En los últimos tiempos emergieron propuestas desde el sistema político y la sociedad civil organizada que hablan del momento político que vivimos: se corrieron los límites de lo posible y, de repente, “no está tan mal” reivindicar a los represores de la última dictadura cívico-militar que cometieron delitos de lesa humanidad y acumulan los antecedentes más crueles de nuestro sistema penal.
Dicen que la historia es cíclica. Avanza la extrema derecha. Hay discursos que demoraron cinco décadas en volver, pero –y no tímidamente– llegaron con intenciones de disputar la hegemonía. Alientan la polarización y carecen de argumentos, pero apelan a la emoción, el elemento más potente para la comunicación política. Lejos de obviar o ridiculizar a los movimientos de extrema derecha, hay que analizarlos en profundidad y considerarlos parte del mapa político instalado.
Hay cosas que para quienes formamos parte de generaciones criadas en democracia parecían impensadas. Hace 12 años, cuando se militaba el segundo intento fallido por anular la ley de caducidad, los posicionamientos políticos que hoy emergen sabían que no tenían lugar y, por eso, ni aparecían. Quienes no querían que se anulara la ley de caducidad eran pasivos en el discurso, no tenían representantes y menos aún tenían recepción para decir las cosas que hoy dicen. Pero evidentemente pasaron años en las gateras, analizando la jugada y formando sus cuadros.
Los tiempos cambiaron y el sistema político lo demuestra. Un partido de génesis militar llegó al Parlamento. Desde ahí, Cabildo Abierto propone un proyecto de ley para liberar a las personas mayores de 65 años de las cárceles.
En las cárceles uruguayas hay unas 180 personas privadas de libertad que tienen más de 65 años. Gran parte de esas personas están presas por delitos graves, como homicidios, femicidios, delitos sexuales y delitos de lesa humanidad.
Pero, estratégicamente, la propuesta de Cabildo Abierto recae únicamente sobre los represores que hoy están presos en cárceles y exceptúa a gran parte del resto de esta población, ya que quedan exentos de este beneficio quienes estén presos por violación y homicidio agravado, salvo en los casos en que haya transcurrido dos tercios de la pena máxima establecida para este delito.
Además, si bien en la letra se exceptúan los delitos de lesa humanidad contenidos en la Ley 18.026, de 2006, se consideran los “que se hubieran cometido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la referida ley”. Es decir, los delitos de lesa humanidad cometidos luego de 2006, siendo que la dictadura [y el poder de estas personas de provocar violencia desde el Estado] terminó en 1985.
Los represores presos en Domingo Arena que se beneficiarían del proyecto de Cabildo Abierto son unos 26 torturadores y violadores de los derechos humanos que están presos en la Unidad 8 Domingo Arena y en la sede de la Guardia Republicana, ambos lugares de privilegio.
Tal es el privilegio que tienen en el sistema carcelario que en los registros del Instituto Nacional de Rehabilitación, cuando se los nombra, se suele mantener su jerarquía militar junto a su nombre: “coronel”, “general”, “capitán”. Además, cuentan con un coronel con chofer y vehículo del Ministerio de Defensa Nacional que los visita a diario para atender sus necesidades. También reciben destacadas visitas con asiduamente. Uno de los visitantes es el senador Guido Manini Ríos, quien siendo comandante en jefe del Ejército solía compartir asados de fin de año con ellos.
No hay disimulo y es parte de la estrategia. Según Eduardo Lust, diputado de Cabildo Abierto, la propuesta de prisión domiciliaria a mayores de 65 años “está pensada” para los presos de Domingo Arena. El cabildante opinó que está bien que el partido “presente un proyecto de ley para beneficiar a sectores de la población [a los] que representa”. El ocultamiento lo dejan para la Justicia, porque sus intenciones no tienen ningún reparo en demostrarlas.
Entre las gestualidades que preocupan están las del presidente de la República Luis Lacalle Pou, que debería ser el máximo defensor de la democracia y las instituciones. Lacalle Pou dijo que, a priori, tiene “una visión positiva” sobre el proyecto de ley de prisión domiciliaria para torturadores. También se reunió con integrantes del Foro de Montevideo que piden la liberación de los represores. Pero el presidente no les dio esa posibilidad a los familiares que aún buscan a quienes los represores hicieron desaparecer: pésima señal.
El sistema político tiene la responsabilidad de velar por el respeto a la institucionalidad y de evitar un precedente peligroso para nuestra democracia. Eligieron que no haya verdad. Por lo menos, que haya Justicia.
Cabildo Abierto aprovechó la pandemia como excusa para presentar esta propuesta y para posicionar la defensa de los “derechos humanos” en las cárceles. En abril de 2020, en pleno crecimiento de la pandemia, entre otras propuestas, el comisionado parlamentario penitenciario sugirió la prisión domiciliaria para personas de alta vulnerabilidad, entre ellas, los mayores de 65 años. Esta iniciativa fue rechazada de plano, en particular por el Ministerio del Interior, que argumentó que esta población era responsable de delitos muy violentos y que “liberar al voleo” no era una política adecuada, según el exministro del Interior Jorge Larrañaga.
El comisionado parlamentario penitenciario, de hecho, rechazó el proyecto de Cabildo Abierto por varias razones, entre ellas: porque la “aplicación automática” de la prisión domiciliaria daría lugar a resultados “muy extraños e inquietantes”; porque está “mal fundamentada” y carece de una visión técnica; y porque autores de “delitos graves y con alto grado de reincidencia” podrían volver a sus domicilios.
Con un manejo estratégico del discurso, Cabildo Abierto también recurre a hablar de derechos humanos, cuando claramente esto no es una cuestión de derechos universales en las cárceles, sino de privilegio para los suyos.
Diez razones para rechazar la propuesta de prisión domiciliaria
- No hay razón sanitaria que justifique el pasaje de los represores a sus casas. El proyecto de Cabildo Abierto hace énfasis en la situación sanitaria asociada a la covid-19. Además de que la pandemia está controlada, en cárceles sólo murieron tres personas por esta causa desde el inicio de la pandemia. A su vez, los represores que están presos fueron los primeros mayores de 70 años en recibir la vacuna Pfizer dentro de las cárceles y su esquema de vacunación fue completado.
- El hacinamiento es otra excusa. En las cárceles hay más de 14.000 personas y el hacinamiento promedio trepa a 133%. Si la medida propuesta recae sobre los 26 represores, estamos hablando de 0,1% de la población carcelaria.
- Las condiciones de reclusión en Domingo Arena son las mejores del sistema carcelario. La Unidad 8 es una cárcel exclusiva, en la que sólo se aloja a los represores de la última dictadura. Tiene condiciones edilicias, habitacionales y de convivencia más que aptas. También las tienen los represores que están presos en la Guardia Republicana en espacios destinados y acondicionados especialmente para ellos.
- Sus condiciones para acceder al sistema de salud también son de privilegio. El prestador de salud de los represores es el Hospital Militar. Algunos tienen otros prestadores privados. Ninguno de ellos murió en la cárcel, con carencia de atención, como mueren muchas de las personas privadas de libertad que fallecen por problemas de salud. Con excepción de Alberto Gómez Graña, condenado por la muerte del militante Gerardo Alter, que murió mientras dormía en la sede de la Guardia Republicana, todos murieron en su prestador de salud o en sus casas.
- En las cárceles hay distintas poblaciones vulneradas, con dificultades reales de acceso a la salud. No se presentó ninguna iniciativa para estas personas; y de ser presentada, es probable que quienes hoy llevan adelante esta iniciativa estén en contra.
- Quienes hoy se basan en las recomendaciones internacionales que plantean cómo tratar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad en las cárceles son los mismos que suelen despreciarlas y descartarlas.
- También desprecian las iniciativas que implican medidas alternativas a la privación de libertad en general y son impulsores permanentes de propuestas que aumentan el encarcelamiento, sin importar las consecuencias. De hecho, los que impulsan esta medida están entre los responsables del importante aumento de mujeres en cárceles y en particular de mujeres con hijas e hijos a cargo. Pero a esas infancias no les preocupa encarcelarlas ni proponer medidas para reducir los impactos del encierro.
- Las medidas alternativas a la privación de libertad, como la prisión domiciliaria, no pueden aplicarse nunca masivamente ni de forma automática. Se debe analizar cada caso, midiendo los riesgos de seguridad y aplicando medidas específicas y coherentes diseñadas para cada situación.
- El Código del Proceso Penal prevé mecanismos para que las personas puedan acceder a solicitudes de prisión domiciliaria por edad, problemas de salud, circunstancias familiares o sociales. Se deben esgrimir razones y es la Justicia la que determina, caso a caso, si concede o no este beneficio. Pero para las conductas establecidas en la Ley 18.026, que define los delitos de lesa humanidad, es inaplicable este beneficio, dada la gravedad de los delitos.
- Por sobre todas las cosas, es importante tener claro que luego de décadas de impunidad, la Justicia actuó y hay que respetarla. Estas personas están presas por haber usado al Estado para cometer delitos gravísimos y tienen, de hecho, los prontuarios delictivos más violentos del sistema carcelario. El sistema político tiene la responsabilidad de velar por el respeto a la institucionalidad y de evitar un precedente peligroso para nuestra democracia. Eligieron que no haya verdad. Por lo menos, que haya Justicia, y que se la respete.