Los últimos días de la administración Trump fueron de todo menos tranquilos. Cuando el mundo pensaba que tras el asalto al Capitolio ya no habría más sorpresas, el aún mandatario estadounidense dio un golpe de efecto que comprometerá la política exterior de Joe Biden. Tal como comunicó el secretario de Estado Mike Pompeo, la saliente administración declaró a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo.
Esta medida puede desencadenar sanciones que incluyen restricciones a la ayuda exterior de Estados Unidos; prohibición de las exportaciones y ventas de defensa; ciertos controles sobre las exportaciones de artículos; y diversas restricciones financieras y de otro tipo. Entre estas últimas destaca la imposibilidad, por parte de los países de la lista, de acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional.
Las razones esgrimidas por Pompeo para justificar esta medida, casi a punto de que Trump finalizara su mandato, son las siguientes. En primer lugar, la negativa de Cuba a extraditar a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. En segundo lugar, el hecho de que la isla se haya convertido en un refugio para fugitivos estadounidenses y terroristas internacionales. En tercer lugar, Pompeo mencionó la alianza de Cuba con Venezuela, país considerado por el gobierno de Trump como una influencia perniciosa para el continente. Además, ha acusado al régimen de haber brindado ayuda médica y material a terroristas mientras permitía que los ciudadanos cubanos vivieran en la pobreza.
Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han empeorado a medida que avanzaba el mandato del líder republicano. Si bien durante el inicio de su campaña electoral Trump no sólo reconoció el restablecimiento de las relaciones, sino que expresó su intención de lograr mejores acuerdos, al final de la contienda estableció una alianza con la extrema derecha anticubana para beneficiarse de su maquinaria electoral al sur de Florida.
Una vez en el poder, incrementó la persecución financiera y las sanciones a Cuba. Al final de la administración, la hostilidad se hizo aún más evidente y se adoptaron nuevas medidas coercitivas. Sin embargo, pese a las malas relaciones, muchos expertos coinciden en señalar que la decisión de incluir a Cuba dentro de los países patrocinadores del terrorismo es un tanto precipitada y parece obedecer a intereses domésticos.
Desde diferentes sectores se ha señalado la ausencia de una investigación previa e incluso la Unión Europea ha apuntado que la decisión de Estados Unidos no responde a ninguna información nueva. Trump se caracterizó por mostrar al final de su mandato una agresiva estrategia que combinó duras ofensivas para desprestigiar a sus rivales y acciones desestabilizadoras que complicaran el camino de la nueva administración.
Así, muchos ven en la decisión sobre Cuba una política de tierra arrasada que responde, como mínimo, a dos objetivos básicos. Primero, revertir las políticas de acercamiento adoptadas por Barack Obama, quien sacó a Cuba del grupo de estados patrocinadores del terrorismo en 2015 y reanudó las relaciones diplomáticas con la isla. Segundo, tratar de contentar a su electorado, en especial a toda la población con posiciones anticubanas en Miami, líderes en el exilio y dirigentes de organizaciones cubanas en Estados Unidos, que ven en la medida una correcta rectificación al “error de 2015”.
Biden ya ha anunciado que continuará la senda iniciada por Obama y levantará muchas de las medidas adoptadas por su antecesor, como la restricción de remesas, la prohibición de vuelos directos y el cierre del consulado.
Desde Cuba, el canciller, Bruno Rodríguez, condenó la medida de Trump y calificó de hipócrita y cínica la decisión de Estados Unidos. Asimismo, subrayó el oportunismo político de la medida. Meses atrás, el gobierno cubano ya había manifestado que su país no sólo no es cómplice del terrorismo, sino que puede considerarse una víctima. Se hacía referencia en este caso a los ataques recibidos en las últimas seis décadas por parte de grupos anticastristas con el apoyo de Estados Unidos.
En la misma línea, el representante permanente de Cuba en la Organización de las Naciones Unidas, Pedro Pedroso, manifestó el rechazo de su país al terrorismo y señaló que la medida responde a una campaña personal del secretario de Estado saliente y su desprestigiada política exterior. Asimismo, Cuba denunció la situación frente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Biden ya ha anunciado que continuará la senda iniciada por Obama y levantará muchas de las medidas adoptadas por su antecesor, tales como la restricción de remesas, la prohibición de vuelos directos y el cierre del consulado. Algunas de estas son sencillas de desactivar. Sin embargo, otras, como la inclusión de Cuba como país patrocinador de terrorismo, implican una mayor complejidad y puede llevar meses revertirlas. En concreto, será necesario que el Departamento de Estado haga una revisión formal del caso y demuestre que Cuba no ha estado vinculada con actos de terrorismo durante los últimos seis meses.
Se abre un año clave para ambos países. Por un lado, Estados Unidos enfrenta un contexto de alta polarización y ha puesto en marcha un cambio de 180 grados en numerosas esferas tanto de la política doméstica como exterior. Por su parte, en abril se celebrará en Cuba el VIII Congreso del Partido Comunista, en que Raúl Castro dejará el puesto de primer secretario. Además de asignar su relevo, el congreso servirá para fijar las líneas estratégicas que marcarán el devenir del pueblo cubano en los próximos años.
Melany Barragán es doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global y profesora de la Universidad de Valencia. Este artículo fue publicado originalmente en www.latinoamerica21.com.