñas y adolescentes terminarán pagando la vuelta.
La Ley 19.670, del 15 de octubre de 2018, en su artículo 263 establece que los ascensos de los funcionarios del INAU se realizarán por concurso de méritos y antecedentes u oposición y méritos, y dispone para los cargos de conducción concursos de oposición y méritos. Este artículo se reglamentó con el asesoramiento de la ONSC y finalizó con una instancia bipartita con el Sindicato Único de Trabajadores del INAU y del INISA (SUINAU), con lo que quedó aprobado el Reglamento de Funcionarios del INAU por Resolución de Directorio 428/2020, del 19 de febrero de 2020. Recordemos que justamente su artículo 1º dice: “El presente Reglamento tiene como objetivo establecer un conjunto de directrices que regulen las relaciones de trabajo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, de ahora en más INAU, con su funcionariado, en un marco de profesionalización, transparencia, eficacia y eficiencia”.
El 28 de diciembre de 2020, desde la bancada del Frente Amplio hicimos un pedido de informes al INAU debido a que las comparecencias del directorio de ese organismo –tanto en la ocasión de la discusión de la ley de urgente consideración como en la del presupuesto quinquenal– nos generan dudas, ojalá erróneas, sobre cómo se están llevando a cabo y cómo se llevarán adelante los procesos de ingreso al INAU, así como la carrera funcional. Nos interesa que sea de conocimiento público cuál será el plan de la actual administración para dar comienzo a la carrera administrativa de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes; ¿cómo se están realizando los ascensos de acuerdo al Reglamento del Funcionario que fuera avalado por el SUINAU? También nos preguntamos –entre otras cosas– si están en proceso los llamados de ascensos para los cargos de directores departamentales, supervisores y directores y coordinadores de proyectos.
Claro está que esto sería una de las tantas cosas que habría que implementar si el Estado quisiera colocar la centralidad en el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y más claro está que estamos lejos de concebir a ellos y ellas como sujetos históricos y políticos, capaces de conflictuar con los intereses instituidos de este mundo adultocéntrico.
Laura Cafaro es diputada suplente e integrante del secretariado ejecutivo del Partido por la Victoria del Pueblo, Frente Amplio.