En mi actividad profesional me ha tocado participar en algunas fusiones o adquisiciones de empresas, y no recuerdo haber visto jamás lo que se está observando como estrategia por parte de la empresa Ancap para vender parte de su negocio.
¿Es parte de la lógica de la política o de la política de los otarios?
Imaginemos por un instante a un empresario declarando en la prensa en forma reiterada que su empresa está fundida o quebrada, que pierde una decena de millones de dólares al año, que la participación en el mercado de sus productos es cada vez menor, que sus empleados son ineficientes y que por esa razón, está buscando un socio que se haga cargo del negocio para dejar de perder dinero. Cualquiera con un poco de sentido común sospecharía que está abriendo el paraguas y que va a dejar un “tendal” de cheques rebotados en plaza o que sería un llamado para todos sus acreedores.
Del mismo modo, imaginemos a un político recorriendo los medios de comunicación, declarando que cada vez tiene menos votos, que sus ideas son obsoletas y los resultados de su gestión son inexistentes. Simplemente pensaríamos que el político se volvió loco, pues nadie en su sano juicio cometería un “sincericidio” de esa naturaleza. Si hay algo que tienen en común muchos de los políticos y los empresarios es que siempre declaran que su actividad es más próspera y prometedora que lo que es en realidad.
¿Cuál es la necesidad de publicitar todos los días que Ancap va a llamar a licitación para buscar un distraído o un benefactor? ¿Cuál es el beneficio del Estado al destruir la reputación de un negocio casi centenario?
Pues bien, desde hace unos meses hay un político y vicepresidente de una empresa del Estado, que recorre casi a diario los medios de comunicación declarando que el negocio del cemento y la cal de Ancap es tan ruinoso como los de PDVSA. Y luego agrega que por esa razón se está buscando un socio para que se haga cargo de ambos negocios, así el Estado deja de perder diez millones de dólares al año.
Muchas preguntas en el aire: ¿cuál es la necesidad de publicitar todos los días que Ancap va a llamar a licitación para buscar un distraído o un benefactor? ¿Cuál es el beneficio del Estado al destruir la reputación de un negocio casi centenario? ¿De verdad queremos conseguir un socio para ese negocio o se lo queremos entregar al peor postor? ¿Quién se hará cargo del costo del daño de reputación de la empresa?
¿Cuál sería el objetivo de tan dañina estrategia? ¿Culpar a anteriores administraciones o directorios? ¿O es más una estrategia para “convencer y persuadir” a los ciudadanos de que esta privatización es justa y necesaria?
No atribuyo mala fe a nadie, pero de esta forma intento alertar que podemos recurrir, como en el pasado en sobrados ejemplos, a negocios que nos terminarán saliendo muy caros. Entiendo que tal vez lo lógico y razonable sería hacer un llamado a licitación y escuchar al mercado. Ahí veremos si el valor de la cementera Ancap es negativo o positivo. Capaz que ya es tarde y el daño está hecho, no lo sé. Apelo al profesionalismo y a que no pese lo político sobre la actuación profesional que la situación amerita, una vez más.
Martín Olivera es contador público.